Una valoración de la reforma laboral en clave política

[caption id="attachment_1637" align="alignnone" width="1920"] La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz hace declaraciones a los medios durante el acto de presentación del proyecto turístico 'Baleares es futuro: el nuevo turismo que liderará la postpandemia' celebrado este lunes en el Museo Reina Sofía de Madrid.- EFE / Emilio Naranjo[/caption] El reciente acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores de proceder a reformar el marco de relaciones laborales es un hecho político de gran relevancia que dejará una huella profunda en la legislatura. El consenso alcanzado con los actores sociales que han estado representados en la negociación -hay que precisar que una parte de las organizaciones empresariales no han sido convocadas a la mesa de diálogo y que sólo se ha contado con los sindicatos mayoritarios, más próximos a las posiciones del gobierno- no debe evaluarse al margen de los contenidos de lo acordado. De ninguna manera el consenso puede considerarse un fin en sí mismo. Es verdad que, en el contexto de desencuentro permanente que preside la vida política -el cual, lejos de menguar en tiempos de pandemia y de profunda crisis económica y social, se ha intensificado-, disponer de espacios de entendimiento representa un balón de oxígeno, que, sin duda, agradece la ciudadanía. Pero es necesario preguntarse cuál ha sido el resultado de ese consenso, sobre todo cuando los intereses en liza eran, en principio, tan dispares y cuando las últimas décadas han estado caracterizadas por una persistente degradación de las condiciones laborales, tanto en períodos de crecimiento del Producto Interior Bruto como de estancamiento y recesión. No pretendo realizar aquí un análisis detallado del articulado del texto aprobado -que dejaré para otro momento-, pero hay una cosa evidente: la reforma laboral aprobada en 2012 por el gobierno del Partido Popular (PP) presidido por Mariano Rajoy -que supuso un ataque frontal a los derechos de las personas trabajadoras, que desde entonces han sufrido una merma histórica- no ha sido derogada. Tanto el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por boca de su secretario general y presidente de gobierno, Pedro Sánchez, como los dirigentes de Unidas Podemos (UP) y, de manera destacada, la ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, han declarado en numerosas ocasiones (se puede consultar la hemeroteca al respecto) que la derogación de la reforma laboral era urgente, imprescindible e innegociable. Asimismo, en el acuerdo programático suscrito por ambos partidos para formar el gobierno de coalición aparece ese objetivo de manera nítida; era, y luego ha dejado de serlo, una de las piedras de toque del mismo. Se pueden hacer juegos malabares con las palabras, como afirmar que la derogación no era “técnicamente viable”, pero que se ha producido una “derogación política”. Pero es inútil y contraproducente. Cuando a menudo hablamos de la creciente desconfianza y apatía con que la ciudadanía contempla el ejercicio de la acción política, la actuación de los partidos y el funcionamiento de las instituciones algo tendrán que ver esos sentimientos con el incumplimiento de los compromisos electorales, y con que, finalmente, todo se acaba justificando, que no explicando. Pues bien, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Por qué razón era inviable abordar la reforma (supresión) de un conjunto de artículos especialmente lesivos para los derechos de los trabajadores, que de hecho han quedado fuera de la negociación, y, por lo tanto, permanecen en vigor, forman parte de la “legislación laboral del cambio”? La respuesta no puede -o, mejor dicho, no debe- ser el silencio, ni tampoco es de recibo apelar a una correlación de fuerzas desfavorable a los intereses de los trabajadores y las clases populares, acudiendo al “esto es lo que hay”. En efecto, esa situación existe, pero la correlación de fuerzas no mejora practicando la opacidad política y descafeinando el programa de gobierno. Todo lo contrario. Nada cabe esperar de los que siempre han estado instalados en esa “cultura política”, pero no es de recibo que también la hagan suya quienes han defendido la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con las mayorías sociales, quienes se reclaman como herederos del 15M. Hay que aclarar que estamos hablando de aspectos fundamentales de la reforma de Rajoy -que, por cierto, no hizo sino llevar más lejos la realizada dos años antes por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Por señalar algunos aspectos destacados, se mantiene intacta la causalidad de los despidos colectivos por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas, lo que concede a las empresas, aunque tengan beneficios, un amplio margen para continuar realizando ajustes de plantillas; los Expedientes de Regulación de Empleo no precisan de autorización administrativa; no se recupera la indemnización por despido improcedente, que sigue estando en 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, ni tampoco los salarios de tramitación. El despido prácticamente libre, sin restricciones y barato, queda, pues, instalado en la legislación laboral auspiciada por el gobierno de coalición. El proceso de aprobación de la reforma laboral entra en los próximos días en una nueva fase. Será debatida en el Congreso de los Diputados, donde el gobierno espera obtener una mayoría suficiente que permita su convalidación. Aunque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han declarado que su intención es mantener el proyecto de reforma en su redactado actual, no mover ni una coma del mismo, es probable que en el curso del debate parlamentario se introduzcan algunos cambios. Los grupos nacionalistas Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, han mostrado su desacuerdo con diferentes aspectos de la reforma, especialmente porque no se reconoce la preeminencia de los convenios de ámbito autonómico sobre los sectoriales, hasta el punto de manifestar que, de mantenerse tal cual, su voto será de rechazo. Veremos qué da de sí el debate y el resultado de las negociaciones que, muy probablemente, cuando se escriben estas líneas, ya se están produciendo, como es habitual entre bambalinas. Habrá que ver, asimismo, si el radar del gobierno se orienta en otras direcciones, como recabar el apoyo de Ciudadanos, en caída libre en todas las encuestas electorales, y las implicaciones que ello podría tener en la posición de UP y de los otros socios que hasta ahora han sostenido la acción gubernamental. La estrategia del PP, no sólo con la reforma laboral, es de abierta confrontación con el gobierno, con la vista puesta en las próximas consultas electorales y, por supuesto, en las generales. Con el viento a favor de una profunda crisis social -que se no ha dejado de agravarse con la pandemia y que las políticas aplicadas por el gobierno no han sido capaces de atajar- y de una economía atravesada de graves problemas estructurales y enfrentada a un escenario de inestabilidad e incertidumbre, que no acaba de remontar, el partido de Pablo Casado pretende cosechar los frutos de la desafección y del descontento de amplios sectores de la población, conectando con un proceso de derechización que se extiende por Europa y a escala global. Con este planteamiento intenta, de paso, cerrar el camino o al menos limitar la competencia procedente de VOX. Pero en esta ocasión no podrá contar, como en otras, con el concurso incondicional y militante de la CEOE y de CEPYME; recuérdese, por ejemplo, lo ocurrido con la (modesta) subida del salario mínimo, que continúa estando a años luz de las retribuciones de las élites empresariales, cuando salieron todos a una para criticarla. Un lastre importante que coloca a las derechas en una posición incómoda, que, sin embargo, no alterará su hoja de ruta. Para entender la posición de las patronales que han suscrito el acuerdo, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es -como sus dirigentes se han encargado de manifestar- que aspectos fundamentales de la regulación anterior, claramente beneficiosos a sus intereses, no han experimentado cambio alguno o las modificaciones han sido mínimas. Pero no sólo eso. Aunque es evidente que, cuando se compara esta reforma con la llevada a cabo en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, se recuperan y se amplían derechos que se habían perdido -tal es el caso, por ejemplo, de la justificación y acotación de la contratación temporal, la recuperación de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia de los de ámbito sectorial sobre los de empresa-, lo cierto es que el conjunto del texto contiene numerosas lagunas, ambigüedades e incluso regulaciones que mantienen a los trabajadores en situación de indefensión. Sin pretender una relación pormenorizada, puede señalarse en este sentido: la prioridad del convenio sectorial queda reducida a la fijación del salario base y los complementos, lo que deja un amplio margen a las empresas para modificar las condiciones de trabajo (horarios, distribución de tiempos, turnos, horas extras…); si las empresas subcontratadas disponen de su propio convenio no tienen obligación de aplicar el de la empresa contratista; con las nuevas modalidades de contratación temporal, especialmente con la que permite este tipo de contrataciones para situaciones imprevisibles y ocasionales con una duración máxima de 90 días en un año, quedan abiertas de par en par las puertas para que las empresas continúen instaladas en la precariedad. La segunda razón del posicionamiento de las organizaciones patronales favorable a la reforma laboral trasciende el ámbito de la misma. Su estrategia en este momento no pasa por colisionar con el gobierno -aunque, evidentemente, sus intereses estarían mejor representados en uno del PP, con el apoyo o la participación de VOX-, sino que más bien descansa en la capacidad de imbricar sus intereses con las políticas públicas. En concreto, beneficiarse, como de hecho ya está sucediendo, de los fondos europeos, de las políticas de endeudamiento de las administraciones públicas y de la tibieza -hasta ahora hay palabras, pero no hechos- con la que se trata la posibilidad de reforzar la progresividad tributaria, en un país que, de hecho, es un paraíso fiscal para las corporaciones y las grandes fortunas y patrimonios. Son muchos los dineros, muy importantes los privilegios y muy atractivos los mercados a los que se puede acceder con esos recursos. No digo nada nuevo si recuerdo que la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (junto al Fondo Monetario Internacional, FMI) son actores de primer orden en las políticas llevadas a cabo por los gobiernos. La arquitectura institucional de la Unión Económica y Monetaria está pensada para condicionar e imponer un determinado formato de política económica, especialmente a los países periféricos; Grecia ofrece un dramático ejemplo de intervención destinada a poner contra las cuerdas el proyecto que representaba Syriza y pasar por encima de la voluntad del pueblo griego. Ahora, con los fondos europeos tenemos otro de manual, en una versión muy distinta de la que continuamente pregonan los medios de comunicación, la clase política y el maremágnum de tertulianos que se ganan la vida opinando de todo. La “generosa” suministradora de fondos para enfrentar la pandemia, promover la recuperación económica e impulsar la transición verde y digital, entra a saco en las decisiones soberanas de los países, el nuestro en este caso, para imponer lo que las autoridades comunitarias califican, utilizando un eufemismo, como agenda estructural. La CE tiene que dar el visto bueno a la reforma laboral, como condición imprescindible para que el gobierno continúe recibiendo los dineros europeos. Quienes, errónea o interesadamente, afirmaban que ese dinero no tendría coste -porque, en efecto, la reforma aprobada supone un coste muy importante para las personas trabajadoras y para la lucha sindical- aquí tienen un ejemplo del elevado precio a pagar. Un aspecto a destacar en todo este proceso ha sido el protagonismo adquirido en el curso de la negociación de la reforma laboral por Yolanda Díaz -que el PSOE ha querido contrarrestar, sin terminar de conseguirlo, intentando colocar en la escena a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. También en este caso cabe una lectura política, que trasciende la literalidad de la reforma laboral. Con su aprobación, la ministra -y por extensión UP- pretende enviar el mensaje de que su presencia en las instituciones es imprescindible para impulsar una agenda política social con perfil progresista, con un contenido que ha permitido fraguar un amplio entendimiento con las principales patronales y los sindicatos mayoritarios. Envían asimismo un mensaje al PSOE de que son socios fiables, que se saben mover, y lo han demostrado, en el espacio de lo posible, con criterios pragmáticos, siempre dentro de los márgenes institucionales, renunciando si es necesario a la implementación de un punto central del programa consensuado para la legislatura. Es indudable además que la figura de Yolanda Díaz sale reforzada, tanto en su posición en el gobierno como en el lanzamiento del proyecto político que pretende liderar, del que, cuando se escriben estas líneas, nada se conoce y lo poco que despunta tiene un acusado tinte electoral y personalista. Una pregunta para concluir esta breve reflexión. ¿Qué dinámica económica y social propiciará la reforma laboral? El relato sobre la necesidad de la moderación de salarial por parte de las patronales, la CE e instituciones globales como el FMI se mantiene intacto. No sólo se defiende para aumentar la productividad y reforzar la competitividad, sino también para sostener la política de creación de empleo. Una reforma con marcados claroscuros tendrá que hacer frente a un capitalismo con perfiles extractivos cada vez más acusados, instalado en una dinámica de acumulación que pasa por la sobreexplotación de las personas trabajadoras y la degradación de las condiciones laborales. Si bien algunas de las prácticas más extendidas y abusivas encontrarán coto con la nueva legislación, esta ley no ofrece el anclaje necesario para ampliar y consolidar derechos, pues no altera de manera sustancial la correlación de fuerzas, claramente favorable a los intereses del capital. El debate que está a punto de abrirse en el Congreso no debería quedar dentro de esos muros, ni tampoco dejarse en manos de los expertos y técnicos en relaciones laborales. Es demasiado importante para que se le dé ese tratamiento. Es decisivo que llegue a la sociedad y muy especialmente l@s trabajador@s. Es el momento de apostar claramente por la democracia, abriendo espacios para que la ciudadanía se exprese.

Público

yolanda díaz

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