Fernando Luengo

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid,  miembro de econoNuestra y  del Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid

Blog: Otra Economía (https://fernandoluengo.wordpress.com/)

Adivinanza.

¿Cuántas veces aparece la palabra DESIGUALDAD en el discurso de David Lipton, alto cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI), pronunciado el 8 de marzo: "Policy Imperatives for Boosting Growth and Prosperity".

Contestación: ninguna

Este discurso pretende aportar una reflexión, supongo que novedosa (cabe suponer que no quería repetir el mantra de siempre) sobre cómo superar la década perdida (tampoco utiliza esta frase) que amenaza con prolongarse en el tiempo. Este responsable del FMI intenta dar cuenta de los nuevos desafíos que enfrenta la economía mundial. Pero no ha considerado pertinente, ni interesante, poner sobre la mesa el representado por el continuo aumento de la inequidad.

¿Por qué razón? ¿Acaso considera que no tiene la misma entidad que las perturbaciones monetarias, financieras y presupuestarias? ¿o, peor aún, que la desigualdad en realidad no es un problema a tener en cuenta para salir de la crisis, que se podría superar sin más equidad? ¿o, mucho peor todavía, cabe pensar que este tipo de personajes, tan generosamente retribuidos, que disfrutan de unos privilegios que la mayoría de la ciudadanía ni siquiera alcanza a imaginar, simplemente no divisan en su horizonte personal y profesional la desigualdad? De todo un poco, seguramente.

Siguiendo la argumentación planteada en la conferencia parecería que el quid de la cuestión reside en la eficacia de las políticas monetarias o en la conveniencia de combinarlas (hacer un mix) con las presupuestarias, todo ello con el objetivo de reactivar la demanda. ¿Y las políticas de equidad? Desaparecidas, o, como mucho, percibidas como una derivada inexorable de las referidas políticas monetarias y presupuestarias.

Ni omitidas, ni subordinadas, es necesario dar a las políticas de equidad la centralidad que merecen. Hay que restablecer la negociación colectiva (y derogar las reformas laborales que la han pervertido y contaminado) y apostar decididamente por la creación de empleo decente, empezando por el generado en las administraciones públicas. También es necesario que aumenten los salarios de los trabajadores (no los de las elites), que no han dejado de perder capacidad adquisitiva durante los años de crisis.

Y más. Es imprescindible meter progresividad al sistema tributario (cada vez más regresivo), pero de verdad, apuntando a los ricos y a las grandes fortunas. Hay que atacar con decisión, con medios materiales y humanos suficientes, los paraísos fiscales y las enormes bolsas de fraude, y luchar contra la corrupción pública y privada, lastre insoportable sobre los presupuestos de los gobiernos. Y también urge tomar medidas sobre las retribuciones –desorbitadas, injustificadas- de los directivos y ejecutivos de las grandes empresas. Poner límites a las mismas, con una estricta regulación sobre la gestión corporativa.

Todo lo anterior no sólo contribuiría a dinamizar la actividad económica. También ayudaría a superar la amenaza deflacionaria (realidad ya en muchos países) y a crear las condiciones para una mejor coordinación de las políticas macroeconómicas, dando un protagonismo mayor a los salarios en la configuración de la demanda agregada. Permitiría, asimismo, abordar las políticas de oferta desde otro enfoque, muy distinto del aplicado hasta el momento (consistente en presionar los salarios a la baja). Este otro enfoque abriría las puertas a otras posibilidades de mejora de la productividad.

Pero lo más importante no es, en mi opinión, nada de lo anterior. Lo verdaderamente decisivo es salir del cerco y de la miseria intelectual donde ahora está situado el debate de las diferentes opciones de política económica. Hay que meter a la gente en esas opciones, sobre todo a los más desfavorecidos y a los que tienen menos oportunidades. Por decencia, porque necesitamos recuperar el verdadero significado de la palabra democracia, y porque, finalmente, poner la reducción de la desigualdad en el centro de las políticas de los gobiernos mejora el funcionamiento de la economía y la hace más eficiente.