No corren buenos tiempos para los medios de comunicación. Cuando los periodistas ocupan los titulares de las portadas de los informativos, algo no marcha bien en la siempre muy difícil e incómoda relación entre políticos e informadores. Es sintomático que cuando se inicia la desescalada política, después de la torpe ofensiva de la derecha política contra el gobierno de Pedro Sánchez, la escalada periodística lleva camino de alcanzar sus más altas cotas. Cambio de director en el diario El País, relevo en la dirección de informativos de TVE, reiterados rumores sobre la sustitución de la portavoz del Gobierno, todo ello aderezado con el rifirrafe  sobre el caso Dina instruido por el magistrado García-Castellón, marcan los últimos peldaños de la escalada.

No parece normal que el cambio de dirección de El País sea leído en clave política, e interpretado como un fracaso de Pedro Sánchez en una supuesta operación para controlar el Consejo de Administración del grupo Prisa. Ni los accionistas lo admitirían, ni la Moncloa lo intentaría. Aquellos buenos tiempos de Zapatero, en los que cabía crear una cadena de televisión propia desde la misma secretaría de Estado de Comunicación, no beneficiaron entonces al PSOE, ni beneficiarían hoy al partido socialista. Una empresa de comunicación privada tiene siempre  sus propios fines que no pueden coincidir siempre con los políticos. Así pues, el grupo Prisa nunca ha sido un mero brazo periodístico del PSOE, tal como estiman los que no comprenden, ni parecen hoy querer comprender la inevitable autonomía  de una empresa periodística.

Tampoco se entiende porque de forma apresurada, un domingo por la tarde, se comunique desde la Moncloa el relevo del periodista Enric Hernández como director informativo de TVE y su sustitución por quien hasta ahora era su brazo derecho. Y menos aún que este anuncio se interprete como un cese, tras haber informado horas antes sobre  los movimientos del magistrado García- Castellón olvidando el cuadro crítico de ceses y dimisiones en Radio Nacional de España. Ni que decir tiene que TVE tiene derecho a efectuar los cambios que estime oportuno, y que de ejercer la crítica debería centrarse, sobre todo, en la inexistencia de un consejo de administración, que hace ahora mismo dos años fue designado por el parlamento, pero no fue votado por la obstrucción de un diputado filibustero del PSOE.

Sorprende que una muy eficaz portavoz del Gobierno, como lo es la señora Montero, protagonice hoy una rumorología sobre su presunta sustitución argumentando un desgaste que ningún observador contempla. Veremos como acaba estos dimes y diretes también ligados a sus respuestas a algunas de las preguntas periodísticas en las ruedas de prensa de la Moncloa. En cualquier hipótesis, la de nombrar o cesar una atribución que corresponde al presidente del Gobierno, nunca debería venir determinado por la hipotética presión de una tercera persona. Sea una cosa u otra, lo que no se acaba de entender bien es que también se produzca en plena operación verano cuando se ponga en circulación un rumor político a todas luces interesado.

La controversia  creciente sobre el magistrado García-Castellón  es todo un conocido clásico que continúa las precedentes polémicas que ya padecieron el juez Garzón en el caso Bárcenas, Ayala en el de los Eres, Gómez de Liaño en el sumario del Gal, Robles en el caso de Banca Catalana, Castro en el sumario Urdangarín, o Rodriguez Medel en el de Marlaska. Lo que sorprende es la virulencia, ya que ni siquiera hay todavía caso, ni parece fácil que lo  pueda haber, a juzgar por los datos publicados. Ni políticos ni periodistas deberían olvidar lo obvio. Que la crítica a un periodista no cuestiona la libertad de expresión, y tampoco la información periodística esconde un ataque político. En definitiva,  padecemos una herencia en el inconsciente colectivo; seguramente  ecos del contubernio de cuarenta años de franquismo.

Probablemente, la causa última de esta algarabía periodística reside en la debilidad creciente de  todos los partidos políticos y en la sustitución de los cuadros políticos por unos llamados expertos en comunicación que son realmente unos especialistas en  desinformación. Todo un problema para los partidos y también para los  mismos periodistas. Porque estos tecnócratas de la información necesitan de la contraposición permanente de quienes intervienen en política contra quienes informan sobre la política. Nunca tratan de mediar, sino todo lo contrario. Sin esa sociedad del espectáculo, como la denomina Guy Debord, no podría haber hoy ningún mercado para estos llamados expertos en comunicación.  La desinformación es su seña de identidad profesional.