Los empresarios andan muy activos estos últimos días. Por un lado, el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), que agrupa a las 18 mayores empresas españolas, hizo público un plan de choque para crear 2,3 millones de empleos hasta 2018 y reducir la tasa de paro por debajo del 11%.

Y por otro, el Instituto de Empresa Familiar, lobby que representa el 27% del PIB español y que mantiene un 20% de empleo, dio un suspenso rotundo a la clase política y mostró una gran preocupación por la corrupción y el ascenso de Podemos en las encuestas.

El CEC mantiene en su plan de choque que, combatiendo la economía sumergida con más inspectores laborales, se pueden aflorar 827.000 empleos soterrados hasta 2018. A su juicio, 307.000 trabajadores cobran el desempleo y trabajan en negro y 275.000 inmigrantes ilegales están sumergidos también laboralmente.

Como guinda de su propuesta, plantea una reducción fiscal añadida de 30.000 millones. Eso sí, cifra en 20.000 millones la recaudación adicional que supondría una lucha más efectiva contra el fraude fiscal.

El presidente de Telefónica y del CEC, César Alierta, bendijo el plan y garantizó el funcionamiento de las instituciones pese a los casos de corrupción. Teniendo en cuenta que su empresa es de las más importantes de España –además, laboralmente es una especie de casa común de socialistas y populares, un generoso cementerio de elefantes-, su opinión pesa lo suyo en este país medio sumergido y enchufado al futuro.

El Instituto de Empresa Familia, que ofreció un retrato impagable, el Rey saludando a la archiimputada alcaldesa de Alicante, empeoró su opinión sobre los políticos: del 2,25 que les dio en 2013 al 1,08  que les ha brindado este año.

Y es que este lobby  anda muy preocupado por los casos de corrupción, sobre todo a raíz del estrépito causado por la Operación Púnica. Desde luego, ante el centenar largo de empresarios imputados en los casos de mangancia nacional, con el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, en el talego, no parecen ni siquiera inquietos. No hubiera estado mal ver cómo se puntúan a sí mismos en esta coyuntura para contar con una foto fija más detallada de la realidad nacional.

Pero la mayor preocupación del Instituto de Empresa Familiar se centra en el ascenso que dan las encuestas a Podemos, que atribuyen a la reacción de la ciudadanía ante tanta corruptela. En opinión de esta institución empresarial, los podemos son una fuente de "desestabilización" del sistema.

Tanto el CEC como el Instituto de Empresa Familiar no quieren reconocer que el terreno sobre el que Podemos está echando raíces también ha sido abonado por la clase empresarial española.

El hartazgo de una parte importante de ciudadanía, dispuesta a votar a Podemos para darle un potente purgante al sistema, tiene mucho que ver con la corrupción política. De eso no hay dudas.

Pero también es cierto que el bestial deterioro de las condiciones de vida de los españoles durante la crisis está siendo un potente reactivo para que Podemos se haya convertido en la primera fuerza política de España en estos momentos, cocine lo que cocine el CIS para salvarle la cara al PP.

A los 4,5 millones de parados hay que añadir que la inmensa mayoría de los asalariados han visto reducidos sus sueldos por encima de un 30% mientras que sus gastos fijos –hipoteca, luz, agua, cole, etc.- no han parado de crecer. Donde había una clase media más o menos desahogada en 2007, hoy solo queda una mayoría de españoles que a duras penas llega a final de mes.

En este tránsito, muchos de ellos han perdido sus casas a manos de unos bancos salvados con mucho dinero público. Muchos de ellos han perdido sus empleos de un día para otro en ERES diseñados como autopistas al desempleo. Muchos de ellos ven impotentes cómo sus hijos engrosan en esa vergonzosa estadística de menores por debajo del umbral de la pobreza o los ven partir a una emigración forzosa para buscar un futuro lejos de los salarios de mierda que ofrece esta recuperación económica de contratos de cuarto de hora.

De esa situación, por si no se han enterado, tienen mucha culpa los grandes empresarios, que avalaron una reforma laboral para devaluar salarios y personas en aras de la competitividad.

Hoy, como si los políticos fueran los únicos culpables, se presentan como salvadores de la Patria y nos ofrecen severas opiniones y sesudos planes de choque.  Y nos reclaman 30.000 millones más de sacrificios para cuadrar sus cuentas de resultados con más sangre, sudor y lágrimas. Así no se puede vivir.