Un grupo de profesionales médicos, auspiciados por la Organización Médica Colegial y @jrsendin ( Enrique Bernal, Centro de Investigación Biomédica de Aragón. l Ignacio Burgos, médico de primaria en Ávila. l Enrique Castellón, vicepresidente tercero del Colegio de Médicos de La Coruña. l José Conde Olasagasti, Hospital Virgen de la Salud, de Toledo. l Ricard Gutiérrez, vicepresidente de la OMC. l Francisco Hernansanz, médico de primaria, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. l Julio Mayol, Hospital Clínico San Carlos, Madrid. l José Ramón Repullo, Escuela Nacional de Sanidad. l Luciano Vidan, presidente del Colegio Oficial Médicos de La Coruña) han hecho un informe donde entre otras cosas piden un acuerdo político para la sanidad española, ante los vaivenes, recortes, planes, ...

No sabemos si es el documento que necesitamos, aunque sin duda es un buen documento para buscar el consenso en estos momentos donde se producen movimientos a la deriva.

En el apartado del acuerdo plantean lo siguiente:

La posición desde la que los profesionales piden un Acuerdo político no es la de una defensa a ultranza de soluciones técnicas (por supuesto a un problema técnico) implementadas por técnicos. Entendemos perfectamente la naturaleza política de las reformas sanitaria y precisamente por eso pensamos que se  requieren negociaciones inteligentes y productivas en el ámbito político, convencidos, como estamos, de que existen muchos elementos de esa naturaleza en las decisiones que afectan al SNS.
Al mismo tiempo constatamos que entre los grandes partidos españoles no existen diferencias en lo que respecta a los grandes principios que informan la existencia y el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. Por otra parte, observamos que entre los países avanzados de la UE, cuyas sociedades son en muchos casos más igualitarias que la nuestra, existe una variedad significativa de
modelos de sanidad pública, todos ellos plenamente enmarcados y compatibles con un Estado de bienestar desarrollado. Ello significa que existe un amplio espacio de negociación y acuerdo sin que signifique necesariamente alterar las bases fundamentales del sistema. Este es el tipo de pacto factible que, renunciando a maximalismos con frecuencia electoral o clientelarmente interesados, se puede y debe alcanzar.

En este sentido, los médicos quieren ser protagonistas activos de este Acuerdo que podría revestir la forma de un apoyo explícito a esta propuesta de la OMC y que establezca una serie de iniciativas concretas que permitan mejorar la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos sanitarios ofreciendo servicios  de verdadera calidad.

Para ello se requerirá en todo caso máxima independencia en la organización y gestión de todas las organizaciones asistenciales, máxima transparencia informativa, un marco financiero definido y estable, sin perjuicio de la necesaria flexibilidad teniendo en cuenta las cambiantes circunstancias externas y un marco de cooperación entre CCAA que permita utilizar los recursos (humanos y materiales) del conjunto del sistema de manera eficiente.

Enfrentados a la confección de un documento que busque el deseado consenso, lo primero en que se piensa es en una serie de actuaciones inmediatas que un grupo de expertos (en este caso, un grupo de médicos) considera que son las adecuadas.

Por ejemplo:

1. qué tipo y cuantía de copago debe admitirse
2. como tiene que ser la carrera profesional (de los profesionales sanitarios)
3. qué incentivos hay que crear 
4. que prestaciones deben y no deben financiarse, incluyendo los medicamentos.

Creemos, sin embargo, que no es este el documento que habría que preparar. Pensamos más bien que el acuerdo político debe ser aquel que libere las potencialidades del sistema sanitario y de todos sus partícipes y contribuya a superar las situaciones de bloqueo que todos conocemos y que desde hace muchos años impiden reformas necesarias. ¿Cuáles son esas situaciones? Probablemente algunas se queden en el tintero, pero no es difícil identificar la tendencia al "café para todos" que impide a cualquier nivel, sobre todo en el de los recursos humanos, discriminar a favor de la excelencia en procesos y resultados. De ello sería un ejemplo la tendencia a crear estructuras o dotar servicios con fines electorales o directamente clientelares. Por otra parte, también la dificultad para y la resistencia a valorar objetivamente la eficiencia relativa de instituciones públicas y privadas financiadas públicamente en el logro de resultados de calidad (es obvio que si hay riesgos de calidad/eficiencia en situaciones de provisión privada, también los hay en el caso de la provisión pública y que la objetivación de las distintas situaciones exige un abordaje descargado de prejuicios).

Por consiguiente, el acuerdo tiene que abordar más bien los instrumentos promoviendo, la creación de estructuras estables y muy profesionales que puedan efectivamente identificar los problemas de todo tipo que hoy dificultan el buen funcionamiento del sistema y plantear las soluciones adecuadas, teniendo en cuenta consideraciones políticas, económicas, sociales y, desde luego, manejando criterios técnicos debidamente contrastados. En definitiva, robustecer la institución que es la sanidad pública, haciéndola más "inclusiva" en términos de sociedad civil y, por tanto, más sólida e independiente.

En ese sentido, abogamos para que las estructuras directivas desde el máximo nivel, tanto en el Ministerio como en los departamentos de salud de las CCAA, se ocupen por profesionales de reconocido prestigio. También planteamos que se cree (o se configure algo que ya existe) un órgano independiente encargado de identificar desinversiones y aprobar, en su caso nuevas inversiones/prestaciones. Asimismo planteamos la creación de otro organismo igualmente independiente responsable de la evaluación permanente de todas las instituciones sanitarias, sus procesos y resultados ofreciendo con absoluta transparencia los datos pertinentes. Este sería el modo de superar debates estériles apoyados en una mezcla de prejuicios y opacidad y que tanto tiempo hacen perder. Los partidos políticos deben comprometerse a establecer los procedimientos necesarios para que este tipo de independencia sea una realidad en el plazo más corto posible.

Todo ello que significa, en último extremo, que en el nivel político quedarían las grandes decisiones que son el QUE servicios se prestan con recursos públicos, el CUANTO –volumen de recursos que se destinan a asistencia sanitaria (conviene no olvidar que hay otras políticas con impacto favorable sobre la salud y que no son sanitarias)- y la garantía del principio de equidad. Como es natural, el nivel político es el facultado para exigir responsabilidades a los niveles directivos, pero no para sustituirle en sus actuaciones.

Este Acuerdo permitiría alcanzar un consenso acerca del funcionamiento del SNS, manteniendo al poder político dentro de los límites que le corresponden, permitiendo estabilidad en el desarrollo de unas actividades profesionales independientes, plenamente dirigidas a obtener la máxima eficiencia y calidad, todo dentro de un esquema de transparencia que permita a la sociedad conocer que uso se da a sus impuestos y con qué resultados. Y enfrentando a cada agente o parte del sistema con su responsabilidad a través de un mecanismo explícito de rendición de cuentas.

Profesionalmente, no podemos entender y mucho menos aceptar la permanente utilización del tema sanitario como escenario de confrontación partidaria cuando por otro lado todos proclaman las excelencias de modelo de SNS y manifiestan (fuera de escena) un grado de acuerdo considerable en casi todo. Semejantes incoherencias alcanzan niveles patéticos cuando el mismo partido defiende en temas sanitarios posiciones contrarias según esté en el poder o en la oposición o en una u otra Comunidad Autónoma contribuyendo al descrédito y desprestigio de lo político.

La actual situación de emergencia económica obliga a duros, dolorosos, polémicos y probablemente inevitables ajustes a corto plazo. Admitimos la existencia de un cierto nivel de pasión en su defensa y en su rechazo, pero habremos de arrinconarla para configurar y defender las reformas estructurales que se proponen y que también vehementemente pedimos sean aceptadas y consensuadas de modo explícito y público por las fuerzas políticas concernidas.

Y hasta aquí esta parte del documento que es más amplio que puede servir, desde una perspectiva, a abrir un debate sereno para llevar la sanidad española donde se merece y donde nadie debería haber intentado quitarnos.

Se admiten propuestas para mejorarlo. Nosotros nos ponemos a ello.