Después del fiasco que cosechó en Cuba el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que no logró que el presidente cubano, Raúl Castro, ni su hermano, Fidel, le recibieran, estaba claro que la diplomacia española necesitaba urgentemente un golpe de efecto.

Como suele ser habitual desde que el PP llegó al Gobierno en 2011, el contencioso sobre Gibraltar, que Margallo siempre ha querido meter en el mismo saco territorial que Cataluña, resulta muy socorrido para tapar las miserias nacionales y enaltecer el patriotismo de cartón piedra que alimenta a su extrema derecha.

En esta ocasión, la ministra de Fomento, Ana Pastor, salió del Consejo de Ministros de Transporte de los 28 vendiendo a bombo y platillo que España había logrado excluir al aeropuerto de Gibraltar del Cielo Único Europeo.

Según la mayoría de los periódicos españoles, Pastor logró que dicho consejo aprobara el reglamento denominado SES2+ (Single European Sky), con el voto en contra del Reino Unido por la exclusión del aeropuerto de Gibraltar, tras amenazar con vetarlo argumentando que se trataba de "una cuestión de Estado de interés vital para España, ya que afecta a su soberanía e integridad territorial".

Aparte de que el derecho a veto en este caso en concreto no tenía cabida –no aplicaba el Luxembourg Compromise al no ser un asunto capital- , lo único que se discutió en la reunión fue un borrador del reglamento SES2+ (Single European Sky). Y España solo logró eliminar el párrafo 5 del artículo 1, que recogía hasta ahora una salvedad sobre la disputa del territorio en el que está asentado el aeropuerto, pero no consiguió su exclusión del Cielo Único Europeo, aunque lo planteó en una adicional incluida a pie de página.

Así las cosas, el silencio que recoge el actual borrador sobre este asunto no representa, bajo ningún concepto, ninguna exclusión; si acaso, todo lo contrario. En fin, una nueva trola de esta tropa.

Aparte de vender la piel del oso antes de cazarlo, la ministra española obvió que en los acuerdos de Córdoba de 2006, que suscribieron Moratinos, Hoon y Caruana, este asunto estaba plenamente resuelto en aras de una utilización conjunta del aeropuerto para beneficio de Gibraltar y el Campo de Gibraltar.

Es verdad que en 2012 Margallo incumplió dichos acuerdos al volver unilateralmente a la posición anterior a 2006 por entender que el uso conjunto del aeropuerto nunca llegó a ser efectivo y que se construyó en una zona ocupada ilegalmente y no incluida en el Tratado de Utrecht. Por cierto, mientras que la terminal gibraltareña se construyó en el tiempo previsto, la española se aparcó definitivamente cuando el PP llegó al poder para así enterrar casi definitivamente dicho uso conjunto y el importante desarrollo que le acompañaba.

Pero no es menos cierto que, en esos mismos acuerdos, se regularizó el pago de las pensiones a los ex trabajadores españoles en Gibraltar –el Gobierno británico ha abonado más de 100 millones de libras y llegará hasta los 200 millones-, que siguen cobrándolas hasta ahora puntualmente.

¿Podría llevar España al Reino Unido a plantearse incumplir esta parte de los acuerdos? Si no se abre definitivamente la lata del diálogo y continúa la escalada de desencuentros e incidentes, posiblemente.

Pero al actual Gobierno español no parece preocuparle excesivamente. Con esta política de confrontación permanente, que no deja de ser una reedición de la que inició el ministro franquista Castiella y que llevó al cierre de la frontera en 1969, los ciudadanos de ambos lados de la Verja le importan bien poco.

Son daños colaterales en esta nueva cruzada patriótica que se ufana de cumplir escrupulosamente con la normativa europea pese a vulnerar sistemáticamente la libre circulación de personas y mercancías.

Por no importar, no les importan ni los propios españoles. Alrededor de 10.000 andaluces trabajan en Gibraltar y son sometidos periódicamente a colas indiscriminadas e inhumanas en la frontera –la última, de cinco horas- con la excusa de una lucha sin cuartel contra el contrabando de tabaco, dirigida y alimentada por el consorcio de la Mesa del Tabaco, y contra otros supuestos ilícitos que en Andorra y Suiza, países muy amigos de España, son deportes nacionales.

Y, por supuesto, no les importa el deterioro de La Línea, que en estos dos años largos de crisis ha visto cómo su comercio con Gibraltar ha menguado hasta un 30%, cómo los servicios municipales han decaído hasta casi el abandono, cómo la población se ha empobrecido a galope tendido y cómo el paro se ha instalado para quedarse por encima del 40%.

Y ahora, para colmo de sadismos, la quieren dejar también sin el cachito de Cielo Europeo que comparte con Gibraltar.