El cocodrilo europeo lloraba amargamente durante el pasado octubre cuando recontábamos muertos a orillas de Lampedusa, la isla de Orlando que sirve como puente o como foso entre el norte de Africa y Sicilia. Tras los emotivos discursos, una vez agotado el periodo de lo golpes de pecho y el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, lo único que se escuchan son los motores de la Armada italiana recorriendo el Mediterráneo en busca de bárbaros del sur a los que poder expulsar vivos o muertos. Tampoco España se libra del fariseísmo: dado que no parecen legales algunos de los métodos utilizados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la salvaguarda de nuestras fronteras, hagamos que lo sean. Ese parece ser el propósito del grupo de trabajo creado por el ministerio del Interior para afrontar los frecuentes y multitudinarios casos de inmigración clandestina en las fronteras de Ceuta y Melilla. Se trata de establecer una concertina de cuchillas legales para que se estrellen en ella los sueños y las pesadillas de los desesperados. Y, como telón de fondo, quizá resuene la vieja voz cazallera de Marlon Brando, disfrazado de Vito Corleone y proponiendo, ante cualquier crimen, que parezca un accidente.

Resulta encomiable el empeño de Jorge Fernández Díaz de blanquear estos sepulcros. Algunos de sus predecesores en el cargo parecían asumir esa misma actitud y con sus idénticos resultados. Fue el caso, por ejemplo, de José Luis Corcuera, el inventor de una ley que popularmente llevó su nombre y que consistía en la práctica de la patada en la puerta como cumbre de nuestro Estado de Derecho. Aquel mismo responsable ministerial materializó en 1992 un acuerdo con Driss Basri, titular de Interior de Marruecos, para devolver a dicho país, no más tocar playas españolas, a los espaldas mojadas marroquíes que cruzaran el Estrecho de manera clandestina. Quedaba en el aire la situación de los que provinieran de terceros países, que terminaron acantonándose en territorio marroquí bajo continuas redadas, encarcelamientos, expulsiones o flagrantes casos de racismo y xenofobia. Hasta bien entrada la primera legislatura de José María Aznar no se materializó un acuerdo complementario para, al menos, prestarles asistencia legal antes de decidir su retorno a la orilla sur de esa encrucijada. Resulta curioso comprobar, desde la perspectiva histórica, como el mismo ministro que se saltó a la torera las garantías para los españoles y los residentes legales en nuestro país, era el que ensayaba la vulneración de derechos civiles esenciales en la probeta de la inmigración clandestina. Una cosa suele llevar a la otra. Y, ahora, veinticuatro años después, tampoco es distinto.

Fernández Díaz debe admirar mucho a Corcuera porque está profundizando en ambas líneas de trabajo. De un lado, ha perfeccionado el sistema de devoluciones para que Marruecos acepte sin rechistar la repatriación de personas procedentes de países situados al sur del Sáhara, con la misma naturalidad como si vinieran de Beni Melal o de Hansala. Y, destila con primor las esencias constitucionales para que todo se haga con aparente arreglo a la ley, ya sea la devolución en caliente de los fugitivos de la miseria o pegándole una patada a la puerta de nuestras cancelas fronterizas. No acaban ahí las odiosas comparaciones. El mismo gobierno que intenta buscarle encaje legal a la curiosa práctica de disparar pelotas de goma contra los nadadores desvalidos o para la pintoresca costumbre de desinflar salvavidas y balsas de plástico, es el mismo que ensaya una nueva ley de seguridad ciudadana que consagra el abuso, la privatización de la represión y las sanciones económicas como la mejor mordaza para una España empobrecida que no se podrá permitir siquiera el lujo de ser rebelde, a riesgo de arruinarse para los restos bajo multas caprichosas y prácticas arbitrarias que terminarán poniendo a Montesquieu bajo sospecha.

En dos momentos históricos cruciales, hemos comprobado como primero acabamos con los derechos ajenos para poder acabar luego con los derechos propios. Lo peor es que, en este caso, no sólo ocurre en España sino que se extiende a escala comunitaria en donde cada gobierno ensaya nuevas prácticas persecutorias que empiezan en las fronteras y terminan en las manifestaciones. Asistimos, como denunciaba Sami Nair en un reciente artículo, a la renacionalización de las políticas de Extranjería, en un claro retroceso para quienes venían reclamando una legislación común en esta materia. Cada cual hace de su capa un sayo, desde la Gran Bretaña de Cameron a la Francia de Hollande, sin descuidar Italia y Grecia como otros puntos calientes del mapa de esta historia universal de la infamia que se ceba hoy en niñas gitanas y, al día siguiente, en menores de Sierra Leona.

Es absolutamente irracional que la Unión Europea se desentienda de lo que ocurre en las fronteras de Ceuta y Melilla porque no sólo son las de dos ciudades autónomas españolas sino que constituyen el Ponto Euxino de su propio imperio romano. Sin embargo, tanto España como Europa parecen creer que todo se arregla con mandar a robocop a patrullar el flanco sur. ¿Dónde queda la vieja política de cooperación al desarrollo? Los recortes económicos han acabado con tales prácticas con el mismo entusiasmo que los recortes en libertades están finiquitando nuestras salvaguardas legales, empobreciendo visiblemente nuestro nivel de democracia. El fascismo es el fascismo, lo conjugue Agamenón o su porquero. No parece que lo más sensato para frenar las propuestas electorales del Front National, los partidos democráticos terminen asumiendo el discurso y la práctica de la extrema derecha respecto a la inmigración.

Frente al discurso de quienes disienten de ese hilo argumental, la demagogia al uso suele plantear: ¿abrimos entonces las fronteras y que pase libremente quien sea? No hay que perder demasiado tiempo a la hora de referir que es lo que hemos hecho prácticamente con capitales y mercancías. Se trataría, más bien, de razonar que sin un equilibrio razonable entre deberes y derechos, el sueño europeo dejaría definitivamente de merecer la pena. ¿O es que tantos siglos de supuesta civilización en este territorio no propician una solución sostenible para dotar de seguridad a las fronteras externas y garantizar el respeto a los derechos básicos de cualquier persona?

Hace unas horas, el ministro Fernández Díaz sentaba cátedra en materia de cooperación internacional, apelando a que la Unión Europea (UE) "se implique bajo el principio de solidaridad y responsabilidad compartida" en ayudar a los países de origen y tránsito a luchar contra las mafias. Ese brindis al sol lo formula el titular de una cartera que sabe que los Presupuestos Generales en ejecución han supuesto un recorte de dos mil millones de euros en la Ayuda Oficial del Desarrollo de la Secretaría de Estado para la Cooperación, un nuevo tijeretazo del 9,2 por ciento que viene a sumarse a los de años anteriores y que desplaza su gestión del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación al de Economía y Hacienda, que es quien se encarga de las contribuciones obligatorias a la Unión Europea, que es prácticamente el dinero que nos queda en el saco donde antiguamente jugábamos a ser Robin Hood.

¿Se está hablando de todo ello en la campaña de las elecciones europeas? Me temo que no, aunque ignoro si se está hablando de cualquier cosa en una campaña que apenas trasciende más allá del cuarto de los cabales de los partidos que esperan no precipitarse al vacío el próximo 25 de mayo. Ahora, Fernández Díaz se permite filosofar con pólvora ajena, asegurando que la inmigración ilegal masiva "tiene sus raíces más profundas en las desigualdades injustas" entre los países de origen y de tránsito de los migrantes y los estados de la UE. Cuarenta millones de euros invierte Europa en fronteras. España destinará dos millones a lo mismo. ¿Cuánto nos gastamos en frenar el hambre real o el apetito de nuevos horizontes que moviliza a miles de personas hacia nuestro mundo? Nuestro país no escatima sin embargo en gestos de complicidad respecto a nuestros vecinos del sur: nuestra idea de Africa debe ser Teodoro Obiang Ngema, otro campeón mundial en materia de libertades a quienes hemos abierto de par en par las puertas de España, sin cuchillas que valgan y sin devolverlo en caliente hacia el Tribunal Internacional de los Derechos Humanos.