Economista
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529.912 euros ha sido la retribución de Jordi Sevilla, presidente dimitido de Red Eléctrica Española, una empresa con participación del Estado, procedente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esta es la retribución que han hecho pública los medios de comunicación, porque la que realmente recibe (bonus, stock options, fondo de pensión y, en general, los privilegios asociados a su cargo) será, con toda seguridad, muy superior.

Este personaje fue ministro de Administraciones Públicas en el gobierno liderado por José Luis Zapatero y coordinó el programa económico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por encargo del actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Y ya sé que este dato no significa nada a estas alturas, pero, según parece, hasta la fecha continúa siendo militante del PSOE.

Un caso más, y no van pocos, de altos cargos socialistas que, con infinito desparpajo y caradura, se reciclan al mundo empresarial, público y privado, con sueldos multimillonarios; Felipe González (Gas Natural), Trinidad Jiménez (Telefónica), Miguel Sebastian (Indra) Elena Salgado (Nueva Pescanova), Josep Borrell (Abengoa), Oscar Fanjul (Acerinox), Cristina Garmendía (Gas Natural), María Ángeles Amador (Red Eléctrica Española), Javier Gómez Navarro (Técnicas Reunidas), Javier de Paz (Telefónica)... y muchos otros, ocupando puestos de responsabilidad a diferentes niveles en grandes corporaciones. Las cúpulas del PSOE, las de antes y las de ahora, comparten cultura política con el Partido Popular, donde también encontramos una lista interminable de dirigentes y cuadros altos del partido que han aterrizado en las empresas.

El "capital humano" que les aportan es un tesoro de incalculable valor: contactos e influencias y acceso privilegiado a la información que abren las puertas a formidables negocios. No es necesariamente corrupción, aunque esta aparece con frecuencia. Es mucho más que eso, se trata de una red de intereses y redes oligárquicos que resuelven, en territorios opacos, sobre cantidades enormes de recursos públicos y privados, que finalmente se apropian las elites. Las puertas giratorias son una realidad asumida y bendecida sobre la que no se hace nada de nada.

Me escandaliza y me llenan de indignación las retribuciones de estos políticos-empresarios, del mismo modo que me parece inaceptable el dinero que reciben los principales ejecutivos de las corporaciones, que supera cientos de veces el salario promedio de sus trabajadores. No se lo merecen, no es el resultado de su buena labor, sino el producto de privilegios que sólo están al alcance de una minoría, que hace y deshace a su gusto, sin control y, por supuesto, sin transparencia. Un mundo que habitan los poderosos, los mismos que se llevan las manos a la cabeza, anunciando todo tipo de calamidades, cuando se plantea subir el salario mínimo, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones o aumentar el gasto social hasta homologarlo a los estándares comunitarios.

Es necesario, por decencia y para que la economía funcione bien, limitar estas escandalosas retribuciones, tanto en las empresas de titularidad o participación pública como en las privadas que reciban dinero público o contraten con las administraciones del Estado. Urge, asimismo, regular con severidad el tránsito, que se ha convertido en un cómodo reciclaje, desde las responsabilidades políticas a los consejos de administración o grupos de presión de las empresas. Y lo más importante, es imprescindible trasladar este debate a la ciudadanía.