Fernando Luengo, economista
Blog "Otra economía": https://fernandoluengo.wordpress.com
@fluengoe

Muy bien el objetivo de crear 800000 puestos de trabajo. Hay que poner el empleo en el centro mismo de una política económica de izquierdas; siempre, y ahora con más razón todavía. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo se situaba en el segundo trimestre de 2020 en el 15,3% (el desempleo real, que incluye a las personas que no figuran en las estadísticas oficiales y los infraempleados, es mucho más elevado).

Frente a los escenarios más optimistas diseñados al comienzo de la pandemia, que contemplaban una pronta recuperación, las previsiones más recientes realizadas por los organismos e instituciones especializados se inclinan por un panorama mucho más sombrío, caracterizado por una crisis prolongada y, en el mejor de los casos, por un lento e inestable crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), donde el desempleo superaría con creces los niveles actuales.

Pero, en mi opinión, siendo importante la generación de empleo, la cuestión fundamental para un gobierno comprometido con el bienestar de la ciudadanía, no es sólo ni tanto la cantidad de puestos de trabajo, sino su calidad y sostenibilidad.

El gobierno de Rajoy, en su última etapa, cuando el PIB de nuestra economía se movía en territorio positivo y crecía por encima del promedio comunitario (el 2,7% entre 2014 y 2018, frente al 2,1% del conjunto de la Unión Europea, UE), presentaba como uno de sus principales logros, quizá el más importante, la gran cantidad de puestos de trabajo generados, notablemente superior a la cifra que ahora compromete el gobierno de coalición para el próximo trienio... y era verdad. En efecto, en esos años el volumen de empleo neto aumentó en casi dos millones de personas, lo que, en términos porcentuales, se tradujo en un 11%, el mayor de toda la UE. La tasa de desempleo se redujo en nueve puntos porcentuales hasta situarse en un 15,6%.

El problema residía en que esos empleos estaban asociados a un crecimiento inestable, que ya estaba dando muestras de debilidad, y, lo más importante, en su mayor parte eran precarios, temporales, a tiempo parcial y de bajos salarios. Los contratos a tiempo parcial y temporales alcanzaban en 2018 el 40% de la ocupación total, mientras que la capacidad adquisitiva de los trabajadores -medida por la compensación real por empleado, deflactada por el índice de precios al consumo- retrocedió entre 2014 y 2018 un 1,4%.

Por esa razón, el gran desafío de este gobierno consiste en que los empleos sean al mismo tiempo suficientes y decentes. Esto quiere decir que garanticen derechos, permitan una vida digna y que se inscriban en una lógica de sostenibilidad. Para avanzar en esta dirección, que no será nada fácil en las condiciones actuales, será necesario, por supuesto, movilizar una cantidad sustancial de recursos públicos y contar con el respaldo financiero de las instituciones comunitarias, todo ello materializado en unos Presupuestos Generales del Estado de emergencia.

La tibieza con que el gobierno presidido por Pedro Sánchez aborda una reforma fiscal hacia una mayor progresividad, reforma que simplemente no admite demoras, y las lagunas e incógnitas que subyacen en lo que concierne al apoyo comunitario (ver a este respecto Lluvia de millones de Europa) matizan mucho la autocomplaciente presentación de Pedro Sánchez del nuevo presupuesto, que debería ser la piedra angular para superar la crisis y cambiar la economía. En todo caso, es claro que el presupuesto que está en curso de aprobación -que las derechas intentan tumbar por todos los medios para de esta manera llevarse por delante al gobierno de coalición en su actual configuración- supone un cambio sustancial en la dinámica austeritaria de los últimos años.

Pero la calidad del empleo, a la que antes hacía referencia y que debería ser la apuesta fundamental de este gobierno, dependerá, además del volumen de financiación movilizada, de los programas y los actores que canalicen y gestionen los recursos, de que los derechos laborales y ciudadanos de los trabajadores estén plenamente garantizados y de la voluntad política del gobierno en materia social. Desde esta perspectiva, será fundamental que el gobierno exija a los receptores del dinero público limitar las retribuciones de los altos ejecutivos y posponer el pago de dividendos a los accionistas, garantizar la negociación colectiva, prohibir la realización de horas extraordinarias, mantener el empleo y los salarios, asegurar la igualdad de género y presentar de un plan detallado, con plazos concretos para su cumplimiento, en materia de protección medioambiental. Es decisivo, asimismo, que el gobierno cumpla con su compromiso de derogar completamente las reformas laborales de 2010 y 2012 y promueva una nueva regulación que facilite la creación de empleo con derechos. Por último, considero imprescindible el lanzamiento de una Renta Básica Universal de Emergencia, en lugar del fracasado Ingreso Mínimo Vital, que, además de poner un eficaz suelo al empobrecimiento de la ciudadanía, empodera a los trabajadores, que ya no estarían obligados a aceptar cualquier empleo para sobrevivir, y crea las condiciones para promover la redistribución de la fuerza de trabajo asociada a la inevitable reestructuración empresarial, exigida por la crisis y por la puesta en pie de una nueva economía.