El desconcierto

La reacción de Aragonès ante Pegasus desvelado por Público en 2017

Aragonès se reúne en el Congreso con los partidos que denuncian el espionaje.- Jesús Hellín / Europa Press

Cinco años ha tardado Aragonès en darse por enterado de la operación de espionaje Pegasus, desvelada por Público en 2017, en una exclusiva firmada por Carlos Enrique Bayo. Es justo ahora, al publicarse la noticia en una revista estadounidense y sacar un editorial condenatorio un diario gubernamental de Washington, cuando el Molt Honorable President reacciona como el policía del Café Rick de Casablanca al descubrir que se juega a la vez que se embolsa los réditos del juego. Bienvenido sea a la defensa del Estado de Derecho quien antes lo violó al tratar de imponer el derecho de autodeterminación en contra de la legalidad vigente, porque ayer en la comunidad catalana nunca se respetó la Constitución, después de fracasar el plan independentista, justo lo contrario que hizo en su día el lehendakari Ibarretxe.

Pero no hay que engañarse. Los aspavientos de Aragonès obedecen mucho más a criterios oportunistas que legales. Ocurre que hoy le viene como anillo al dedo la vieja noticia para presionar al gobierno progresista de Pedro Sánchez, al que estima bastante debilitado tanto por sus contradicciones externas como internas. Así, la airada amenaza de retirar ya el apoyo de ERC a los proyectos legislativos de la Moncloa, pese  a que no se la creen ni ellos mismos, anima a todos los partidarios del choque de trenes entre Madrid y Barcelona, bastante decaídos últimamente, a la vez que deja sin ningún argumento al fuego amigo de Carles Puigdemont. De este modo, el desgastado estereotipo "España nos roba" es sustituido por el clisé "España nos espía".

Mientras el Gobierno explica lo sucedido en el marco legal vigente que le corresponde, conviene señalar que el azar le ha jugado una mala partida al señor Aragonès, al depender el CNI, objeto de sus improperios políticos, de la señora Robles, titular de Defensa. No hay quien crea, sea del partido que sea, que quien llevó a  la prisión a ministros, generales de la Guardia Civil, comisarios de Policía Nacional y varios secretarios de Estado por participar o encubrir el GAL a finales del siglo XX, se haya dedicado, a comienzos del XXI, a  intentar tapar operaciones de espionaje como las que denuncia hoy el pequeño Bolívar de Cataluña. Por razones que no vienen al caso, desde el Ministerio del Interior fui testigo de cómo la señora Robles se enfrentó a Rubalcaba que exigía no investigar a los responsables de estos desafueros.

Cuando la ministra de Defensa afirma que el Gobierno actuó siempre en el marco de la legalidad, dice verdad. Y es que mientras la ley del 6 de mayo de 2002 siga en vigor, otorga plena cobertura legal a todas las actuaciones del CNI, autorizadas siempre, claro está, por un juez especial, el magistrado de la sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo. Cuestión aparte es que esta ley pudiera ofrecer algunos resquicios, no pocas  brechas o ambigüedades susceptibles de poder ser instrumentalizadas torticeramente. De darse estas irregularidades, cuando se pueda desbloquear la Comisión de Secretos Oficiales, compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios, debería proponer los cambios legislativos pertinentes para mejorarla, que pasan por acentuar el control judicial de los servicios de inteligencia del Estado.

La retórica ingenua, cínica o demagoga sobre el espionaje Pegasus no tiene mucho recorrido, dado que ERC no puede llevar a cabo su amenaza. Ni su presión va a conseguir que Sánchez le conceda lo que ningún otro presidente constitucional puede concederle, ya que la Constitución se lo impide; ni ningún otro partido de los que le acompañan en la denuncia está dispuesto a jugar a la ruleta rusa con el año y medio que resta de legislatura. El  infantilismo de ERC, todo un lastre político desde el comienzo de esta legislatura, es un complicado incordio incómodo para Sánchez, pero nada más. Todos los restantes socios del Gobierno progresista tienen la madurez suficiente para entender que no es lo mismo reformar el CNI, en caso de que fuese necesario, que inutilizarlo para que el Estado español no cuente con servicios de información análogos a los de toda la Unión Europea. Máxime cuando la actual lucha por los mercados de las grandes potencias es nuestro horizonte geopolítico.