Cuando Alberto Garzón pisó por primera vez en 2011 el Congreso, un veterano diputado de IU me comentó: "Es el futuro". En pocas intervenciones desde la tribuna de oradores, el joven malagueño demostró que era un buen político y que, efectivamente, podía ser el sustituto de Cayo Lara más pronto que tarde al frente de la coalición.
Garzón tenía ADN del 15-M, pero a la vez se había comprometido con una fuerza tradicional de la izquierda española –militaba en el PCE desde 2003- para renovarla.
Con la irrupción de Podemos a partir de las pasadas elecciones europeas, IU abrió el melón de la confluencia con la formación de Pablo Iglesias como alternativa a la renovación interna.
Sin embargo, con Garzón ya como candidato a la Presidencia del Gobierno y como secretario del proceso constituyente de IU –o sea, como líder de facto de la coalición-, cometió el error de apostar públicamente por la confluencia con Podemos en el peor momento, en vez de intentar mantener su marca a flote para negociar, en última instancia, de igual a igual con Podemos.
El primer varapalo de esta estrategia equivocada se lo llevó IU en las elecciones andaluzas. Antonio Maíllo, el candidato más sólido en la campaña electoral, vio cómo Podemos se quedaba con los réditos logrados por la formación izquierdista en el Gobierno de coalición con el PSOE. Al final, con cinco escaños, IU pasó de ser la tercera fuerza política andaluza a ser la quinta. De estar en el meollo, a casi la irrelevancia.
La crisis de IU en Madrid incidió aún más en el desconcierto que reinaba en la coalición, y esta apenas aguantó el tipo en las elecciones municipales y autonómicas. Podemos se quedó con gran parte de su electorado, ganando en municipios como Madrid, Barcelona y Cádiz y convirtiéndose en una fuerza decisoria en comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, Baleares, Navarra y Cantabria.
En ese escenario, Garzón se sentó días atrás con Iglesias. La reunión resultó cordial, pero el líder de Podemos le dejó claro a su interlocutor que ya solo cabe un proceso de absorción de cara a las próximas elecciones generales.
La confluencia de igual a igual, algo que le hubiera venido también muy bien a Podemos para darse una estructura más sólida y realista –tiene demasiados genes del ejército de Pancho Villa-, es ya misión imposible.
A Garzón, claro, no le quedó otra que declarar que no tenía intención de irse a Podemos, que su proyecto político era IU. A buenas horas, mangas verdes.
En fin, Iglesias, con el acuerdo Podemos e ICV en Cataluña, lo tiene claro y por eso se permite incluso el lujo de criticar con algo de saña y cierto recochineo a la coalición. Iglesias se está manejando con demasiada chulería y soberbia en una turné presidencial algo chirigotera.
Por otro lado, como estaba previsto, el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro empuró a los aforados del PSOE en el caso de los ERE. A Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías les acusó de un presunto delito de prevaricación, y a José Antonio Viera, de prevaricación y malversación de caudales públicos. Moreno salió libre de polvo y paja porque su imputación hubiera sido una aberración.
El PSOE ha reaccionado con la contundencia esperada y les ha reclamado las actas de diputado. Ellos, a excepción de Viera, que es harina de otro costal, las han entregado sin ninguna resistencia.
Siempre he defendido la responsabilidad política de Chaves y Griñán en este gravísimo caso de despilfarro y corrupción como máximos responsables de la Junta de Andalucía –el PSOE debió enviarlos directamente a sus casas y no ofrecerles la posibilidad de un aforamiento-.
Pero dicho esto, no acabo de entender muy bien la imputación judicial en sí, sobre todo en los casos de Chaves, Griñán y Zarrías –la de este último resulta, si cabe, más sorprendente aún-, por cambiar el sistema de subvenciones a empresas por el de transferencias de financiación.
Si es así, que pongan las barbas a remojar todos aquellos cargos púbicos que han utilizado esta herramienta presupuestaria a lo largo y ancho de la geografía española. Y que se tienten la ropa todos los legisladores en general, porque no tienen garantías de que sus decisiones legislativas no acaben en manos de unos chorizos.