Hace unas semanas, la Presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, durante la celebración de la designación de la Escuela Andaluza de Salud Pública como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, habló de una nueva ley que blinde el sistema sanitario público, lo proteja y garantice su sostenibilidad  para que "nadie pueda meter la sanidad pública en el debate" político y en un entorno "de defensa para proteger al sistema público de los embates neoliberales que se ciernen sobre él, ahora más que nunca".

En una línea de defender y consolidar derechos básicos de nueva generación, parece importante blindar el derecho a la salud de las personas. Por eso, Andalucía promoverá una Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, con el objetivo de blindarlo contra "afanes de privatización o de inclusión de barreras para el acceso a los servicios". Ello implica mejorar la calidad y excelencia de los servicios públicos, avanzar en la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios públicos de salud y protección social; garantizar los derechos, prestaciones, recursos y servicios de salud y bienestar social; impulsar el desarrollo profesional; potenciar la transparencia y el acceso a la información e impulsar la investigación.

Esta Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público creemos que sería bueno que se planteara a nivel de todas las Comunidades Autónomas y a nivel del Estado con el objetivo de avanzar en el desarrollo de derechos para la ciudadanía, proteger cinco grandes grupos de población (infancia, mayores, personas en situación de dependencia, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social) y avanzar en las políticas dirigidas a lograr la equidad.

La política sanitaria pública se ha convertido en un elemento clave del estado del bienestar en los países desarrollados y las mejoras que ha aportado a la salud y calidad de vida de los ciudadanos son incuestionables. Durante las últimas décadas, estos han experimentado un incremento en el gasto sanitario. Dicho incremento ha venido dado por múltiples transformaciones demográficas, sociales, asistenciales, tecnológicas y económicas, que sitúan a los sistemas sanitarios ante nuevos retos. La mejora de la eficiencia y equidad de los sistemas sanitarios es una prioridad, e instituciones como la OCDE recomiendan revisar las fortalezas y debilidades de cada sistema sanitario e identificar donde hay margen para maximizar el valor obtenido de los recursos destinados al sector de la salud.

Esta ley sería bueno que contemplara aspectos del tipo de:

1. Financiación y cobertura universal tal como plantea la ley de salud pública
2. Profesionales:  Se trabajaría sobre identificación de las necesidades de profesionales, el equilibrio entre la oferta y la demanda, la incorporación sistemática del conocimiento profesional y clínico, la planificación adecuada de la oferta formativa y la demanda de profesionales, el desarrollo profesional, la creación de mecanismos de acreditación de la adquisición, el mantenimiento y la mejora de competencias en conocimientos, habilidades y actitudes, entre otros temas.
3. Prestaciones y catálogo de servicios
4. Modelo de servicios: Definir el papel de los distintos niveles asistenciales, la integración asistencial, la responsabilidad sobre la salud pública, las formas de gestión, el papel de la atención primaria y las alianzas estratégicas.
5. Evaluación, rendición de cuentas y transparencia: La evaluación de las políticas públicas es fundamental para la mejora de la acción de los gobiernos.
6. Compromiso, responsabilidad, empoderamiento y participación ciudadana en su propia salud
7. Investigación e innovación
8. Gobernanaza

Fomentar un PACTO POR LA SANIDAD PÚBLICA puede ayudar a garantizar plenamente una asistencia sanitaria pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad, financiada mediante impuestos y cuya gestión se desarrolle conforme a lo establecido en la Ley General de Sanidad y demás disposiciones legislativas de desarrollo.