Fernando Luengo
Economista
Twitter: @fluengoe
Blog Otra Economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

Está a punto de arrancar una legislatura con un gobierno de coalición formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Un hecho insólito en la historia reciente de nuestro país; gobierno compartido y dos partidos de izquierda al frente del mismo. El programa negociado entre ambos partidos anuncia un amplio paquete de reformas, con desigual nivel de concreción y detalle, que, de aplicarse, mejorará la vida de las clases populares. Además, los ministros de UP tienen un peso relevante en las carteras ministeriales de mayor contenido social

Las derechas representadas por el Partido Popular y Ciudadanos, situadas en coordenadas cada vez más extremas, en el mismo espacio político que VOX, al grito de todas a una, han librado una batalla durísima, para bloquear la investidura de Pedro Sánchez y la formación del gobierno de coalición. Broncas tumultuosas, descalificaciones, insultos, amenazas, ausencias en el pleno cuando tenían la palabra los parlamentarios de EH Bildu, utilización obscena de las instituciones del Estado... todo valía al servicio de ese objetivo, que, finalmente, no han alcanzado. Afortunadamente, porque la alternativa al gobierno de coalición era uno monocolor del PSOE, con el apoyo (la soga al cuello) de las derechas. Fracaso relativo porque, a fuerza de repetirlo una y otra vez, han dejado el mensaje de que el nuevo gobierno carece de legitimidad y abre un escenario de fractura del estado español. Este mensaje, cargado de odio, será nuclear en la acción política de las derechas a lo largo de los próximos años y podría calar en una parte de la población desorientada y desinformada.

Pero el bochorno y el miserable espectáculo de las derechas durante la investidura tan sólo es un anticipo de lo que nos va a deparar esta legislatura. Con el mismo guion utilizado estos días -la defensa de la patria y la unidad nacional y la claudicación ante los nacionalismos separatistas y la izquierda radical-, intentarán incendiar el parlamento, envilecerlo, llevar al gobierno a la confrontación permanente, buscando su paralización. Y también intentarán ocupar las calles.

Pero las presiones más intensas y las que posiblemente tendrán más recorrido serán las que procedan de espacios que cuentan con menos visibilidad que el Parlamento, y por supuesto carecen de su legitimidad, y que están muy bien organizados: los grandes patrimonios fortunas, las corporaciones nacionales e internacionales, los poderes mediáticos, la jerarquía de la iglesia católica, las instituciones comunitarias, las organizaciones monetarias y financieras internacionales, las patronales y  los principales "think tank", donde se atrinchera el pensamiento más convencional y conservador.

Quienes forman parte de estos espacios se conocen y se reconocen, conforman un entramado de relaciones y de intereses compartidos: la defensa del actual orden de cosas. El arsenal de acciones para presionar que tienen en la mochila es amplio y variado: declaraciones y pronunciamientos públicos advirtiendo de las consecuencias derivadas de la aplicación de ciertas políticas económicas y sociales, reuniones formales e informales con responsables políticos para imponer la agenda, operaciones financieras hostiles, amenaza y estímulo de fuga de capitales y de deslocalizaciones...

Y lo utilizarán, porque las oligarquías no quieren ceder ni medio milímetro en sus privilegios. No se trata sólo de economía, que también (una moderada redistribución de la renta y la riqueza en beneficio de los de abajo; eso es lo que representa el gobierno de coalición). La clave reside en el poder, que hasta ahora han acaparado las elites, tanto con gobiernos conservadores como socialdemócratas; un gobierno de izquierdas, en uno de los países más importantes de la Unión Europea, que amenace y debilite ese poder sería un peligroso precedente que podría contribuir a una alteración sustancial en la relación de fuerzas en el continente.

En la lectura de la declaración programática que sostiene al gobierno de coalición y que determinará sus políticas, se puede encontrar la voluntad de corregir, al menos en parte, las sangrantes desigualdades provocadas por la gestión conservadora de la crisis. Pero, al mismo tiempo, hay tibieza y falta de concreción a la hora de definir objetivos que también parecían fundamentales -por ejemplo, en los ámbitos laboral y de vivienda-, así como sometimiento a los designios de Bruselas en materia presupuestaria; por no hablar de propuestas que estaban en la hoja de ruta de UP, relacionadas con la propiedad pública, que, simplemente, están completamente ausentes en el programa de gobierno. Todo ello, en un escenario de desaceleración e inestabilidad económica global y de intensificación de las presiones a las que antes aludía, dará lugar a tensiones que podrían desdibujar y desactivar el perfil social del gobierno, lo que, sin duda alguna, además de ser costoso para los más desfavorecidos, tendría un alto coste para UP.

Más allá de los entresijos internos del nuevo gobierno, que se avance más o menos o que se retroceda dependerá, finalmente, de la lucha de la ciudadanía, que, como es evidente, en los últimos años ha sido insuficiente para revertir las privatizaciones y las políticas de ajuste presupuestario y salarial. Sin esa presión, el margen de maniobra del equipo liderado por Pablo Iglesias se reducirá y el "alma conservadora" del PSOE terminará por imponerse. Me preocupa, en este sentido, que la acción política de UP quede reducida a la acción institucional, que las capacidades del partido se orienten en esa dirección, desatendiendo las necesidades de los movimientos sociales o que éstos sean utilizados como simples correas de transmisión del trabajo realizado en las instituciones, especialmente en el gobierno de la nación.

En resumen, nos enfrentamos a un escenario decididamente hostil al que no queda otra que oponer compromiso y movilización. Necesitamos un partido fuerte y una ciudadanía politizada para enfrentar y vencer las resistencias de los poderosos y para garantizar que la política económica y social aplicada por el gobierno beneficia a las mayorías sociales.