Una movilización desde el CETI de Ceuta hasta la frontera de El Tarajal ha sumado las voluntades de un sinfín de ONGs, partidos y sindicatos, para que el ahogamiento de quince personas, hace justo un año, en aguas próximas a Ceuta, no sea pasto del olvido. ¿Recuerdan como unas cuantas imágenes tomadas de forma rudimentaria valieron más que mil mentiras en boca de las autoridades competentes? En ellas, se veía como numerosos migrantes pretendían llegar a las playas ceutíes y la Guardia Civil disparaba aparentemente contra ellos, en una supuesta operación disuasoria que no disuadió a la muerte en ningún caso. El primer aniversario de ese espanto ha coincidido con la decisión de la Audiencia Nacional de devolver el caso al juzgado ceutí que empezó a investigarlo y cuya titular, María del Carmen Serván, entendió que no era competente para instruirlo. ¿Volverá ese Estado de Derecho que se supone que es España a sufrir la condena del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a propósito de la muerte en 2007 de Lauding Sonko, un inmigrante senegalés muerto al ser arrojado al mar de Ceuta, por guardias civiles que no le creyeron cuando les gritaba que no sabía nadar? En 2012, el citado Comité internacional conminó a España a explicar las circunstancias de dicha muerte,

independientemente del hecho de que los agentes pincharan su flotador. En cualquier caso, el Estado español fue condenado entonces por violación de los artículos 16 y 12 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. ¿Volveremos al banquillo de los acusados por inoperancia de nuestros tribunales?

A primera vista, los españoles somos reincidentes en un doble crimen, el de permitir que el mar sea el morir y que no seamos capaces de investigar por nosotros mismos la negligencia o el ánimo mortífero de quienes no sólo guardan nuestras fronteras sino que deben salvaguardar la vida de todos. A seis de febrero de 2014 ocurría algo similar pero multiplicado por quince. En el caso de Launding, los guardias le recogieron junto a otros migrantes cuando nadaban hacia Ceuta, le subieron a un barco y volvieron a arrojarle al mar para que regresaran a la costa marroquí. No era la primera vez que ocurrió ni seguramente fue la última. Se recopilaron, entonces, testimonios probatorios de que muchas personas que sufrieron tales prácticas llegaban al otro lado extenuadas y con hipotermias.

En su día, la controversia política demostró las contradicciones y embustes en los que incurrieron los principales representantes oficiales de este país, hasta el punto de que Izquierda Unida reclamó el cese del ministro del Interior, Jorge Fernández, aunque el PSOE no llegó a reprobarlo y limitó su inútil petición de cabezas al director general de la Guardia Civil y al delegado del Gobierno en Ceuta. Ahora, la Audiencia Nacional acaba de rechazar la petición de inhibición de la jueza ceutí, que alegaba insólitamente que todo habría ocurrido en Marruecos. Dicha alta instancia, al menos, considera que "no está probado que las muertes se produjesen en Marruecos, en España o en ambos reinos". En el auto se asegura que existe la certeza de que la Guardia Civil actuó "en y dentro del territorio español", mientras que lo que no se ha acreditado todavía es en qué punto exacto del mar se produjeron las muertes. Si semejante conclusión era obvia a partir de los vídeos que se difundieron, ¿por qué quiso la jueza quitarse de encima esta investigación? ¿Sufrió presiones oficiales o prefirió no meterse en líos? Seguro que una buena instrucción por su parte, a partir de que el caso regrese a su juzgado, aventa todas las suposiciones y prejuicios, esclarecerá los hechos e incluso puede librarnos de la vergüenza como españoles de volver ante el comité contra la tortura de Naciones Unidas.

Cierto es que los cadáveres fueron localizados en aguas marroquíes pero, según la Audiencia Nacional, las corrientes pudieron llevar sus restos hasta allí.Y, en cualquier caso, aunque no consta la relación causa y efecto de los disparos de pelotas de goma y botes de humo sobre los inmigrantes que nadaban hacia Ceuta, es precisamente esa actuación tan inapropiada la que es objeto de investigación en dicha causa, tal y como puso de manifiesto en su día tanto la fiscalía como la acusación particular.

Los convocantes de la conmemoracíón de este aniversario –organizaciones de un lado y otro de la frontera-- tenían claro que no pretendían criminalizar a la Guardia Civil, pero tampoco se resignaban al carpetazo oficial. A su juicio, "quedan pocas dudas de que al menos una parte sustantiva de la responsabilidad de aquellas muertes radica en la acción de la Guardia Civil aquel fatídico 6 de febrero de 2014". Pero añaden: "Y menos dudas aún de los intentos del Gobierno español para ocultar y manipular lo ocurrido".

"Transcurrido un año, apenas se ha investigado nada y nadie asume ninguna responsabilidad por lo ocurrido. Los hechos quedan impunes y la Justicia, de nuevo y por desgracia, es incapaz de determinar esas responsabilidades. Nadie se acuerda ya de los nombres de las víctimas, ni del sufrimiento de sus familias. Nosotros no queremos que sea así", aseguraron en vísperas de dicha marcha.
Hace unos días, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba en Cádiz su balance migratorio en la frontera sur, correspondiente a 2014, en el que también pasaba revista a este asunto y denunciaba "las mentiras y manipulación por parte del Delegado del Gobierno en Ceuta, del Director General de la Guardia Civil y del Ministro del Interior con respecto a los hecho acontecidos".

"Sólo la actuación de la prensa y de las organizaciones independientes han logrado desvelar la realidad del atropello de los Derechos Humanos que ha supuesto la muerte de 15 personas sin que nadie haya asumido ninguna responsabilidad". Según sus conclusiones, la desidia a la hora de esclarecer ese espanto no es más que otro síntoma "la descomposición democrática que vivimos".

Incluso la juez de Ceuta ha trasladado el asunto a la Audiencia Nacional. Esto es un síntoma de la descomposición democrática que vivimos. Mientras todo esto ocurría en torno a Ceuta, en Tánger las autoridades locales prohibieron una concentración ante el consulado español en memoria de las personas fallecidas como consecuencia de las políticas fronterizas y para mostrar su rabia "contra los Estados que las ejercen". No hubo visado oficial para dicha protesta, a pesar de que la muerte no necesite permiso para cruzar las fronteras.

Son muertos ajenos, repiten los corrillos con la boca chica. Los medios de comunicación hacen ruido, las ONGs claman en el desierto y el Gobierno echa balones fuera reclamando responsabilidades a la Unión Europea en cuanto a un mejor y mayor blindaje de las fronteras. Llevamos veinticinco años sentado ante una de los grandes cementerios marinos del planeta y sólo exigimos mejor calidad para los sepultureros, sin que se nos ocurra como ponerle freno a esa agonía. Los tribunales probablemente no lo harán pero la historia, sin duda, nos exigirá explicaciones.