El gran engaño que hay detrás del recibo de la luz

[caption id="attachment_2686" align="aligncenter" width="1250"] Una torre de transporte de energía perteneciente a red eléctrica, con la ciudad de Bilbao al fondo. EFE/LUIS TEJIDO[/caption] Quizá la única ventaja de las grandes subidas que está teniendo el precio de la luz en España es que cada día se habla más de ello y que, poco a poco, la población que lo desee terminará informada de las barbaridades que ocurren en nuestro país con la provisión de ese bien imprescindible para la vida de las personas y las empresas. Lo malo es que, entre el aluvión de información sobre el tema, se cuelan muchos engaños que confunden y alejan la mirada del verdadero núcleo del problema. En este artículo quiero referirme tan solo a uno de ellos, al que yo creo que está en la base del gran problema que tiene nuestro sector eléctrico. Gracias a que se está explicando ampliamente en las últimas semanas, es sabido que el precio de la luz se fija en España a través de un sistema que establece, para todas las fuentes de energía, el precio de las más cara, en nuestro caso, la que utiliza el gas como materia prima. La explicación digamos "oficial", la de las empresas, economistas y políticos que defienden el sistema de fijación del precio de la luz, es que nos enfrentamos a un problema coyuntural como resultado del incremento de la demanda derivado de la reactivación económica tras el confinamiento y la crisis. Ese incremento ha elevado mucho el precio del gas y también -por la misma razón- el coste de los bonos de carbono que tienen que adquirir los productores por su actividad contaminante. En su opinión, por tanto, no hay ningún tipo de problema estructural o de fondo sobre el que haya que actuar. Si ahora ha subido, bajará enseguida que la economía deje de crecer tanto, como habría pasado en ciclos anteriores. Mientras, solo hay que dejar que el mercado eléctrico siga funcionando libremente porque, si se interviniese, se alteraría el régimen de competencia. Si acaso, nos dicen, se podrá dar ayudas a los consumidores que puedan tener problemas de suministro o bajar lo impuestos indirectos. Quienes defienden este sistema afirman que está diseñado precisamente para que, cuando se produzcan circunstancias como la actual, los capitales fluyan a las energías más baratas y así estas se desarrollen. De hecho, dicen que su gran virtud es que resulta el mejor incentivo posible para lograr la transición energética que necesitamos. Esto ha sido exactamente lo que contestó hace poco la Comisión Europea a la ministra Teresa Ribera cuando esta pidió que se suspendiera su funcionamiento. Según la portavoz del Ejecutivo europeo, Vivian Loonela, el aumento actual del precio de debe a la "significativa demanda global de gas y el mayor coste de los derechos de emisión de CO2 (combinados con) una "alta demanda" de electricidad por la recuperación económica y las condiciones climáticas". Y este sistema no debe suspenderse porque es el que crea "las señales para reconducir inversiones hacia tecnologías nuevas y flexibles que apoyen la transición hacia la neutralidad climática" ( aquí ). Si el precio se ha disparado ahora que ha subido tanto el gas, nos dirán, es porque que ha sido imposible que de un día para otro hayan podido aumentar las fuentes de energías renovables y alternativas. En consecuencia, no debemos tocar el sistema sino tan solo esperar a una mejor coyuntura, tal y como nos dice Europa y hacen los demás países europeos. Nada de eso es cierto. Si se contempla la evolución del precio de la luz en España se comprueba que no sigue la evolución de la demanda y que su disminución se produce justo después de que haya habido grandes subidas y sin bajar de los niveles anteriores a estas últimas. Es significativo, por ejemplo, que de 2008 a 2018 la luz subiera en España un 66,8% y solo un 28,2% en el conjunto de la Unión Europea, con el que no tenemos tanta diferencia en la evolución de la demanda y en donde la evolución del coste de las materias primas es más o menos el mismo que en España. No son circunstancias ajenas al sector eléctrico, por tanto, las que hacen que suba su precio en España. Las que lo provocan hay que encontrarlas en lo que ocurre dentro del mercado eléctrico y - a tenor de la evolución tan distinta del precio- deben ser distintas a las que se dan en el resto de la Unión Europea. Para descubrir y entender el engaño que hay detrás de la subida tan grande en el precio de la luz en España se necesita saber que el actual sistema de fijación de la tarifa funcionaría realmente como dicen sus defensores (proporcionando "un suministro seguro y asequible de energía de la forma más económica", según la Comisión Europea, y la mejor y más barata combinación posible de las diferentes tecnologías) solo si se dieran dos condiciones imprescindibles. La primera es que el mercado eléctrico sea de competencia. Sin embargo, el precio de la luz en España no es el resultado del funcionamiento de un mercado de competencia, tal y como ha demostrado magníficamente Enrique Palazuelos en su obra El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal, 2019). Lo que pagamos en España por el consumo de luz eléctrica es el resultado de una constante manipulación de la oferta y la demanda que hacen las cinco empresas que controlan su producción, distribución y venta comercial y que, además, tienen el poder suficiente como para influir decisivamente en las normas que lo regulan y de las que dependen los sobrecostes -en forma de primas, subsidios, ayudas, peajes...- que terminan convirtiéndose en beneficios añadidos que pagan los consumidores. El precio de la luz en España no refleja los costes reales de producción de las empresas sino el beneficio extraordinario que proporciona su poder oligopolista. Algo - tal y como se estudia en primero de Económicas- que es lo que tiende a ocurrir en todos los mercados de este tipo, sobre todo, cuando no hay control legal ni sanciones que impidan los acuerdos o el reparto del mercado. Algo que las eléctricas han conseguido que ocurra en España gracias a la enorme influencia política que tienen desde la dictadura de Franco. La segunda condición que debería darse para que el sistema proporcione el resultado eficiente que sus defensores aseguran que lleva consigo es que haya libertad de entrada y salida en el mercado para que, cuando suba el coste de alguna tecnología, puedan entrar otras alternativas, más baratas y eficientes. En nuestro caso, las renovables. En España eso era difícil porque el tamaño, la integración y el control tecnológico de las empresas oligopolistas es tan grande que supone una limitación casi definitiva a la entrada de nuevas instalaciones o empresas. Pero se logró vencer y el sector de las renovables comenzó a desarrollarse con éxito, hasta que fue ya prácticamente imposible cuando las empresas eléctricas comenzaron a presionar a los gobiernos y consiguieron finalmente, en 2012, que el Partido Popular materializara un frenazo radical a la producción de energías renovables en España. Las eléctricas tradicionales habían ido realizando inversiones en este último sector y, al conseguir que no apareciese nueva competencia, pasaban así a controlarlo también en el nivel de desarrollo que convenía a sus intereses estratégicos de conjunto. Podían seguir haciendo negocio con sus tecnologías sucias y disponían de presencia en todas ellas y en todas las fases del negocio para seguir manipulando cantidades y precios. No estoy construyendo ninguna teoría conspirativa para descubrir el interés y el papel del oligopolio en el frenazo que sufrieron las renovables en España, una industria en la que España estaba siendo líder mundial por capacidad de innovación y por razones climáticas. Los propios dirigentes del oligopolio, como el presidente de Iberdrola, habían pedido que no se construyeran más plantas solares y, cuando el Partido Popular tomó la decisión, no solo la valoraron positivamente sino incluso como insuficiente . Ahora bien, aunque es cierto que el oligopolio eléctrico había venido reclamando este frenazo desde hace tiempo y que ya en 2007 se habían empezado a tomar medidas en ese sentido, es muy posible que el frenazo no se hubiera producido tan radicalmente con la simple presión de las eléctricas españolas. Posiblemente, el hachazo definitivo al desarrollo de las energías renovables en España se lo impuso Angela Merkel a Mariano Rajoy en defensa del muy ambicioso proyecto que lideraban entonces diversas empresas y bancos alemanes. El llamado Desertec Industrial Initiative que trata de generar energía solar en el Sáhara para satisfacer en torno al 15% de la demanda europea, entre ella la española, y que tenía previsto invertir la fabulosa cifra de unos 400.000 millones de euros. Así lo había anunciado el diario El País el 9 de noviembre de 2011: El gigantesco proyecto solar del Sáhara abastecerá a España en 2015 Desertec, Industrial Initiative (DII), el más ambicioso proyecto energético desde que se erigieron las primeras centrales nucleares, tiene fecha y lugar para su arranque e incluso un destino para sus primeras exportaciones. El faraónico plan de sembrar de paneles solares el Sáhara arrancará el año próximo en Marruecos y, entre 2015 y 2016, suministrará a España parte de la electricidad producida, si se cumplen los plazos previstos. Alemania, cuyas empresas capitanean la iniciativa, ha adelantado su inicio en tres años porque ha decidido prescindir de la energía nuclear en 2022 y porque cree que la llamada primavera árabe facilita la puesta en marcha de ideas innovadoras en un marco político más estable. La competencia de una industria española incipiente pero de gran liderazgo mundial no podía ser bien vista por el capital alemán. En resumidas cuentas, el sistema de fijación del precio de la luz en España es un fraude, un auténtico engaño, porque no dispone de las condiciones que sus propios diseñadores consideran que debe tener para que proporcione los precios más bajos y la eficiencia tecnológica y económica que dicen que proporciona. Eso es lo que hay que arreglar y es preciso tener valentía para enfrentarse al oligopolio en España y en sus ramificaciones de Bruselas. No se trata -como quiere hacer creer el oligopolio y sus empleados mediáticos y políticos- de que el Gobierno reclame una intervención anómala en los precios del mercado de la luz para manipularlos. Todo lo contrario, la cuestión es impedir que sea el oligopolio eléctrico quien siga haciéndolo para conseguir los beneficios extraordinarios que encarecen artificialmente el recibo que tantos hogares ni siquiera pueden pagar, que ahoga también a miles de empresas españolas y que pone en peligro la recuperación económica.

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