La crisis económica, social e institucional que estalló con la irrupción de la pandemia no es sólo el resultado del avance de la enfermedad, ni la inevitable consecuencia de las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos. Por supuesto, estos factores han sido decisivos a la hora de explicar el desplome del Producto Interior Bruto (PIB), del consumo, de la inversión y de los flujos transfronterizos. Pero cualquier análisis se queda cojo si prescinde de la dimensión estructural de la crisis, que también ayuda a entender el verdadero alcance de la covid-19 y de otros virus globales.

La causa de fondo de esta crisis está en el modelo de economía hiper productivista y globalizado, que no conoce otra religión que el continuo aumento del PIB, al precio que sea, presionando a la baja los salarios y creando empleo de pésima calidad, colonizando el sector público para ponerlo al servicio de los capitales privados, dilapidando y destruyendo recursos naturales y ecosistemas necesarios para la vida, y provocando un formidable cambio climático.

Si realmente queremos que la crisis abra una ventana de oportunidad para abordar los problemas de fondo de la economía y la sociedad no debemos perder de vista este diagnóstico, del que hay que extraer las oportunas lecciones. Una de ellas, puede que la más importante, es el decisivo papel que ha pasado a ocupar el sector público, tanto para enfrentar la enfermedad y las consecuencias más devastadoras de la misma, como para intervenir en la economía para superar la crisis.

Pero no saquemos la conclusión equivocada de que los mercados y los actores que operan en ellos y que determinan su configuración reconocen la superioridad de lo público, y que de esta manera se ha abierto camino un nuevo consenso que arrincona el paradigma neoliberal. No confundamos los deseos con la realidad.

Por supuesto, la crisis que estamos padeciendo (un@s más que otr@s, los efectos del virus no son nada democráticos, y tampoco lo son las políticas aplicadas por gobiernos e instituciones) y que estamos muy lejos de haber superado ha puesto de manifiesto las debilidades y contradicciones derivadas del funcionamiento de las cadenas globales de creación de valor, la ausencia de instituciones con capacidad y voluntad de afrontar los grandes desafíos que por su naturaleza son globales, la intensificación de las desigualdades entre países, territorios y grupos sociales, y la inconsistencia del mito de la competencia y de la globalización como motores esenciales del engranaje económico.

Pero seamos prudentes. De todo ello no cabe deducir que estamos ante el ocaso del neoliberalismo y mucho menos que se ha abierto un escenario postcapitalista. Esta era precisamente la ventana de oportunidad a la que antes me refería, y que está siendo eso, una oportunidad que están aprovechando sobre todo las elites económicas y políticas.

Estamos asistiendo a una profunda reestructuración del capitalismo europeo y global. Reestructuración que, básicamente, se articula en torno a la disputa por la enorme cantidad de recursos movilizados por los gobiernos y las instituciones comunitarias, la apertura de nuevos espacios de negocio en torno a los ejes "verde y digital", verdaderos estandartes de los fondos de recuperación europeos, la pugna competitiva a escala global que tiene como principales actores a China y Estados Unidos, donde Europa, consciente de que es un actor menor, pretende hacerse con un espacio, y el acceso a unos recursos básicos (petróleo, minerales, materiales...), imprescindibles para la modernización de las economías, cada vez más escasos.

En este contexto, hay que tener en cuenta que los pilares básicos del capitalismo, que lo definen como sistema, no sólo lo que conocemos como neoliberalismo, se mantienen e incluso se refuerzan: el triángulo crecimiento/productividad/competitividad, el predominio de las lógicas extractivas, la competencia entre los trabajadores y la internacionalización de los procesos productivos, comerciales y financieros.

Y en el centro de todo está el poder corporativo. La concentración empresarial ha conocido una intensificación desde que irrumpió la pandemia y los intereses de los grandes grupos están en el centro del reparto de los recursos públicos. La crisis no ha debilitado su poder ni su influencia; diría que, al contrario, son más fuertes que nunca.

Los tímidos intentos de fiscalizar las operaciones de los grupos transnacionales no suponen una merma sustancial de su privilegiada posición. Sólo la introducción de una tributación fuertemente progresiva (línea roja que no se han atrevido a pasar ni las instituciones comunitarias ni los gobiernos), la fijación de un techo a las retribuciones de los ejecutivos y principales accionistas, la introducción, como contrapartida a la recepción de ayudas públicas, de una fuerte condicionalidad en materia salarial, social, ecológica y de género, y una decidida apuesta por la propiedad pública y comunitaria en el ámbito social y en sectores estratégicos de la economía (como la energía, la vivienda y las finanzas) cambiaría la relación de fuerzas en beneficio de las clases populares.

Pero nada de esto se encuentra en la agenda de gobiernos e instituciones.

Fernando Luengo Escalonilla
Economista
@Fluengoe
https://fernandoluengo.wordpress.com