Un Tribunal poco Supremo

Convirtámonos en gobernantes por un instante. Imaginemos que somos los responsables políticos de nuestro país. Y que tenemos un compromiso con la democracia. Tenemos que gobernar y hay que hacer ciertos gastos. Hay que escoger en qué gastar unos recursos que siempre son escasos. La democracia no es barata. ¿No habría que empezar garantizando el Estado de derecho?

Porque ¿qué es antes, la democracia o el derecho? La verdad es que vienen casi de la mano. El derecho que no está comprometido con la igualdad es un sistema legal, pero no es un sistema de justicia. Preguntémonos entonces: ¿cuánto habría que invertir en construir un Estado de derecho? Porque el Estado de derecho es, quizá, la expresión más compleja de la institucionalidad de un país. Incluso de un país capitalista. El Estado de derecho presupone un sistema judicial confiable y bien preparado. Hay que garantizar la propiedad privada, las trasacciones comerciales, el futuro. Ahí están las universidades, las escuelas jurídicas y, claro, las relaciones con otros sistemas judiciales. El Estado de derecho implica policías, cárceles, abogados. Y jueces. Por supuesto, también una Constitución. Que es  aprobada por un pueblo informado. Hacen falta también, entonces, medios de comunicación. Son mil piezas de un puzzle enorme.

¿Cuánto hay que invertir para contar con jueces honestos comprometidos con la Constitución? ¿Cuánto tiempo necesita un país para formar a hombres y mujeres honrados? Un Estado de derecho necesita una jerarquía jurídica que garantice  la posibilidad de reclamar. Para que la pregunta “quién vigila al vigilante” tenga respuesta.  ¿Cuánto dinero cuesta armar ese ejército de gente comprometida con la idea de igualdad en la que reposa la Constitución?

En España, todo eso, parece que cuesta menos de los 5000 millones que los bancos tenían que devolver a los ciudadanos por haber cargado sobre los clientes los impuestos de las hipotecas. Sobre esos ciudadanos que creen en la Constitución, en los jueces y en la jerarquía del poder judicial.

Jueces honestos, por tres veces, dijeron que los que ganan dinero con una transacción son los que tienen que pagar los impuestos. Pero los bancos, que llevan mucho tiempo invirtiendo en el PP y en Ciudadanos, no quieren malgastar su dinero. Y han comprado el Estado de derecho por 5000 millones. Nuestra democracia hoy se ha arrodillado gracias a 15 jueces del Supremo. Y encima, el mismo día, Europa nos dice que contra el mundo abertzale el Estado de derecho tampoco valía. Luego salen los reyes, el Emérito o el preparado, a decirnos que la justicia es igual para todos. Para el que roba un bocadillo o roba 5000 millones. Para los políticos catalanes en prisión o para los que tienen la connivencia de los altos tribunales. Hoy quizá se entienda un poco más por qué decimos que en España la judicatura se acostó franquista y se despertó demócrata. Vamos, que les regalamos la condición de tales. Y que así, la democracia no está a la altura.

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