En cualquier sitio medianamente civilizado, menos en España, el presidente de Murcia habría presentado esta misma noche su dimisión irrevocable. El caso de Pedro Antonio Sánchez adquirió el martes tintes sainetescos con las últimas informaciones judiciales sobre su persona. La única manera de convertir el asunto en algo medianamente serio es su renuncia al cargo que ocupa, el de presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia.

 Son ya demasiadas sospechas, demasiadas dudas y demasiadas incertidumbres sobre sus actuaciones como gestor del dinero público para no ser tomadas en serio. Pero la inveterada costumbre del Partido Popular con respecto a los indicios de corrupción en su seno ––"¡Luis, sé fuerte!"–– tiene cumplida continuidad en Murcia, esa pequeña autonomía uniprovincial que ya rivaliza directamente con la gran Valencia en cuanto a "casos aislados" se refiere.

Y es que el ínclito Sánchez acumula bajo su firma demasiados episodios independiente. O sea, "casos aislados". Lo de que la Guardia Civil pida al juez que lo impute por intentar arreglar su reputación con dineros públicos, léase, en la Operación Púnica, va por un lado. Por otro, el famoso auditorio que da nombre al "caso" en el que se gastaron los seis millones de euros presupuestados sin que la obra se terminara.

Item más y traca final, de momento: la juez que llevaba ese segundo asunto ha pedido que otro juzgado investigue si hay prevaricación administrativa en la contratación en 2006 por el equipo municipal de Puerto Lumbreras (Murcia), siendo alcalde el ínclito Sánchez, para realizar unas "obrillas" que fueron encargadas, ¡qué casualidad!, al mismo arquitecto autor del proyecto del auditorio, Martín Lejarraga.

 Demasiado para Sánchez, cabría decir. Pero no lo parece. El hombre, según se desprende de su actitud del martes mismo, está dispuesto a aguantar carros y carretas hasta que no sea imputado formalmente. Todo indica que lo será más bien antes que después y, posiblemente, en más de uno de esos tres asuntos que le afectan directamente.

Quizá sea que, en vísperas de la celebración del Día de la Comunidad el próximo nueve de junio, el presidente delfín de Ramón Luis Valcárcel no quiere que sea alterada la celebración de los fastos regionales anuales. O, más bien, que se aferra al cargo como una lapa a la roca confiando en que los enviones de la marea no sean tan fuertes como para separarlo del seguro soporte.

Aun en el cada vez más dudoso supuesto de que el presidente murciano no llegue a ser imputado, queda meridianamente claro que ni él, ni su mentor Valcárcel, ni parece que nadie en el Partido Popular quiere darse por enterado de qué son eso que llaman responsabilidades políticas al norte de los Pirineos, allende el Atlántico y en cualquier otro lugar donde la gestión pública sea considerada un honor temporal por delegación de los ciudadanos y no una prebenda o regalía conseguida una vez y ganada para todos los siempres, in secula seculorum, amén. Y Ciudadanos, gracias a cuyo apoyo fue investido Sánchez, sigue poniéndose de perfil.