En la matemática de la democracia, hay dos ecuaciones aparentemente irresolubles, la que liga el acceso de los avances científicos al común de los mortales por encima de los intereses del mercado y el termómetro que la salud representa para juzgar a nuestras sociedades. Más allá de la siniestra intriga que la prosa de John Le Carré denunció en "El jardinero fiel", la batalla por los genéricos es una de las principales trincheras en donde el derecho a la salud le echa un pulso a las patentes privadas que guardan, en algunos casos, la llave entre la vida y la muerte. Una de las más apasionantes escaramuzas de este largo conflicto se está viviendo en España durante los últimos meses.

El próximo sábado 10 de enero, de hecho, tendrá lugar una marcha a La Moncloa desde el hospital 12 de octubre de Madrid, tras sucesivos encierros y otras medidas de presión por parte de los afectados por la hepatitis C en nuestro país: 900.000 en total, según las estimaciones más fiables, aunque el 70 por ciento ignore que es víctima de dicha enfermedad. Según las encuestas de diversos organismos, a escala mundial estaríamos hablando de una horquilla entre 150 y 170 millones de personas, por no hablar de la hepatitis B, que elevaría dicha cuantía global a la cota de dos billones. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de casos de muerte asociados a cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular y fallo hepático es superior a 600.000 al año para la hepatitis B y de 350.000 para los infectados con hepatitis C, mucho más agresiva.
Gilead Sciences, un complejo biofarmacológico con sede en California, ha logrado patentar un fármaco que combate la hepatitis C. El problema estriba en su altísimo precio de mercado, tal como ocurriera con otros productos de dicha factoría que se utilizan para la lucha contra el Sida y que garantiza, por otra parte, la buena salud de sus cotizaciones en el NASDAQ (94,91 dólares por acción al cierre de la bolsa el pasado viernes).

En octubre, dichos laboratorios anunciaron la comercialización en España de un fármaco llamado "Sovaldi", para el tratamiento específico de la hepatitis C, tras su aprobación por parte del ministerio de Sanidad que entonces titulaba Ana Mato. En aquel momento, nuestro país se convertía en el cuarto de Europa al implantar la distribución del medicamento, tras Luxemburgo, Bélgica y Suiza. Todo ello ocurría un año después de que las licencias arrancasen en Estados Unidos y sorprendía, a pesar de todo, la rapidez de la administración española cuando buena parte de sus socios comunitarios intentaban negociar condiciones más ventajosas para dar luz verde al nuevo tratamiento, el primero y único por vía totalmente oral para pacientes con Hepatitis C y que, además, establece plazos más cortos de aplicación, de tres meses frente a un año de duración.

Sin embargo, el acuerdo entre la farmacéutica y el Gobierno español establecía un techo de gasto de 125 millones de euros anuales, lo que desde luego no satisface ni de lejos la potencial demanda del mismo, que pasa directamente a recaer sobre bolsillos particulares: el concepto de salud universal se pone nuevamente en entredicho cuando las posibilidades de acceso a dicha solución no serán iguales para pacientes ricos o empobrecidos. Lo que tampoco es noticia a estas alturas de la economía libre de mercado ni a la hora de plantear distinciones entre los presupuestos públicos que se destinan a la salvación de vidas y los que se orientan a la salvación de bancos. Un problema, en cualquier caso, de sostenibilidad de los costes sanitarios en nuestro país, que ha obligado a presupuestar 500 millones más de euros como consecuencia, a partir de este año de 2015, de la elevación del 10 al 21 por ciento del tipode IVA aplicable a agujas, jeringuillas, catéteres, sondas, vendas o bisturíes, tras una sorprendente sentencia comunitaria que puede poner en peligro la financiacion de nuestros saludables sistemas autonómicos que siguen manteniendo a España, a pesar de los recortes, en el quinto país a escala mundial en cuanto a eficiencia en materia de salud, según la agencia Bloomberg.

El Estado español ha aceptado también la dispensación de simeprevir, comercializado por la casa Janssen –que identifica al grupo de compañías del poderoso lobby Johnson & Jhonson-- como 'Olysio' y que complementa la aplicación junto con Sovaldi y ribavirina durante 12 semanas "en aquellos pacientes que no toleran o no son candidatos al tratamiento con interferón y existe una necesidad de tratamiento urgente".

La vida tiene un precio.-

¿Cuanto cuesta el tratamiento ingeniado por Gilead Sciences con el nombre de Sofosbuvir pero comercializado como Sovaldi? Mucha pasta. En el momento de su lanzamiento en Estados Unidos, se estimaba que el coste de cuatro semanas de duración alcanzaría la cota de 28.000 dólares por paciente, a razón de mil dólares diarios. Si se requiriesen doce semanas, estaríamos hablando de 84.000 dólares y si se necesitaran veinticuatro para la curación de algunos serotipos, alcanzaríamos la suma de 168.000 dólares. Veinte mil euros en el mejor de los casos y diez veces más en el peor. ¿Cuesta una vida humana 200.000 euros? Esa es la pregunta a la que ni las autoridades sanitarias ni las farmacéuticas suelen responder con precisión.

El Gobierno de Estados Unidos no tiene competencias para fijar un limite de precios en este tipo de productos. El problema estriba en que cada vez menos gobiernos cuentan con dicha garantía pública sobre los intereses de los laboratorios privados. La pretensión de los fabricantes indios de genéricos, en aras de comercializar versiones más baratas de Sofosbuvir chocó con la altura de miras de la asociación neoyorquina Initiative for Medicines, Access and Knowledge, que intentó impedirlo por vía legal antes de que Gilead Sciences suscribiera acuerdos de licencia no exclusivos con siete fabricantes de productos farmacéuticos genéricos con sede en India para ampliar el acceso a medicamentos contra la hepatitis C crónica pero, eso sí, tan sólo en 91 países en vías de desarrollo, lo que según sus cálculos incumbiría al 54 por ciento de la población total infectada a escala mundial. Pero, para el resto, el negocio es el negocio y así funciona la industria farmacéutica. ¿Alguien apuesta a que, más temprano que tarde, asistiremos a la puesta en circulación de dosis más baratas en el mercado negro pero sin garantías para sus usuarios?

Hay que pagar los costes de investigación, se dirá. ¿O los de especulación, más bien? Gilead Sciences no es el fabricante original de este producto, cuyos derechos compró a una pequeña compañía llamada Pharmassset en 2011, por la sorprendente cantidad de 11 billones de dólares. Todo un negocio que ha estimulado a otras firmas, como la propia Johnson & Johnson, Merck, AbbVie o Bristol Myers Squibb, a desarrollar fármacos similares. Estimulados, me temo, más por las perspectivas del pelotazo que por un puro interés filantrópico.

Hasta hoy, el procedimiento habitual para los pacientes de hepatitis C pasa por las inyecciones de Interferón durante periodos de 24 a 48 semanas de promedio y complementándose con dosis diarias de Rabavirina, una solución que logra un cincuenta por ciento de curaciones pero deja ciertas secuelas en materia de anemia o depresiones. En España, alrededor de doce personas fallecen a diario como consecuencia de la hepatitis C. Ese es el cálculo que incluye Marina Albiol, diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que ha planteado a la Comisión Europea que el hecho de no proporcionar el tratamiento disponible a estos enfermos, por simple contención de los costes económicos, supondría una clara vulneración de los derechos humanos. El grupo parlamentario socialista, por su parte, ha registrado ante el Congreso español una Proposición no de Ley para desarrollar un plan de acción frente a la hepatitis C, con la creación de una partida presupuestaria en el Fondo de Cohesión Sanitaria que garantice tanto la aplicación de las medidas preventivas y de detección precoz de la enfermedad vírica, «como el acceso a las nuevas terapias sin discriminación alguna para todas aquellas personas afectadas que cumplan los criterios incorporados en el protocolo clínico».

Esa es otra: al alto coste del medicamento se suma la falta de financiación, al respecto, para acceder al mismo desde las comunidades autónomas. Por no hablar de sistemas mucho más complejos pero mucho más afectados por esta enfermedad como el de instituciones penitenciarias. El mundo de las cárceles vuelve a ser un termómetro de lo que ocurre o de lo que puede ocurrir fuera de ellas: el caso de Manuel Jesús Troncoso, un preso andaluz que demandaba una triple terapia para frenar su agonía y que tardó más de un año en recibirla, puede ser un ejemplo claro de como hoy por hoy preguntamos primero por los precios y luego nos interesamos por la vida.

UpyD ha reclamado al Gobierno español, por otra parte, la emisión de una licencia para poder fabricar los nuevos fármacos como genéricos y contener el precio de la medicación oficial no más allá de la cota de 100 euros. Incluso en el muy hipotético caso de que el Gobierno español aceptara esta línea de trabajo, probablemente chocaría con las demandas de los laboratorios ante los tribunales. ¿Se ha intentado pactar con los distribuidores como amagaron, al menos, los gobiernos de Alemania y de Francia? No parece que haya sido el caso.

Doha 2011, papel mojado.-

Se desconoce a su vez los criterios que la administración aplicará a la hora de dispensar el nuevo tratamiento, ya que los recursos públicos son muy limitados al respecto. ¿La edad, la gravedad que presenten, la generalización de los casos, el grado de desarrollo de cirrosis hepática? En cualquier caso, sólo siete mil pacientes de hepatitis C accederán a este bálsamo de Fierabrás durante 2015, lo que ha llevado a la plataforma de afectados a estudiar la presentación de una querella contra la exministra Ana Mato por omisión del deber de socorro. ¿Cuántos años puede aguantar un paciente hasta que le toque el turno? Algunos pacientes han llegado incluso a plantear la posibilidad de adquirir el tratamiento a cambio de que se pueda detraer de la declaración de la renta.

En cualquier caso, los acuerdos sobre Salud Pública que la Organización Mundial de Comercio firmados en Doha en 2001 y que permitían el acceso genérico a las nuevas patentes alcanzan el rango de papel mojado. Ese mismo año, de hecho, 39 compañías farmacéuticas demandaron la Ley del Medicamento de Suráfrica que intentaba acceder a dicha alternativa. El Gobierno surafricano ganó el caso, pero el pleito duró dos años. Ahora, a escala comunitaria, no ha encontrado eco la iniciativa de Francia en aras de establecer un precio europeo máximo para Sofosbuvir. ¿No sería posible, sin embargo, poner en valor los acuerdos de Doha y exigir la emisión de una licencia obligatoria para la fabricación de sofosbuvir, como un producto genérico, a fin de limitar los derechos de propiedad intelectual en caso de necesidad flagrante de salud pública?

O, puestos a ello, ¿ni siquiera es posible alcanzar un acuerdo global a escala comunitaria que permitiera un precio más ventajoso? Parece que no. Qué curioso: Donald Rumsfeld, quien fuera secretario de Estado de Defensa durante el mandato de Georges W. Bush, fue director de Gilead Sciences, justo antes de asumir dicho cargo. Algo tan casual, sin duda, como que nuestro ministro de Defensa, Pedro Morenés, fuera director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA o consejero de Instalazasa, la empresa que fabricaba bombas de racimo para Gadafi y que cinco meses después de su nombramiento como ministro recibió cuarenta millones de euros en concepto de indemnización como consecuencia de que el gobierno de ZP decidiera que España debía dejar de fabricar semejantes artilugios. Ah, el azar. La defensa y la guerra, tan unidas. La salud y la muerte, tan estrechamente ligadas. Hoy, todos tenemos Hepatitis C y debemos dejárselo claro a nuestras autoridades.