El mayor problema de Libia, tras la llamada Operación Sirena, no es el de la caza y captura de Gadafi sino el del reparto del botín, dado que los intereses de buena parte de la rebelión no coinciden con los de las grandes trasnacionales del petróleo y del gas que esperan sacar tajada de esta guerra en la que la OTAN ha sobreactuado más allá de los límites de la resolución 1973 de Naciones Unidas.

¿Qué ocurrirá, en ese mundo de arena, con las tribus de Wafala y Tarhuna aliadas de Gadafi? ¿Y con los bereberes salafistas de La Cirenaica, agrupados por la Hermandad Musulmana y que despacharon a su líder Abdel Fatah Younis, al creerle agente francés? ¿O qué papel jugarán los mercenarios de uno y otro bando? Habrá que ver quien liderará el Consejo Nacional de la Transición. Tal vez, algún comisario qatarí, algún veterano de la resistencia contra Italia, un rey anacrónico o Mustafa Abdel-Jalil, ministro de justicia libio y cómplice por tanto de Gadafi, desde 2007 hasta su dimisión en febrero.

Medio mundo se apresta a juzgar a los gadafistas, pero ¿quién juzgará al resto?. A quienes han bombardeado edificios civiles, entre los que figurarían facultades, hospitales y ministerios, así como las refinerías de Zawiya. ¿Qué papel jugaron los helicópteros Apache o nuestros cazabombarderos en los letales ataques aéreos? ¿Acaso no supervisamos el desembarco de armamento y de tropas en Misrata, a pesar de que la ONU vetaba nuestra intervención terrestre?

El eco de Irak y de Afganistan quizá llegue a Libia. Los amos del universo debaten su futuro, pero las sirenas siguen cantando en el desierto. Y todavía aúllan allí las hienas de las armas.