Juegos sin reglas

Desigualdad y política fiscal

Juan Miguel Báez

Profesor de Economía

En mi última contribución a este blog, dije que la política económica es uno de los principales instrumentos de los que dispone los poderes públicos para combatir la desigualdad económica, es decir, aquella que tiene que ver con la renta y/o el consumo de la ciudadanía. Dentro de ella, la política fiscal juega un papel relevante, es decir, aquella que tiene que ver con los impuestos que pagamos y las transferencias que recibimos del Estado.

Pues bien, en julio de este año el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) ha publicado los resultados de una interesante encuesta sobre la opinión que tienen los ciudadanos de la política fiscal. La encuesta se llevó a cabo entre el 21 y el 29 de julio de 2021. Veamos algunas curiosidades de la misma.

Para empezar, es bastante reducido el porcentaje de españoles que se sienten completamente satisfechos con su nivel de vida: 11.4; sobre todo, si lo comparamos con la satisfacción con su vida familiar (39.9), su salud (22.9) o su vida social (20.0). En otras palabras, son muchos los españoles que consideran que el trozo de tarta que tienen es inferior al que le correspondería. Sin embargo, el 48.4% de los encuestados califica su situación económica como buena, mientras que el 35.3% la califica como de regular.

En segundo lugar, razonemos las respuestas relacionadas con los impuestos. Por ejemplo, el porcentaje de personas que consideran muy importante no evadir impuestos es de 54.8. Mientras que el 38.4% considera que es muy importante ser solidario con la gente que está peor; sin embargo, sólo el 14.9% piensa que son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad. Creo que esto indica una escasa confianza en la capacidad redistributiva de nuestro sistema impositivo. Esto es aún más preocupante cuando vemos que el 23.2% valora los impuestos como algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Todavía más preocupante es que el 58.6% piensa que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicos en impuestos y cotizaciones (mientras que sólo el 36,2% cree que es mucho o bastante dicho beneficio). Otro dato alarmante es que el 60.6% considera que recibe menos de lo que paga a las administraciones públicas, en concepto de impuestos y cotizaciones (sólo el 5.5% piensa lo contrario). Además, el 46.2% cree que los españoles pagamos muchos impuestos, mientras que sólo el 8.9% opina que pagamos poco. En comparación con los países más avanzados de Europa, un 39.6% de los encuestados cree que pagamos más impuestos, mientras que el 30.5% cree que pagamos menos. También es inquietante que el 81.4% de los encuestados opine que, en general, los impuestos no se cobran con justicia, esto es, no pagan más quienes más tienen (sólo el 14.2% opina lo contrario). En coherencia con esto el 62.9% cree que los españoles, a la hora de pagar impuestos, somos poco o nada conscientes y responsables. Sin embargo, cuando la valoración es sobre uno mismo, el porcentaje sube al 92.7.

No obstante, un 59.2% cree que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos. La mejor valorada de estas prestaciones públicas, y quizás influenciada por su relevante papel durante la actual pandemia, es la asistencia sanitaria (el 15.8% de los encuestados considera que funciona muy satisfactoriamente), seguida del transporte público (11.9%). En el otro extremo se sitúa la administración de justicia, con sólo un 1.7% de los encuestados respondiendo que funciona muy satisfactoriamente.

Otra forma de comprobar la valoración de los ciudadanos sobre las diferentes prestaciones y servicios públicos es preguntarles sobre la cantidad de recursos que se destinan a financiar cada uno de ellos. En este sentido, el 84% de los encuestados considera que son muy pocos los recursos destinados a investigación en ciencia y tecnología. Otros ítems destacados en esta cuestión son la sanidad (70), ayudas a personas dependientes (68.1), protección del medio ambiente (67.7), vivienda (67.1) y seguridad social/pensiones (60.7). Los que tienen menores porcentajes son defensa (21.4), transporte y comunicaciones (29.1) y obras públicas (29.8).

Con respecto al fraude fiscal, el 91,4% cree que el fraude fiscal en España es mucho o bastante. Sin embargo, cuando se pregunta sobre la gente que conoce el encuestado, el 75.9% de los mismos dicen que sus conocidos declaran todo, casi todo o bastante de sus ingresos, cuando hacen la declaración del IRPF. No obstante, ese porcentaje se reduce al 58.1 cuando se trata del IVA. Entre las razones que dan para la evasión fiscal, cabe destacar que el 20.5% opina que se debe a que los que más tienen evitan (o minimizan) el pago de impuestos. Aunque el 17.6% justifica la evasión, diciendo que los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero. En cuanto a los efectos de este tipo de fraude, el 34% de los encuestados piensa que crea injusticias, ya que algunos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros. También el 27.4% cree que disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales. Por otro lado, el 88.1% de los encuestados está de acuerdo con que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos, y 61% cree que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.

Sin embargo, el fraude o la evasión fiscal no es el único comportamiento reprobable denunciado por los encuestados. El 83% de ellos califica de comportamiento nada tolerable el recibir una prestación a la que no se tiene derecho (por ejemplo, cuando se finge una enfermedad para conseguir una baja en el trabajo o cobrar una prestación por desempleo cuando se realiza un trabajo remunerado). Otro porcentaje elevado (79.8) también considera reprobable que una gran empresa eluda o evite pagar el impuesto sobre sociedades.

En definitiva, existe poca confianza en la capacidad redistributiva de nuestro sistema fiscal. Aunque una amplia mayoría piensa que los impuestos son necesarios para que la población pueda recibir una serie de prestaciones que son necesarias para obtener un aceptable nivel de bienestar. Por otro lado, también podemos deducir de esta encuesta que los españoles creemos que es necesaria una política redistributiva más activa (un 58.7% de los encuestados piensa que España es un país donde existen grandes desigualdades en general) y que, en este sentido, el papel del Estado resulta crucial: el 50.5% de los encuestados piensa que el Estado debe intervenir en la vida económica, pero respetando la iniciativa económica. Además, el 20.3% de la ciudadanía prefiere mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos (sólo el 5.1% prefiere pagar menos impuestos, aunque haya que reducir los servicios públicos). Por último, la buena opinión sobre la redistribución se confirma porque el 65.2% piensa que los impuestos deberían recaudarse sobre todo mediante impuestos directos (en función de la renta o riqueza de las personas y empresas); mientras que sólo el 20.9% prefiere la imposición indirecta (que afecta a todos por igual). Por tanto, es obvio la necesidad (y la opinión pública favorable) de una política fiscal redistributiva más activa. La pregunta es por qué no se lleva a cabo.