El gobierno, la oposición y la Monarquía Constitucional tienen un grave problema político en la capital del Estado. Aprovechando la pandemia del coronavirus, la extrema derecha de Vox, junto con los sectores de la derecha extrema del Partido Popular, intentan que la Comunidad de Madrid entre en un proceso de rebelión contra las instituciones democráticas y la Corona. Desde un separatismo madrileñista se busca derribar al gobierno democrático de Pedro Sánchez, impedir que pueda consolidarse con una amplia mayoría, reorientar al Partido Popular, hoy sin dirección, y recalificar a la Monarquía constitucional con el prefijo preconstitucional. Estamos pues ante la rebelión de Madrid.

Columna vertebral de esta operación es lo que podríamos denominar como nacionalismo madrileño. Pese a que de todas las comunidades autónomas la de Madrid no reúne ninguna de las características que hoy definen a una nación– al ser la rompeolas de las Españas, en acertada descripción de Antonio Machado–, es evidente que un cierto madrileñismo constituye la cobertura ideológica de este movimiento político contra todas las instituciones. A la vista está. La Puerta del Sol aparece así al margen o contra el gobierno del Estado, mientras los gobiernos autonómicos de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Murcia están en manos de los sectores del centro derecha del PP. Todo ello invocando a una Corona y a una bandera anteriores a la Constitución de 1978.

El primer objetivo de este plan involucionista consiste en convertir Madrid en un búnker. Corre el rumor de que la fecha del 14 de febrero, elecciones catalanas, sea asimismo la elegida por los rebeldes  madrileños para abrir también unas urnas anticipadas en la capital. Así responderían con una posible mayoría madrileñista a la segura mayoría soberanista catalana. No existe ninguna alternativa mejor. Madrid y Cataluña frente a frente para obligar a las restantes comunidades a elegir entre una y otra. O sea, volver a la vieja letanía de la sedición catalana que necesitan para poder consolidar ahora la propia rebelión madrileña.

Una ofensiva que les permitiría tensar aún más las relaciones entre las instituciones democráticas. Separar a la Monarquía constitucional de las fuerzas constitucionales, enfrentar al Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, alejar a la izquierda de las derechas democráticas, los sectores del Partido Popular y Ciudadanos, y por último, impedir que los Presupuestos del Estado puedan ser aprobados con una mayoría amplia. Esta es la estrategia de los rebeldes de Madrid. En una palabra, sumar apoyos sociales a la alianza Vox y PP madrileño para debilitar al resto del PP,  y, por supuesto, al gobierno de Pedro Sánchez, quebrando todo acuerdo transversal entre la derecha y la izquierda.

Pieza esencial en este movimiento es la necesidad de que la izquierda entre al trapo rojo y embista contra las instituciones que no controla hoy, en vez de luchar junto a los restantes partidos o los sectores constitucionales del PP para mañana desbloquearlas.. Necesitan, sobre todo, que el Gobierno de Sánchez se enroque doblemente en una dialéctica de derecha e izquierda, tan beneficiosa para sus propios fines involucionistas. El mejor ejemplo de lo que persiguen lo protagoniza ahora Esquerra de Catalunya que puede no volver a apoyar los Presupuestos del Estado, como hizo en enero de 2019, a la vez que cuestiona la forma y el modelo de Estado. En definitiva, una buena lección de cómo no hay que actuar en política.

Igualmente es decisivo que el Partido Popular, que no está en la operación involucionista, rompa con su mutismo e intervenga ya en Génova dándole el finiquito a un Pablo Casado que asiste impasible a la coronación de Ayuso pensando que será reina por un día. Un partido de Estado como el Partido Popular está obligado a enfrentarse a esta rebelión madrileña si quiere volver a ser alternativa de gobierno. Tras el caos posterior a la caída de Rajoy afronta el desastre de su sucesión que lo coloca a los pies de los caballos de Santiago y cierra España de Vox.  Mal está que lo pague hoy el propio Partido Popular y la Comunidad de Madrid, peor sería que la totalidad de la factura la asumieran las restantes comunidades, el gobierno de Sánchez, las instituciones democráticas y la Monarquía Constitucional.