Opinion · Sombreros de colores

SALUD PÚBLICA TIENE LEY, PERO NO TIENE ……

El Pleno del Congreso de los Diputados  aprobó definitivamente la Ley General de Salud Pública. Y dos aspectos destacaron los medios de comunicación: universalización de la sanidad a todos los españoles (sanidad para todos: casi 200.000 personas entre parados que ya han agotado su prestación o el subsidio de desempleo, así como determinados colectivos, como abogados o arquitectos) y regulación de la profesión de psicólogo sanitario (debería haberse centrado en la importancia de la presencia de otras profesiones). Resumen insuficiente para una ley que bienvenida sea, significa un paso adelante y un avance aunque en algunos aspectos peca de algo ambigua, y superficial y le falta una mayor énfasis para poner fin a las inequidades existentes y mantener y promover la calidad.

Para algunos, la ley representa una nueva concepción del Sistema Nacional de Salud porque «las condiciones de la salud están en el aire, en el agua, en los alimentos que tomamos y necesitamos un sistema que planifique mejor en el tiempo para prevenir antes que curar».”. Aunque para sociedades científicas como SESPAS y la SEE, celebrando la aprobación de la ley, han reclamado concreción, pragmatismo y ambición para que no quede como «un brindis al sol», además de tener en cuenta que la salud no depende solo de medicina asistencial, sino también de las políticas de ocupación, ambientales, industriales o alimentarias. Y con un «gran reto pendiente» para el próximo gobierno que será el de integrar la salud en todas las políticas que comprometan a todos los organismos políticos.

Para algunos, la ley «impulsa y refuerza las políticas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Aunque para otros, es fundamental que aspectos como el mundo 2.0, el gobierno abierto, la ética y los sistemas de información tuvieran un mayor espacio para que “se pueda  avanzar y  favorecer la relevancia de la salud pública”. En esta línea, algunos expertos plantean que el derecho a la información que presenta la ley no es acorde con los planteamientos actuales de gobierno abierto, dentro del derecho de acceso a toda la información disponible.

Para algunos, la ley ha permitido una participación de las direcciones generales de salud pública de las CC.AA. y agencias de Salud Pública, los departamentos universitarios, los servicios hospitalarios de Preventiva y las sociedades profesionales. Para otros, falta gente clave, el agente clave: el/la ciudadano/a (todo para ellos/as pero sin ellos/as), entre otros.

Para algunos permitirá la modernización de la salud pública en España y una adecuada coordinación de las administraciones, además de establecer una estructura que facilite que los mejores saberes y capacidades profesionales puedan aplicarse eficientemente al servicio de la sociedad española y una adecuado reconocimiento profesional, mientras que para otros el texto ha perdido parte de las disposiciones que la justificaban, aunque algunos aspectos de interés han prevalecido en la discusión parlamentaria en ámbitos como los derechos de la ciudadanía y refuerzo de los mecanismos prácticos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, así como en las aportaciones para prevenir la iatrogenia y que se ponga de manifiesto la multiprofesionalidad y la formación específica. Pero, por otra parte, como decía en Menorca, en la Escuela de Verano de Salud Pública, el exdirector general de salud pública e impulsor de la ley, el experto en salud pública Ildefonso Hernández, el texto ha sufrido una drástica simplificación y ha retrocedido en número de artículos y también con pasos atrás mediante una normativa poco concreta al establecer la estrategia estatal de salud pública sólo por el Consejo Interterritorial de Salud, en lugar de una comisión interministerial.

Aspectos innovadores sin embargo tiene como el elemento, que también comparte la ley andaluza, que hace pocas semanas ha entrado en el Parlamento, como es la evaluación del impacto en salud, aunque necesite mucho más concreción. Y es que la ley sin duda necesita espacios más científicos, coordinados, independientes y eficientes para que los procesos de análisis, deliberación, decisión, seguimiento y evaluación de las decisiones que afectan a la salud colectiva mejore la actual descoordinación de las políticas de salud y la cooperación entre CCAA.

Por ello, estas ambigüedades y deficiencias de la ley necesitan más «políticas de causas» (políticas contra las causas económicas y ambientales del enfermar) y menos «políticas de consecuencias», como apunta SESPAS. España necesita organismos que actúen con independencia de los grupos de presión, apostando por aplicar los principios de transparencia, seguridad e imparcialidad. Al reconocer a la salud pública como un sujeto con autoridad y personalidad propia, capaz de actuar y mediar entre la parte asistencial del sistema de salud (hospitales, principalmente), y las otras organizaciones que influyen sobre la salud, ya sean fabricantes de tabaco, coches, plaguicidas, piensos… o las propias administraciones que deben regular las relaciones laborales o controlar la contaminación química del aire, el agua y los alimentos, es el momento de avanzar.

Como dice la carta que han escrito algunas de las mejores mentes pensantes de la salud pública española en el entorno universitario, “si el próximo gobierno desarrolla y aplica la ley como debe -con coraje político, honestidad y rigor técnico-, las políticas, estrategias y prestaciones que emanen de la ley ayudarán decisivamente a superar la crisis de modelo que vivimos”.

Y nosotros planteamos: ES IMPORTANTE llevar la ley a la acción porque en la realidad del día a día existe un abismo entre lo que dicen los planes y las leyes y lo que encontramos luego en la realidad de los servicios a la hora de plantear estrategias para disminuir las desigualdades, como nos enseñaba hace unos días un alumno del Europubhealth de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Por tanto, póngase a andar a la ley y que la realidad la convierta en la mejor ley de salud pública posible, junto a las leyes autonómicas aprobadas o en marcha.