CARTA A LA SEÑONA MINISTRA DE SANIDAD, SERICIOS SOCIALES e IGUALDAD:

Señora Mato, ya se ha aprobado en el Congreso de Diputados el Real Decreto- ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL 16/2012).Y queremos contarle que sabiendo que el RDL 16/2012 aporta algunos elementos positivos alrededor de las prestaciones farmacéuticas a los desempleados, parte en origen de varios errores (además de los 75 que han tenido que corregir previo a su aprobación en el Congreso):

• No se ha consensuado

• No se ha realizado bajo trámite parlamentario, sino en forma de urgencia y

• No se ha puesto en marcha un necesario e imprescindible Pacto por la sanidad, que tanta gente desea y que tan pocas esperanzas tenemos ya en él.

Muchas cosas van a cambiar en la sanidad española, a partir de este 17 de mayo, para la ciudadanía y sus derechos pero sobre todo para dos colectivos: los enfermos crónicos y los inmigrantes "sin papeles" (los inmigrantes empadronados y sin permiso de residencia), además de los jóvenes mayores de 26 años que no hayan entrado en el sistema de seguridad social, trabajadores españoles que sobreviven en la economía informal, o con colaboraciones solidarias o familiares, empresarios o españoles retornados del exterior.

De todos ellos, nos centraremos en los inmigrantes que sólo podrán hacer uso de los servicios de urgencias, la atención en embarazo parto y puerperio (aunque en Galicia, ya hemos leído que algunas no están siendo atendidas) y hasta los 18 años de edad, pero no dispondrán ya tarjeta sanitaria, quedando como una bolsa de población desatendida (a no ser que se cree un sistema paralelo en base a ONG y instituciones como Cáritas, tal como se ha apuntado y que no compartimos) y fuera de los controles de salud pública.

A partir de este momento, dicen algunos expertos que "160.000 seres humanos vivirán una vida menos digna y más insegura. Algunos de ellos enfermerán gravemente y otros morirán como consecuencia de una norma que impide su acceso pleno a la sanidad pública o lo deja en manos de la beneficencia". Sin duda, la inmigración es uno de los fenómenos sociales y demográficos que más han transformado a la sociedad española en las dos últimas décadas.

El incremento del número de inmigrantes vino de la mano de un crecimiento económico sostenido. Pero ahora, la situación ha cambiado radicalmente por la grave crisis económica experimentada por España desde finales de 2007, con el correlato de un aumento espectacular de los niveles de desempleo, ajustes presupuestarios y recorte de prestaciones sociales.En este contexto, desde algunos ámbitos se comenzó a cuestionar no solo la llegada de nuevos inmigrantes, sino el papel de los ya residentes en nuestro país y el impacto que su presencia podía tener sobre el Estado de bienestar y su sostenibilidad futura. Estos sectores han ganado con la redacción de este real decreto Y ante esta situación que algunos han llamado de #apartheidsanitario para los inmigrantes, aparecen discursos, que nos deben ayudar a reflexionar:

1. Por parte de la IGLESIA: Leía que el Secretariado de Migración de la Diócesis de Alicante-Orihuela, ha considerado "injusto" e "inmoral" retirar la atención sanitaria a los ciudadanos inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa en España, porque "no tienen que ser los más vulnerables a quienes se les recorten los derechos". Y siguen diciendo: "No se puede dejar de garantizar el derecho humano a la salud, materializado en la atención sanitaria", la cual debe realizarse "sin discriminaciones, a pesar de "adaptarse a los recursos existentes". También comentan que "el derecho a la salud no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal", por lo que la no atención sanitaria a los ciudadanos inmigrantes que no tienen regularizada su situación en España sería "especialmente injusta e inmoral". Y decían que es injusta porque "se vulnera el derecho universal a la sanidad" y además es inmoral porque supone "excluir de ese derecho a personas especialmente vulnerables, a las que la crisis económica más está afectando". Aesto añadían que "el emigrante, independientemente de la situación legal, económica o laboral en la que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás; es un hijo de Dios". Por todo ello, han pedido "a las comunidades cristianas, a las parroquias y al resto de la sociedad" que se conciencien sobre "la grave responsabilidad" que tienen "en la defensa de los derechos de los más vulnerables".

Junto a ello, hay que destacar el Informe de Cáritas que habla de que se pierden derechos sociales. Y apunta que se produce el cambio más importante con respecto a quiénes van a poder acceder a la asistencia sanitaria, modificando las condiciones para poder ser considerado "asegurado" y beneficiario. La nueva normativa no habla ya de titulares de derechos, sino de los requisitos que se han de cumplir para tener la condición de asegurado.

2. Por parte de la CIENCIA, me gustaría contar algunos de los principales resultados del estudio Inmigración y Estado de bienestar en España, de la Obra Social de La Caixa que dice que:

• Los inmigrantes tienen en la actualidad mejor salud que la población autóctona, con una probabilidad entre un 30 y un 50% menor de declarar un estado de salud regular o malo, de sufrir una discapacidad o enfermedad crónica o experimentar limitaciones en su actividad diaria.

• Latinoamericanos y europeos del Este afirman tener un mejor estado de salud relativo que los inmigrantes procedentes del continente africano. La causa fundamental de esta diferencia en el estado de salud subjetivo reside en la mayor juventud de estos grupos respecto a la población autóctona.

• Los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población están injustificados. Los inmigrantes reciben menos del Estado de lo que aportan a la Hacienda pública: los extranjeros aportan hasta 3 veces más de lo que cuestan.

• La población inmigrante, lejos de abusar de los servicios sanitarios, hace un uso muy inferior al que por su peso demográfico le correspondería: los extranjeros consultan un 7% menos al médico de cabecera que los españoles, y un 16,5% menos al médico especialista, según datos de la Encuesta Nacional de Salud. Sólo la utilización de los servicios de urgencias es superior entre los inmigrantes que la de los autóctonos (un 3,2% más).

Por tanto, el balance, incluso en tiempos de crisis, parece que sigue siendo contundente: los inmigrantes residentes en España aportan a nuestro Estado del bienestar mucho más de lo que reciben. Antes de la crisis, los datos decían que los inmigrantes habían sido directamente responsables de la mitad del fuerte crecimiento del PIB español entre 2000 y 2005 (con un 3,6% de crecimiento medio anual) y su aportación a las arcas del Estado era francamente positiva: absorbían el 5,4% del gasto público, 18.600 millones, y aportaban el 6,6% de los ingresos totales, con 23.400 millones.

El saldo neto de su contribución era de casi 4.800 millones (la mitad del superávit de entonces del conjunto del sector público). Según el estudio, incluso en tiempos de crisis y a pesar del zarpazo del paro, el porcentaje de extranjeros entre los afiliados a la Seguridad Social ha permanecido prácticamente estable, en el entorno del 10%. En paralelo, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de éstos son ciudadanos de la Unión Europea. Con sus altas tasas de actividad y su mayor juventud, los inmigrantes han contribuido a elevar la proporción a 2,5 cotizantes por cada pensionista, y con ello habría retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones, de 2023 a 2028.

Pero ante esto, encontramos percepciones de los españoles como algunos datos del informe Evolución del racismo y la xenofobia en España, donde encontramos que el 37% de los españoles se mostraba en 2009 reacio a la inmigración, frente a un 33% de tolerantes y un 30% de ambivalentes ante el fenómeno. Según el estudio, un 40% de los encuestados cree que la protección del Estado al inmigrante es bastante y un 18% que es mucha. En paralelo, el 46% cree los inmigrantes reciben más ayudas en el ámbito sanitario que los españoles de igual nivel de ingresos; y un 20% de los españoles considera que los inmigrantes reciben de las Administraciones mucho más de lo que aportan. PERO LOS HECHOS HABLAN MÁS ALTO QUE LAS PALABRAS y los datos desmontan los estereotipos: no consumen más servicios sanitarios, copan menos gasto social que su peso demográfico, aplazan el déficit del sistema de pensiones... Y en otro ámbito, la presencia de la inmigración ha supuesto un revulsivo para la incorporación de la mujer española al mercado laboral. La concentración de mujeres inmigrantes en las labores domésticas y en el cuidado de niños y mayores ha facilitado la compatibilización de la vida laboral y familiar de las trabajadoras españolas, con el consiguiente impulso en términos laborales, fiscales y de consumo para la economía española.

Y es que como dice Richard Titmuss: "Un sistema para pobres será siempre un pobre servicio".

Con todo nos despedimos con el ánimo que estos argumentos le ayuden a reflexionar.

Un saludo

Mª Ángeles Prieto y Joan Carles March