¿Alguien se atreve a cuestionar el sacrosanto principio de la competitividad? Resulta tan coherente y evidente, tan necesario en una situación de emergencia como la actual que parece haber generado un amplio, casi abrumador, consenso. Se trata, en definitiva, de encontrar en el mercado exterior una salida para nuestros bienes y servicios. Ganan las empresas exportadoras y se dinamiza la inversión, aumentan el empleo y los salarios, los desequilibrios comerciales se reducen y acuden de nuevo los capitales foráneos (ver diagrama). Estos efectos positivos, que se derraman sobre el conjunto de la actividad económica, compensan el esfuerzo de contención salarial que se pide a los trabajadores para alcanzar el referido objetivo competitivo, generando un juego de suma positiva, donde, finalmente, todos ganan.

Ante razonamiento tan aparentemente granítico sólo se alzan las voces disonantes de la extrema izquierda y los anti-sistema. ¿Y qué ocurre si el disidente es un economista, o, peor todavía, un profesor de economía, y si este profesor enseña en una Facultad de Económicas? En ese caso, semejante espécimen debe ser inmediatamente aislado y expulsado de la profesión, sin contemplaciones, por ignorante. Pese a ese "medio ambiente" intelectualmente tan desfavorable, incluso tan hostil, a la reflexión, conviene reparar en los fundamentos y en la viabilidad de las "lógicas competitivas". Aquí y ahora solo presentaré, con trazo grueso y de manera resumida, tres de los asuntos que, en mi opinión, deberían impregnar un enfoque crítico.

En primer lugar, la información proporcionada (en buena medida, extramuros de la economía) revela de manera contundente que se han superado con mucho todas las líneas rojas. Los actuales modelos económicos, basados en la utilización de recursos limitados y en la degradación de los ecosistemas, resultan manifiestamente insostenibles. Avanzar en la misma dirección no sólo agrava esta situación sino que, además, la lleva a un punto difícilmente reversible. El objetivo de la competitividad, en sus diferentes variantes, da por buena la iconografía del crecimiento, sin considerar (la economía convencional) o considerando de manera insuficiente (la economía crítica) la problemática asociada a los límites físicos del crecimiento y las externalidades negativas del mismo. Es un imperativo diseñar y ejecutar un plan de estratégico, un verdadero plan de emergencia encaminado a restablecer los equilibrios sistémicos, promover formas de producción, distribución y consumo y maneras de vivir sostenibles; al mismo tiempo, el desempleo masivo y la imparable fractura social obligan a la implementación de una "terapia de choque". Combinar ambos planos, este es el desafío al que se enfrenta una nueva política económica. Un desafío que exige superar la dicotomía entre lo urgente (salir de la crisis) y lo necesario (implementar reformas estructurales como las que conciernen con el medio ambiente), pues lo necesario también es urgente.

En segundo lugar, la crisis económica está suponiendo una profunda y puede que irreversible degradación de la democracia: políticas económicas impuestas a los gobiernos por instituciones sin legitimidad democrática, gobiernos que aplican políticas sustancialmente distintas de las que presentaron en las elecciones, derechos humanos conculcados como el de la vivienda y la salud pública, trabajadores indefensos ante reformas laborales que están pervirtiendo y debilitando la negociación colectiva, y un largo etcetera que pone de manifiesto el secuestro de soberanía a la ciudadanía por parte de las élites políticas y las oligarquías económicas. Pues bien, las dinámicas internacionalizadoras desnivelan todavía más el terreno de juego en favor de los poderosos, consolidando la posición prominente de las grandes corporaciones productivas, comerciales y financieras, pues son estos jugadores los que articulan el mercado global. Mercados donde los controles públicos se diluyen o se rebajan ante el poder creciente de los lobbies, o simplemente se ponen a su servicio.

En tercer lugar, las exigencias competitivas, la existencia de competidores globales, los bajos salarios percibidos por los trabajadores de los capitalismos periféricos, las deslocalizaciones o la amenaza de llevarlas a cabo... todos estos factores se invocan continuamente por las empresas para disciplinar a los asalariados, para reducir los retribuciones, para prolongar la jornada laboral o para renunciar al ejercicio de los derechos sindicales o ciudadanos. La globalización de los mercados siginifica competencia entre países y entre empresas, así como entre las subsidiarias y las plantas de una misma corporación transnacional. Pero, al mismo tiempo, también significa competencia entre los salarios y los asalariados, siendo asimismo objeto de transacción, a la baja, los derechos laborales. Y todo ello se produce en un espacio globalizado de baja densidad institucional que favorece con claridad los intereses del capital frente al trabajo. Un contexto caracterizado por la presión sistémica y sistemática sobre los salarios, que, por lo demás, ofrece poco recorrido para la creación de empleo, pues el motor del crecimiento reside, básicamente, en la obtención de mejoras en la productividad del trabajo.