Los manifiestos son para el verano

Antes de que entrara en escena el change.org, las iniciativas legislativas populares y otros complots virtuales y ciudadanos, este país venía fabricando una treintena de manifiestos al año: en su mayoría cívicos o ecologistas, aunque también los hubiera estrictamente políticos aunque de tendencia diversa. Tenían, eso sí, menos efecto que una escopeta de caña. Nada que ver con aquellos yo acuso tan decimonónicos, tan a contracorriente y tan audaces. Ah, tiempos aquellos en que reclamaban la república y la conseguían. En la historia de nuestra democracia, la utilidad de estos documentos ha ido siendo inversamente proporcional a su profusión. De hecho, han terminado por verse reducidos a una suerte de photo call donde los firmantes posaban ante cualquier causa perdida, sin demasiadas esperanzas de llegar a ganarla.

El plusmarquista español de los manifiestos ha sido el Partido Comunista e Izquierda Unida, que tiraban del archivo de los abajo firmantes y lograban poner en circulación cualquier proclama a favor de la despenalización del divorcio o del aborto, contra la OTAN o contra la actual ley electoral, por poner un caso, con una celeridad digna de Facebook o de twitter, en épocas inclusos en las que no existía ni twitter ni Facebook.
No en mi nombre. Esta práctica de origen diverso pero que alcanzó un cierto vigor en la Francia de la posguerra mundial, en el caso español pretende ser un vademécum de la dignidad, una nomenclatura de la disidencia, un ghotta de la rebeldía en un lugar cada vez más domesticado, más ortodoxo y más indigno.

Los manifiestos, no cabe duda, son para el verano. Más tiempo libre o más posibilidad de encontrar encaje en los medios de comunicación. Se trata de la época del año en la que más florece esta rara especie vegetal, que empezó siendo papel y últimamente está escrita, como la respuesta de Bob Dylan, en el viento del ciberespacio. A lo largo de la última semana, sin ir más lejos, han aparecido en escena dos documentos que podrían llegar a ser complementarios pero que en la España que nos atribula, terminan siendo antípodas. Uno y otro lo firma gente de relieve, respetada en muchos casos e incluso objeto de admiración despendiendo de nuestras diferentes perspectivas políticas o mediáticas. Su enunciado común es Cataluña y su propósito último también les une: movilizar a quienes, a juicio de sus impulsores, se vienen tomando el independentismo catalán con la misma parsimonia de hombros encogidos como si estuviéramos hablando de algún lugar perdido en los Balcanes.

Por un lado, más de cincuenta intelectuales –en su mayoría escritores, aunque no faltan cómicos ni representantes públicos—se han constituido en plataforma, bajo la denominación genérica de “Libres e iguales”. Su enunciado parte de la idea de que el desafío secesionista catalán no ha recibido la respuesta que merece, aunque sitúan dicha contestación en el ámbito dialéctico y no en el de la acorazada Brunete. «El secesionismo catalán pretende romper la convivencia entre los españoles y destruir su más valioso patrimonio: la condición de ciudadanos libres e iguales”, afirman los promotores de esta iniciativa que junta bajo el mismo paraguas a Mario Vargas Llosa, a Federico Jiménez Losantos o a Javier Martínez Reverte, pasando por Félix de Azúa, Andrés Trapiello, Fernando Sánchez Dragó, Carlos Herrera o Juan Bonilla.

“El nacionalismo –prosigue– antepone la identidad a la ciudadanía, los derechos míticos de un territorio a los derechos fundamentales de las personas, el egoísmo a la solidaridad. Desprecia el pluralismo social y político, y cuando trata de establecer fronteras interiores arrincona como extranjeros en su propio país a un abrumador número de ciudadanos”.

Adolfo Suárez Yllana, Nicolás Redondo Terreros, David Gistau, José María Fidalgo, Joaquín Leguina y varios responsables públicos del PP figuran en dicha relación. El hecho de que su texto se diera a conocer ante el Congreso de los Diputados y fuera leído por una diputada conservadora marca, desde luego, una clara intencionalidad. Esto es, no aspira a disuadir a los catalanes que, según todas las previsiones, secundarán masivamente el simulacro de consulta del próximo 9 de noviembre. Es más, dan por perdido a dicho segmento cuando, sin embargo, resulta crucial en el actual debate. Nada, en un sentido o en otro, podrá hacerse sin la aquiescencia o el rechazo de los propios catalanes. Sus palabras, sin embargo, se dirigen a la trinchera contraria, a fin de llevar a cabo un claro ejemplo de pedagogía social y movilizar a la sociedad española contra la independencia de Cataluña. Es un acto de cabreo político y una regañina en toda regla. Por un lado, afirman que “el secesionismo catalán se hermana con el populismo antieuropeo y promueve la derrota de la democracia española”. Y, en relación con el resto del Estado, vienen a decirnos que nos falta contundencia, que “España es hoy un Estado a la defensiva y en sus élites prevalecen el tacticismo y la resignación”.

Falta un debate público sobre este asunto, proclaman y es cierto. Exigen mano dura, desde el punto de vista legal, de manera que reclaman al Estado “que aplique toda la ley y advierta con claridad de las consecuencias de violarla. Ninguna infracción legal debe quedar impune y ninguna sentencia puede ser desacatada”. De entre los partidos estatales, se dirigen específicamente a PP, PSOE, UPyD o Ciudadanos, ya que deben dar por perdidos para este frente al resto de las formaciones políticas.

No se trata, por lo tanto, de una iniciativa que busque el consenso de amplias capas de la sociedad de Cataluña para alcanzar una complicidad que permita dinamitar desde dentro el proceso soberanista. Esto es, parece partir de la idea de que ese frente está minado y es necesario buscar refuerzos constitucionalistas en el resto del mapa español que, por otra parte, ya se ha resignado incluso a que nuestra soberanía nacional no dependa tanto de Artur Mas sino de Angela Merkel. Ignoro si despertará conciencias entre el españolismo pero, desde luego, el texto puede contribuir a incrementar la producción creciente de catalanistas.

El otro manifiesto, promovido por Nicolás Sartorius, también parte del riesgo de adoptar una actitud inmovilista ante el independentismo y propone, como alternativa, un sistema de federaciones asimétricas como solución a los problemas que plantea un Estado de las Autonomías «insuficiente» que «ha llegado a su término de eficacia». El federalismo seria la culminación natural del Estado de los Autonomías, a la manera de Alemania, Australia o Estados Unidos. También vienen a considerar de que la consulta que se plantea es ilegal, que no puede considerarse ni siquiera como una encuesta y que “Una posible separación de un territorio de España, ya sea Andalucía, Cataluña, La Rioja y Murcia, es un problema que afecta al conjunto del país. Por lo tanto es el conjunto del país el que tiene que decidir», ha subrayado Sartorius.

Entre los firmantes, en esta ocasión, figuran el ex ministro socialista Angel Gabilondo o el escritor José Manuel Caballero Bonald, los cineastas José Luis Cuerda y Manuel Gutiérrez Aragón, Almudena Grandes, Luis García Montero, Baltasar Garzón o un largo listado de personalidades relevantes, entre las que cabe citar a periodistas de tan diferente registro ideológico como Jesús Maraña o José Antonio Zarzalejos. Tal vez su contenido pueda suscitar simpatías en algún sector de Cataluña pero da la sensación de que, al día de hoy, buena parte del catalanismo insurgente sólo consideraría la solución federal a posteriori de la independencia. Por muy ilegal o traumática que sea dicha solución.

Hace dos años, ya hubo otro manifiesto surgido desde la propia Cataluña en la que se abogaba por un planteamiento similar. En aquella ocasión, lo firmaban, entre otros, la cineasta Isabel Coixet, la escritora Anna Maria Moix y los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Publicado en la red por parte del grupo “Federalista i d´Esquerres”, acusaban a CiU de «haber consumado en muy poco tiempo un giro estratégico y oportunista, poniéndose al frente de un movimiento independentista que pretende iniciar un proceso de secesión en Cataluña». Y añadía que»el énfasis en las virtudes económicas de la independencia, que no se sostienen en un análisis riguroso, no es otra cosa que una calculada estrategia para esquivar una realidad social rotunda desde hace muchas generaciones: el hecho de que la mayor parte de la ciudadanía de Cataluña compartimos catalanidad y españolidad en grados diversos».

Los impulsores de este alegato consideran que la ruptura con España «no es la única salida de futuro» y que el inicio de un proceso de secesión en un contexto como el actual «pone en peligro la cohesión social y no es el camino para mejorar las condiciones de vida de los catalanes». «Huimos de las visiones apocalípticas sobre una virtual secesión, pero tampoco estamos dispuestos a aceptar de manera acrítica los argumentos azucarados del independentismo», afirmaban en aras de un federalismo «nuevo y potente» a escala estatal. Suscrito en 2012, hoy cabe aducir que no tuvieron demasiado éxito sus proclamas.

Quizá el problema de estas propuestas estriba en que Cataluña, por lo que nos cuenta el radio macuto de sus calles y el reflejo que su imaginario tiene en los medios de comunicación, no dirime ahora la independencia, el federalismo o la media pensión sino otra cuestión capital, la del derecho a decidir. Es el concepto de autodeterminación el objeto principal de debate al día de hoy. El manifiesto de Mario Vargas Llosa y Albert Boadella da a entender que no cree en semejante reivindicación, pero no se pronuncia explícitamente al respecto. El de Caballero Bonald y Nicolás Sartorius, tampoco, aunque todo induce a creer que respetarían dicho criterio.

Si se permiten apuestas, habrá urnas simbólicas el 9 de noviembre, ocurra lo que ocurra con la escena del sofá que vuelven a protagonizar Mariano Rajoy y Artur Mas. Después, ya veremos. Lo mismo ambos pretendan resolver el contencioso con un blindaje fiscal de esta comunidad autónoma, mejorando el contrato histórico que el País Vasco y Navarra tienen suscrito con el resto de España. Ahí tendríamos un serio problema de encaje de bolillos, ya que profundizar en ese camino ahondaría en los desequilibrios territoriales del actual estado de las autonomías. Sorprende y alarma que el jacobinismo español gane posiciones merced a la murga harto discutible de que los gobiernos regionales nos salen demasiado caros para el servicio que dan. De un 20 por cierto en 2007, los partidarios de recentralizar nuestro mapa político ya se sitúan en torno al 33, lo que podría explicar determinados repartos económcios del Gobierno central que no sólo se dirigen contra Andalucía la Roja sino contra feudos propios como Galicia, Madrid o Valencia.

¿Qué decirle a los catalanes desde el resto del mundo español hasta ahora conocido? Hay un nuevo manifiesto que intenta poner en pie un mensaje distinto. Que no nos dejen solos frente al Santiago y cierra España. Y que seguro que encontramos una solución para acabar con ciertas prácticas de este país de todos los demonios, que puede que no nos robe el canut de los presupuestos públicos como los catalanistas creen sino que nos trincan lo mejor que tenemos, la fuerza de la unión y esa antigua patria común a la que legítimamente llamamos Utopía. Yo lo firmaría, desde luego.