Sombreros de colores

Malos tiempos para la mayoría

En el año 2008, Ángeles Maestro explicaba ya en Dominio Público en este periódico que: El Gobierno de la Comunidad de Madrid está tomado decisiones que, amparadas en la Ley de Nuevas Formas de Gestión (Ley 15/97), suponen la dinamitación de un servicio público básico como la Sanidad, que se transfiere a empresas privadas financiadas con presupuesto público. El lucro privado, con fondos públicos, se impone a la rentabilidad social, consustancial a cualquier servicio público.

Y es que Madrid y la Comunitat Valenciana abrieron las empresas privadas en sus hospitales, "hipoteca" que heredarán también los próximos ejecutivos. Y parece se extiende a otras comunidades del PP  ya que Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia siguen los pasos de Madrid y Valencia. En algunos sectores se dice que "La privatización perjudica la salud", postura que contarasta con la visión de los defensores del Modelo Alzira que dicen:  Tras más de 13 años de existencia, y con unos resultados que lo avalan, el modelo Alzira se ha convertido en un referente de gestión sanitaria eficiente y eficaz, sin renunciar a los principios básicos que imperan y deben mantenerse en nuestro SNS: asistencia sanitaria pública, universal y gratuita.

El primero de los ocho nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid en inaugurarse, el de Valdemoro, seguía el modelo que la Generalitat Valenciana estrenó en 1999 con el hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira. Los construyeron empresas privadas que también se encargan de su gestión, incluida la contratación del personal sanitario, a cambio de una cuota mensual. Las concesiones se han hecho a 30 años y si se quieren romper los lazos, las indemnizaciones son altísimas.

A esta decisión se ha añadido la del euro por receta en Madrid a partir del 1 de enero, siguiendo el modelo catalán. Y @salomega explica 8 razones contra el euro por receta:

1. Es una tasa que grava la enfermedad.

2. El acopio de medicamentos que dice perseguir esta medida no se resuelve castigando al comprador, pero puede mejorarse controlando al prescriptor (el médico) y al fabricante (industria farmacéutica).

3. Para las rentas medias (cada día más bajas) es demoledor, porque se suma al copago de junio y el medicamentazo de agosto, que ya incrementaron el coste de las medicinas. Para los pensionistas es aún peor, suelen ser mayores consumidores de fármacos y tener pensiones inferiores a los 1.000 euros. En los últimos meses, además, son el sustento de familias enteras que se han quedado sin ingresos.

4. Contradice abiertamente la política sanitaria prometida no sólo por el PP nacional, también por el de Madrid cuando la jefa del Gobierno era Esperanza Aguirre.

5. Rompe la cohesión del sistema nacional de salud, puesto que establece diferencias en el acceso a los medicamentos en función de la autonomía de residencia.

6. Entraña peligros para la salud pública. Esa desincentivación puede llevar a los enfermos a no comprar fármacos.

7. Es económicamente ineficaz. Su capacidad recaudatoria es de 83 millones de euros, apenas un 1,2% del presupuesto sanitario de Madrid. Las repercusiones sobre la salud de los pacientes y el coste económico derivado de ello no están contempladas.

8. Hay otros nichos de  ahorro. Madrid tiene una de las presiones fiscales más bajas de España en su tramo autonómico y deja de recaudar, sólo por el impuesto de sucesiones (herencias), unos 2.000 millones de euros.

De este tema, la red ha hablado mucho como vemos en el blog más que médicos o en comentarios de personas que dicen que '¿Euro por receta? Es una medida absurda, la vaca no se puede exprimir más'. Incluso alguno lo definen como la tasa más indigna de los gobiernos más cobardes, y otros como que poco a poco, están dejando lo público en el chasis y a nosotros más desprotegidos.

Y hay que tener en cuenta lo que dice Javier Segura, en un planteamiento del copago más global: el copago, una mala noticiaLa introducción del copago sanitario en la asistencia sanitaria es indudablemente una muy mala noticia para los epidemiólogos sociales (y para cualquier persona con una mínima sensibilidad social), pues previsiblemente incrementará las desigualdades sociales de salud, a través del aumento de las barreras de acceso al sistema sanitario de los social y sanitariamente más vulnerables Además, va en contra de las recomendaciones de organizaciones internacionales, como la OMS. La experiencia europea ha demostrado que el copago, además de aumentar la carga financiera de los hogares, va asociado a la reducción del uso de servicios de salud de alto valor. Especialmente, entre las personas de bajos ingresos y los mayores, aunque el copago sea bajo. Introducir el copago en Atención Primaria (AP) o Especializada (AE) puede empeorar los resultados en salud y conducir a un aumento del gasto en otras áreas (ejemplo, servicios de urgencias). Como resultado, el potencial en ahorro de costes o en mejora de la eficiencia es muy limitado.

Por otras parte, Privatizar los hospitales acaba saliendo caro. En general, decenas de estudios realizados en Reino Unido, donde nació el modelo PFI a principios de los noventa, coinciden en este diagnóstico. También denuncian que el coste del mantenimiento de los hospitales PFI nunca acaba siendo el que se pactó. Sobre este tema, se ha escrito que "Los nuevos servicios han sido, en general, más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales (...) Algo positivo es que es más fácil que estas instalaciones se construyan en el plazo y dentro del presupuesto; pero estas ventajas se consiguen a menudo a costa de la calidad". Ésta era, en 2006, la principal conclusión de un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los hospitales públicos construidos, y a veces también gestionados, por la iniciativa privada.

Y es que un hospital puesto en marcha bajo una de estas modalidades, conocidas de forma genérica como PFI (iniciativa de financiación privada) por sus siglas en inglés, puede llegar a suponer, cuando vuelve a manos de la administración tres décadas después, un coste de al menos cuatro veces más a si su construcción se hubiera realizado con dinero público, según calculan los sindicatos y organizaciones de sanidad pública basándose en los cánones que debe pagar a las empresas concesionarias la Comunidad de Madrid, la administración que más frecuentemente ha recurrido a esta fórmula de financiación en los últimos años.

En definitiva, malos tiempos para la mayoría.