Cuando el 25 de marzo de 2012 las urnas arrojaron la posibilidad de un gobierno de coalición entre el PSOE e IU, muchos andaluces de izquierdas celebramos un posible nuevo tiempo en la política andaluza, alejado de los escándalos de los ERE y centrado en la defensa del Estado del bienestar, que peligraba con la llegada de Rajoy a Moncloa meses antes.

Pese a que entre los socialistas anida una fuerte corriente anticomunista y entre los comunistas, otra antisocialista no menos virulenta, los resultados no daban opción: Griñán y Valderas debían ponerse de acuerdo para cerrarle el paso a Arenas, que ganó las elecciones pero se quedó lejos de la mayoría absoluta que necesitaba para tomar San Telmo. Y lo hicieron sobre la base de un proyecto político común, que durante dos años ha chirriado menos de lo que los agoreros vaticinaron como una reedición del ‘tripartito’ catalán en versión, a dos, andaluza.

Hasta ahora, las desavenencias se resolvieron en el comité de coordinación PSOE-IU con poco ruido. La dosis mínima de lealtad que engrasa este tipo de pacto actuó como un antídoto eficaz ante el ansia de ruptura que, como germen de destrucción, contenía la propia coalición por la desconfianza histórica.

La sustitución de Griñán por Susana Díaz, una operación política que hubiera merecido un adelanto electoral en toda regla, la solventó la coalición sin apenas reproches. La sevillana, clave junto a Valderas del buen estado de salud del pacto en el arranque, se invistió como nueva presidenta de la Junta sin apenas desgaste. Bueno, es de suponer que pactó con los líderes de IU una especie de itinerario para el resto de la legislatura: algo así como ‘yo a por los votos del centro-derecha (para quitárselos al PP) y tú a por los más de izquierdas’ (para que no acaben engrosando en la abstención).

Según las últimas encuestas, la operación les está saliendo de lujo: el PSOE ha superado ya al PP e IU sigue elevando el listón de su apoyo popular. Y Susana Díaz, gracias a una buena campaña de imagen muy bien aliñada, está situándose como la heredera más cualificada del legado político de Felipe González. Ahora, como es lógico, le toca confirmar las elevadas expectativas creadas por casi todos empatando con alguien.

En esta coyuntura, con rumores de adelanto electoral por todos lados, ha estallado la crisis de la corrala La Utopía. En una operación política sin ningún género de dudas, IU, a través de una consejera de Fomento con fama de roja y valiente, realojó a ocho de las 17 familias desalojadas de este edificio sevillano, ocupado durante dos años de forma ilegal, por decisión judicial. Aunque la ejecución de la jugada política resultó algo delirante por su nocturnidad, por la presencia de alguna destacada militante de IU como afectada y excluida social trabajando en un Ayuntamiento sevillano –antes estuvo en uno gaditano– y por la sobreactuación del tipo que entregó las llaves, la coalición reaccionó como era de esperar: tiró por la calle de en medio para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna de un grupo de ciudadanos.

Pero este acto jacobino moderno hubiera merecido una ovación cerrada si IU no se hubiera saltado la lista de espera de 12.000 andaluces que aguardan una vivienda de la Junta y que no cayeron en la humana tentación de lograrla por la vía de la patada en la puerta. Y hubiera sido perfecto si todos los aspirantes a ser realojados hubieran sido excluidos sociales sin ningún género de dudas.
Ahora, con tantos cabos sueltos y tanto mar de fondo, veremos a ver si el acto de justicia social que IU ha querido protagonizar, con más corazón que cabeza, a las bravas y orillando la ley, no se vuelve en contra de los que de verdad sufren exclusión social, que se pueden quedar compuestos y sin pisos. Y los vivas a la república lanzados para festejar una victoria sin visos de legalidad y pírrica se convierten en lanzas de revoluciones imposibles y bananeras, paraísos infames sin una brizna de libertad que sólo generan desafección.

Si IU no ha estado a la altura, el PSOE tampoco ha estado muy fino, por mucho que Susana Díaz haya hecho una intensa ronda por los medios de comunicación sacando pecho de mujer de Estado. Bien visto, me ha parecido más una particular estación de penitencia para salvar una autoridad cuestionada. Eso de firmar un decreto como adalid de la legalidad, quitándole las competencias de adjudicación de viviendas del parque público a la consejera de Fomento de IU, para rectificar 24 horas después, no deja de ser una desautorización de sí misma. Para llegar hasta donde ha llegado, quizá le sobró el primero de los decretos y una sentada más de negociación hasta alcanzar un acuerdo de compromiso con los pajaritos piando al alba. Si en realidad actuaba contra un acto flagrante de prevaricación, como se vendió inicialmente desde las filas socialistas, debió mantenerse firme hasta el final, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, que diría ZP.

Pero, a fin cuentas, la realidad es que esta diarrea de decretos exprés va a servir para salvar el pacto. Es verdad que la coalición está tocada por la desconfianza, pero no es menos cierto que tiene una nueva oportunidad para reorientar el tiro. Son muchos los andaluces que, situados en la zona templada de la izquierda, están a la espera de que el Gobierno andaluz se centre en solucionar los graves problemas que sufre Andalucía, con un paro insoportable y la falta de viviendas sociales a la cabeza, y se deje de jugar al adelanto electoral sin haber cumplido con lo prometido.