Madrid Me Mata fue una revista de la Movida madrileña creada, diseñada y dirigida por Oscar Mariné, entre los años 1984 y 1985. Y estos días de la #mareablanca: MADRID ME MATA, diría la sanidad o al menos lo intenta "Caspio" Lasquetty o "Derribos" González.

Para ello, "Caspio" Lasquetty ha llamado irrresponsables la #mareablanca, ha dicho que "No se han presentado dimisiones, sino un anuncio de una hipotética dimisión", ha despreciado después la dimisión de sus directivos, ha dicho que se funciona con normalidad cuando se han suspendido más de 50.000 consultas

 Ignacio Escolar @iescolar comenta en su escolar.net que es difícil recordar una protesta mayor: una apabullante marea blanca en las calles, varias semanas con huelgas y, como último ejemplo, la dimisión simultánea de más de 300 directivos de los centros de salud. La movilización para salvar la sanidad pública madrileña está siendo ejemplar. Sin embargo, no ha conseguido detener el plan de privatizaciones. ¿La razón? Que enfrente está un dirigente político que se comporta como un troll de Internet: alguien que se crece con la atención y busca más; da igual si es a la contra o a favor.

En este contexto hay varios escritos que son imprescindibles para la lectura antitroll:

1. Empezaremos por Vicente Baos @vbaosv con EL Supositorio y la aprobación de la Ley de acompañamiento que abre Madrid a los grupos privados de la SANIDAD: 

Llegó el día. No hubo discusión. Se aprobó la Ley de Acompañamiento que tanto vale para facilitar el desembarco del juego corruptor del señor Adelson con sus leyes a medida: laborales, ambientales, tabaquismo y lo que le dé la gana, como para realizar un cambio radical en la gestión del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid. Sin negociar nada, haciendo propuestas-trampa y despreciando el esfuerzo de los que se creyeron que presentando alternativas para reducir 533 millones de euros iban a replantarse sus objetivos, los diputados del partido gobernante, distraídamente y jugando a Apalabrados con los Ipad e Iphone que les ponen a disposición los impuestos de todos los ciudadanos, aprobaron la Ley-Escoba.

En estas semanas se ha argumentado en debates de los medios de comunicación, se les ha pedido información y proyecciones económicas que no saben o no quieren mostrar, se han escrito numerosos razonamientos en los que se cuestiona la afirmación simplista de que la gestión privada del sistema sanitario público es más eficaz y económica, se han conocido noticias de otras comunidades donde se está viendo que no todo es tan sencillo y simplista; sin embargo, su decisión estaba tomada y siguen adelante.

Los médicos, y los trabajadores sanitarios públicos hemos sido menospreciados por las declaraciones públicas de los máximos dirigentes autonómicos: "sus propuestas son decepcionantes" "si dimiten, bienvenidos sean" "los médicos no operan porque no quieren". Palabras prepotentes y chulescas adornadas al decirlas de esa falsa calma entrenada en cursos de comunicación.

La huelga ha costado a los seguidores unos 15 millones de euros, mucho dinero en estos tiempos. Nadie la quería y ha perjudicado a pacientes y a los participantes, y mientras, la Comunidad de Madrid, firme el ademán, mirando hacia el futuro con orgullo, ha ganado una batalla y ha retratado con claridad a cada uno. Han definido quiénes son los amos y quiénes los sie rvos. A la Historia no le gustan esas relaciones.

2. Seguiremos por Salvador Casado @doctorcasado que ya piensa en su consulta que después de este primer embate, seremos capaces de impedir los siguientes: 

La sanidad pública española era hasta el año pasado buena, bonita y barata.Comparada con la mayoría de los países OCDE el cociente calidad/precio era muy razonable, pero dado que el capital riesgo necesita hincar el diente en presas distintas al ladrillo, parece que a la sanidad le ha llegado su San Martín. Por esta razón el trebol sanitario nacional se ha de quedar con una única hoja. Los políticos sanitarios madrileños han decidido escuchar a sus asesores (privados) en lugar de a sus profesionales (públicos): tendremos sanidad bonita (se mantendrá la carrocería en detrimento de la mecánica). Vayan despidiéndose de la calidad y vayan preparando las carteras, nos irá tocando pagar cada vez más impuestos. 

En pocos meses veremos como las consultas de los ambulatorios son cada vez más breves, y las listas de espera para pruebas diagnósticas, operaciones y consultas hospitalarias más largas. En el momento actual atiendo a 2200 pacientes, en los próximos meses, no tendré suplentes los días que falte por vacaciones o enfermedad, lo que hará que las consultas se acumulen. Los médicos que se jubilen no serán renovados, lo que hará que cada vez tenga más pacientes. La burocracia seguirá igual o peor, lo que hará que siga dedicando un tercio de mi tiempo a hacer papeles, recetas y demás... Si alguien piensa que ver a 60 pacientes en un día es resolutivo, o ahorrará dinero al sistema sanitario que se pase por una consulta... Podemos olvidarnos de la palabra calidad. Volvemos al ambulatorio de los años setenta.

Este regreso al pasado produce mucha desazón en profesionales sanitarios que hemos trabajado duro para mejorar y llegar hasta aquí. Porque no sólo hemos trabajado nosotros, también lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Varias generaciones se esforzaron en crear un sistema sanitario público de calidad. Como todo lo frágil, basta un mal golpe para que se malogre.

3. En tercer lugar, leeremos a Sergio Minué @sminue, con una reflexión en su Gerente de Mediado sobre quien mece la cuna, hablando de Suecia, Capio,...: 

Suecia fue durante gran parte del siglo XX el paradigma de estado de bienestar, en buena medida por el hecho de que sus gobiernos fueron socialdemócratas durante 65 de los 80 años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial  Pero las tornas cambiaron hace quince años, y desde entonces los sucesivos gobiernos liberal conservadores no han dejado de minar y desmontar aquel sistema, que en su día fue modelo.

Hoy Suecia, como reflejaba The Guardian anteayer es  "el laboratorio del radicalismo de derecha", con múltiples experiencias de privatización en educación, sanidad y servicios sociales. No es de extrañar que ante sus innovaciones "saliven" con envidia sus imitadores del resto de Europa, desde el gobierno conservador liberal de David Cameron, hasta los gobiernos populares de Valencia, Madrid y Castilla la Mancha,  que están adelantando a éste por su derecha.

Para dar la vuelta al calcetín de un sistema sanitario público, la estrategia está perfectamente definida por los think tank del neoliberalismo radical (nada más ilustrativo que leer el panfleto de diez páginas Oliver Letwin,  el ministro de Cameron, en su Privatising the World). El camino comienza convirtiendo una mentira en verdad a base de repetirla muchas veces: las reformas son imprescindibles porque el sistema público es demasiado caro y no da la atención adecuada. A pesar de las reiteradas evidencias de que eso es falso, los ejecutores de la política de desmantelamiento la repiten sin cesar, aunque hagan el ridículo hasta el nivel del Sr. Fernández Lasquetty , quien ayer no sabía precisar el ahorro que supuestamente obtendrá  con la privatizaciónde la sanidad madrileña.

La segunda baldosa del camino al paraíso de la privatización consiste en introducir la competencia entre proveedores, puesto que se supone que de esa forma se llevará el gato al agua el postor que de más por menos. Falso de nuevo, puesto que (como se ha comprobado en Inglaterra) la competencia  no existe, sustituida por la simple adjudicación de una prestación hasta entonces pública a un único proveedor privado.

Uno de los adjudicatarios mayoritarios  en toda Europa es precisamente una empresa de origen sueco, Capio. Digo de origen  porque en realidad Capio es propiedad de dos  empresas de capital riesgo: Nordic Capital  y  Apax Partner( una de las mayores del mundo) con sede en Londres, distribuida en ciudades como Hong-Kong, Nueva York, Estocolmo, Mumbay y Madrid, y con negocios diversificados en tecnologías de la información, telecomunicaciones y medios de comunicación. Los múltiples conflictos de interés  y el evidente afán de lucro, no son obstáculo para que los gobiernos de Suecia, Reino Unido, Alemania y España adjudiquen a Capio la prestación de servicios de atención primaria, atención comunitaria, y cuidados hospitalarios.

Por supuesto ( como ha ocurrido en Suecia), la ubicación de todos estos servicios ha dejado de realizarse por criterios de necesidad de poblacional y se basa en estrictos criterios de rentabilidad económica. Las desigualdades en materia social y sanitaria inevitablemente aumentan, a pesar de que quienes pagan a Capio no son sus clientes, sino s los ciudadanos del  país correspondiente a través de sus impuestos, que se escapan por el sumidero de la pila del estado de bienestar, y  en cuyo desagüe se encuentra el cazo de empresas con sede en Londres y que tributan en Luxemburgo.

En este sentido conviene recordar que Capio y la mayor parte de las empresas de capital riesgo están bajo sospecha permanente respecto al cumplimiento de su obligaciones tributarias  ( como también señalaba The Guardian), acusadas de pagar muchos menos impuestos de los que deberían.. Aunque ya se sabe que esto último es cosa que solo atañe a pobres y funcionarios.

4. Y terminaremos con Javier Padilla @javierpadillab en Agenda Pública con reflexiones de interés de que no existen pruebas de que los centros de gestión privada incurran en menores costes que los de gestión pública directa :

Nos encontramos ante una falta alarmante de datos que apoyen la privatización de la gestión de los centros sanitarios públicos (9). Las experiencias en otros países de nuestro entorno tampoco muestran resultados positivos a este respecto. Un aspecto que no se suele tener en cuenta pero que puede resultar fundamental para diferenciar la gestión pública de la privada es el problema de las perspectivas. En economía de la salud, la perspectiva elegida para la toma de decisiones puede resultar fundamental a la hora de dirigir una organización; una empresa privada que pretenda obtener beneficios económicos con su gestión tenderá a tomar una perspectiva del proveedor (medición de costes y beneficios en relación con el proveedor sanitario) para la toma de decisiones, mientras que un centro de gestión pública tendrá más incentivos para tomar una perspectiva social (medición de costes y beneficios en relación con la sociedad en su conjunto).

Un ejemplo de esta divergencia en la elección de la perspectiva lo tenemos en relación a las derivaciones de pacientes de un centro sanitario a otro; desde una perspectiva del proveedor, la derivación de un paciente a otro centro sanitario (por requerir éste una asistencia que no se puede prestar en dicho centro, por ejemplo) supondrá una merma de su eficiencia dado que es dinero que deja de gestionar, teniendo que adecuarse a precios pactados con otros centros; sin embargo, desde una perspectiva social, la derivación de dicho paciente a otro centro para que obtenga la asistencia que precise resultaría eficiente y óptima desde un punto de vista del correcto uso de recursos, encuadrándose los costes y beneficios más allá de lo meramente gestionado por el proveedor sanitario. La perspectiva social se considera de elección en la toma de decisiones en el ámbito de la economía de la salud.

Nuestro sistema sanitario tiene múltiples focos de ineficiencias que han de ser abordados, así como otros aspectos de planificación y estructura que en el pasado reciente han derivado en un incremento del gasto sanitario sin que ello tuviera un correlato identificable en mejora de los resultados en salud; con la literatura disponible tal vez sería más recomendable atajar dichas ineficiencias, tratar de disminuir las variaciones de la práctica clínica y fortalecer las prestaciones sociales y de bienestar que influyen en la salud de la población con tanta fuerza o más que el sistema sanitario (prestaciones de dependencia, políticas de disminución de las inequidades en materia de formación, medidas de conciliación familiar-laboral,...), así como recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria, eliminada mediante la aprobación del RD 16/2012. Así mismo, desde un punto de vista de relaciones laborales la legislación vigente sobre los trabajadores públicos provee herramientas para disminuir el absentismo u otros problemas que de modo constante se atribuyen a la gestión pública directa como freno para una mejor gestión.

Por tanto, entre Sergio, Salvador, Javier y Vicente nos hemos acercado a como estamos y como podemos estar, quien mece la cuna y en que puede afectar. Habrá que seguir luchando. Y no solo en Madrid.