Corazón de Olivetti

Gallardón, el brazo listo de la ley

 

Hubo un tiempo en que la ley se alzó contra la barbarie, pero ahora ocurre justamente al contrario. En nuestro país, la justicia se tuerce a favor de los poderosos, en una operación milimétricamente calculada para perpetuar al conservadurismo político y desguarecer a las víctimas del capitalismo salvaje, ese basilisco que se agazapa en la historia desde la revolución industrial y que sólo acicaló sus terribles potencias para guapearse frente al muro de Berlín.

Es como si a Torrente le hubieran encargado la misión de acabar con Montesquieu, el hombre que amaba la división de poderes. Van a clavarle sucesivos piolets en su cráneo privilegiado, pero sin la disciplina asesina de Ramón Mercader sino con la grosería de quienes entienden que el rodillo parlamentario legitima sus excesos. El Partido Popular fragua previsibles pucherazos como la elección directa de alcaldes –hipótesis barajada por el PP y actualmente aparcada –que no retirada—por aquello del diálogo parlamentario sobre regeneración democrática. No obstante, en los últimos tres años, desde la salud a la educación pasando por un claro debilitamiento de lo público frente a la voracidad privada, están dejando a España tan desguazada que no va a conocerla ni la madre que la parió, como hubiera dicho en sentido inverso y en otro tiempo Alfonso Guerra.

Mientras amaga eternamente con la promulgación de una ley trentina contra el aborto, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, está echando a bajo sus tabiques de forma chapucera, con el pretexto de esas reformas que la ciudadanía busca hacia adelante y el poder dice encontrarlas a la reversa. La quiebra de la independencia de los tres poderes democráticos, que el Partido Popular ha denunciado activamente en países como Venezuela, empieza a convertirse en la marca de La Moncloa y de la calle Génova. Y, desde luego, va pareja a una serie de transformaciones en la administración y en la estructura de los tribunales que, a primera vista, persigue y consigue varios objetivos: alejar la justicia de los ciudadanos, privatizar sus servicios, debilitar la figura de los letrados e incluso atar de pies y manos a los trabajadores que pretendan recurrir una sentencia laboral contraria a sus intereses. Quizá esté intentando con todo ello desplazar a José Ignacio Wert del podio del ministro peor valorado.

A pesar de que en su propio partido crece la desconfianza hacia el anterior alcalde de Madrid, Gallardón sigue adelante con su política de reformas que  no pueden contemplarse como fenómenos aislados sino que se encuentran claramente conectadas. Así lo considera por ejemplo la ONG Rights International Spain, cuya directora Lydia Vicente, entiende que se persigue la restricción de derechos por un lado y el establecimiento de trabas a los justiciables.

El dedazo de Manuel Marchena.-

El próximo día 30 de septiembre, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial decidirá quien preside la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y casi todas las papeletas las tiene Manuel Marchena, un viejo compañero de viaje del Partido Popular, que protegió a Josep Piqué con un dictamen que le libró del procesamiento por el caso Ertoil, o votó a favor de la absolución de Francisco Camps en abril de 2013, a pesar de las abultadas pruebas en contra del ex presidente de la Generalitat de Valencia. También intentó contra las cuerdas a Baltasar Garzón, en pleno procesamiento del franquismo, por aquellos ridículos cursos en la Universidad de Nueva York patrocinados por el Santander y cuya tramitación fue archivada, cuando él realizaba actividades similares, eludiendo, eso sí, su dedicación exclusiva como magistrado del Supremo.

Ahora, de confirmarse su nuevo cometido, Marchena tutelará procedimientos sobre corrupción como el de los ERE falsos de Andalucía o el de la red Gurtell de la que se malicia que financió al partido que ahora va a premiarle con tan privilegiada presidencia. No en balde, fue hombre de confianza de Jesús Cardenal, cuando ocupó la Fiscalía General del Estado durante los mandatos de José María Aznar en la presidencia del gobierno. Transparencia, independencia, pluralismo, profundización democrática, se oye mientras tanto en la calle y en las cámaras.

Un Consejo General partidista.-

Alberto Ruiz Gallardón lo avisó desde el primer momento que pisó el hemiciclo. En enero de 2012, abogaba por modernizar la administración, lo que en su caso debe ser sinónimo de acabar con ella. Ahora bien, ¿dónde está su compromiso de que iba a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Desde su punto de vista, estos habrían de ser escogidos por miembros de la propia Magistratura para acabar así, supuestamente, con la "politización" de la Justicia y con el actual "sistema perverso" de elección. "La división de poderes a efecto del ciudadano está vulnerada por la lucha partidista", recalcó entonces el ministro. Pero, ¿los magistrados son acaso ángeles sin significación política? Ha olvidado claramente sus palabras, ya que en el nuevo proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, la jerarquía justiciera de este país –alrededor de 153 cargos—será designada por el Consejo General que, a partir del nuevo modelo, será elegido directamente al completo por el Parlamento, a través del reparto de cuotas entre los partidos que tanto deploraba entonces Gallardón.

De momento, la futura Ley Orgánica, que ya agota sus plazos tras varias reformas parciales sin control legislativo, ha incorporado la eliminación del aforamiento de jueces y fiscales, aunque el de los representantes políticos está pendiente de consenso en los próximos dos meses. Se establecerá, eso sí, la instrucción colegiada de casos de gran repercusión social, sobre los que tendrán que dirimir tres jueces y no uno en el Supremo. ¿Qué criterio se seguirá a la hora de fijar dicha repercusión? ¿Un mangazo a gran escala en las arcas públicas o el asesinato con dolo de un menor? Este asunto ha despertado zarpullidos internos dentro del PP, hasta poner de acuerdo a las enemigas íntimas Soraya Saéz de Santa María y a María Dolores de Cospedal que entienden que Gallardón se pasa tres pueblos con tal de obtener un refuerzo en sus cotas de popularidad.

Los jueces no podrán opinar sobre causas abiertas aunque sí podrán hacerlo sus asociaciones profesionales, pero siempre en abstracto y en cuanto a criterios doctrinales. Es una nueva mordaza, como la Ley de Seguridad Ciudadana que también pretende instaurar el silencio como banda sonora de la vida española. La reforma permitirá al Consejo General ordenar a un medio de comunicación, a un representante político o a otro juez que dejen de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que considere que se perturba así su independencia. Las sanciones al respecto ya se conocen pero los criterios objetivos para sustentar dicha censura, no.

La Justicia Universal se reducirá a un mero paripé, tras la retirada de la anterior ley a comienzos de este año por presiones del Gobierno chino y favoreciendo con ello a tiranos, verdugos y narcos internacionales. Eso sí, habrá dos jueces más en la comisión permanente del Congreso General, que pasa de cinco a siete vocales. ¿Acercar la justicia al ciudadano? Van a suprimirse las audiencias provinciales, aunque se establecerá un tribunal de instancia por provincia, que quizá pueda ampliarse en algunas provincias que así lo requieran.

Un paso más para una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, para dinamitar los actuales partidos judiciales que a su juicio eran propios de un siglo XIX escabroso en materia de comunicaciones terrestres. En gran medida, se trataría de recentralizar en las capitales de provincia determinados servicios judiciales, lo que ha puesto en pie de guerra a funcionarios, secretario, fiscales y jueces, incluyendo los decanos que pasarían a mejor vida, a favor de un presidente del nuevo Tribunal de Instancia que sería políticamente elegido por el politizado Consejo General del Poder Judicial. Hoy por hoy, lo más parecido a la democracia que existe en nuestro sistema judicial es la elección de decanos y tiene sus días contados. En cierta medida, se trataría de reproducir el concepto piramidal del ministerio fiscal, jerarquizando a los jueces, quitándole autonomía y aumentando la tutela del poder ejecutivo sobre el judicial. Visto lo visto, en el mundo Gallardón, la justicia de hoy es más cara para sus usuarios y la de mañana también será más distante.

¿Justicia para todos?.-

A la luz de la polémica que actualmente mantiene con los barones de su partido en torno al aborto, el ministro de Justicia parece ser que es el único miembro del gabinete que cumple sus promesas. Así, en aquella primera visita al Congreso, alertó de que iba a instaurar la controvertida cadena perpetua revisable y así lo hizo, en el marco de otra reforma, la del Código Penal de 1995. Del mismo modo, pregonó las tasas judiciales como una receta mágica contra el abuso de acceso a los tribunales y la litigiosidad abusiva.

Quizá no se atreva a llevar adelante, en cambio, la delimitación de competencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a fin de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, lo que supondría darle más munición si cabe al soberanismo catalán. Ni una palabra sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, también anunciada en su día, junto con una nueva ley de Mediación. O la de la Jurisdicción Voluntaria que finalmente quedó reducida a la privatización de ciertos trámites a favor de notarios y registradores de la propiedad, dos gremios favorecidos por estas reformas, frente al varapalo sufrido por la abogacía.

La Ley de Tasas Judiciales ha supuesto el establecimiento, de facto, de una justicia para ricos y otra para pobres, dependiendo de quien pueda pagar o no determinados gravámenes. De hecho, las empresas litigantes pueden desgravarse las tasas, pero los particulares no.

Adiós al Supremo, pero adiós también a otras instancias superiores. Se calcula que los recursos han conocido una caída aproximada al 40 por ciento, que deja prácticamente indefensas a miles de personas que no pueden costearlos. Esta reforma, sobre todo, ha significado un claro torpedo en la línea de flotación de numerosos bufetes, que están viviendo una reconversión considerable.

Los abogados intentan defenderse, más a título particular que a través de su órgano colegiado, haciendo valer que dichas tasas vulneran el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva, como sostiene el letrado Manuel Ruiz de Villa en un recurso planteado a raíz del pago que se le exigía a un cliente por un recurso de apelación. Aún se desconoce la suerte del rechazo a las tasas –el importe de las fijas estriba entre 150 y 1.200 euros-- que hicieron llegar al Constitucional el Gobierno de Canarias, la Diputación General de Aragón, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista. También queda pendiente de resolver una cuestión prejudicial presentada por este motivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

¿Asistencia gratuita?.-

Otro frente se sitúa en los Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Tras numerosas discrepancias mantenidas sobre todo desde los tribunales superiores de justicia de las comunidades, en junio del año pasado, la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo acordó que las tasas no eran exigibles a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios de la Seguridad Social. En su acuerdo influyó el que no se había derogado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 que, por ello, ahora va a modificar el Gobierno, recuperando dichas tasas judiciales para que los trabajadores se lo piensen dos veces a la hora de recurrir una sentencia que vulnere sus intereses. Con ese nuevo repellado legal, las tasas laborales afectarán a los despidos, a las reclamaciones de salarios pendientes, a las indemnizaciones –que ya han amagado con que repercutan en la declaración del IRPF-- o a las propias reclamaciones de un ciudadano a la Seguridad Social.

Desde noviembre de 2012, todo aquel que entre en pleito está obligado a pasar por caja, salvo el Estado propiamente dicho y los beneficiarios de la justicia gratuita. Pero eso también se va a acabar. La futura ley garantiza la asistencia jurídica gratuita, en exclusiva para la primera instancia, pero olvídense de instancias superiores. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española consideraba recientemente en Sevilla que el anteproyecto de "la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en este momento como está, es peor que la ley que está vigente en este momento, la que se pretende sustituir".

Desde su punto de vista, se pone en riesgo el servicio público de los abogados de oficio, lo que no sólo pone en riesgo la supervivencia económica de 42.500 letrados sino al Estado de derecho propiamente dicho. De hecho, sin esa nueva ley, el presupuesto de semejante prestación se ha visto reducido en 42 millones de euros en los últimos cuatro años. Y, ahora, no se garantiza el pago puntual de semejantes servicios, ya que el borrador en ningún momento garantiza el cobro por cada actuación letrada ni asegura su retribución digna.

En resumidas cuentas y tal como denuncia Jueces para la Democracia, en España se está militarizando la Justicia, aumentando el control del gobierno sobre la judicatura, hasta el punto de que el presidente político de un tribunal de instancia puede decidir qué juez instruye un caso o cuál no. Para colmo, se fortalece el papel de la Audiencia Nacional cuando supuestamente estaba llamada a desaparecer con el fin del terrorismo estructural de ETA, que a fin de cuentas constituía su principal cometido. El anuncio de la reducción de aforados ha satisfecho a muchos sectores de la sociedad española. Lo que no ha tenido tanta repercusión es, sin embargo, el hecho de que un aforado que deje de serlo seguirá siendo juzgado por el tribunal donde había registrado con anterioridad su aforamiento. Lo que vendría a suponer un privilegio vitalicio.

Más allá de Torrente, Alberto Ruiz Gallardón se constituye en el brazo listo de una ley que supone una trampa fatal para la justicia, uno de los principales pilares de la democracia. Entramos en una etapa de golpismo virtual en donde las mayorías absolutas en los parlamentos sustituyen a la Acorazada Brunete en nuestras calles.