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La lucha de clases llega a Internet

El último informe Web Index 2014 evidencia que en el 95% de los países en los que la neutralidad en Internet no está garantizada por ley hay una emergente evidencia de discriminación en el tráfico de datos, lo que da lugar a que tanto operadoras como los propios Gobiernos caigan en la tentación de beneficiarse de ello. En esta clasificación, por cierto, España no sale muy bien parada, situándose en el puesto 23 por detrás de buena parte de nuestros vecinos europeos. De hecho, en el subíndice referente a la libertad y aperturismo de Internet nos aventajan países como Portugal, Grecia, Estonia o la República Checa, entre otros.

Pues bien, la Unión Europea (UE) es clara al afirmar que en este espacio no existe una regulación clara acerca de la neutralidad en Internet, lo que deja al 96% de los europeos sin una protección legal para su derecho a una Internet totalmente abierta. Y es que la neutralidad de Internet garantiza que todos los paquetes de datos en la Red sean tratados por igual, sin dar prioridad a unos sobre otros en función de cuánto se ha pagado. Hablando en plata, quienes atentan contra esta neutralidad, lo que pretenden es que el correo electrónico de una compañía del IBEX35 tenga un trato de favor frente al que se ha podido enviar, por ejemplo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). O que si usted en su casa quiere ver vídeos de YouTube tenga que pagar un suplemento. Ni más, ni menos… algo que no hace falta ser muy listo para ver que va en contra de, por ejemplo, el artículo 11 de la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea.

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Entonces, ¿por qué la UE no ha legislado todavía al respecto y los europeos seguimos desamparados? Pues por el poder los lobbies, que han conseguido que a pesar de que el Parlamento Europeo estuviera de acuerdo en proteger la neutralidad, se establezca un ‘triálogo’ de besugos entre el propio Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Detrás de este triálogo, cómo no, las grandes operadoras, a las que se podría abrir la puerta a que ofrezcan más velocidad de acceso a contenidos a quienes paguen más.

Un concepto que, todo hay que decirlo, está muy en la línea con el modo en que se desarrollan las cosas en el mundo físico, en donde tanto tienes, tanto puedes. Es el bastión neoliberal de quienes abrazan el capitalismo hasta sus últimas consecuencias y que se levanta sobre el principio básico de la desigualdad.

Eso implicaría, por ejemplo, que gigantes como Google podrían servir sus contenidos a los usuarios más rápido que otras compañías pequeñas que, por tener menos músculo financiero, no puede afrontar las nuevas condiciones económicas del operador. Lo mismo podría suceder con otros servicios como YouTube, Skype o, incluso, WhatsApp, que no tardarían en repercutir el coste adicional al usuario. ¿Quién es el único que gana? Sí, lo han adivinado, las operadoras, uno de los mayores receptores de políticos y reguladores por la vía de la puerta giratoria.

En nuestro país, los principales directivos de Telefónica, Vodafone y Orange ya se han posicionado en contra de la neutralidad, llegando a decir en el caso de César Alierta que en realidad “se la inventó Estados Unidos”. Lo cierto, es que EEUU va por delante de Europa (una vez más) y se ha opuesto a violar la neutralidad de Internet. Mientras la UE y la India siguen coqueteando con la idea de hacerla pedazos. Y siguiendo el dictado de esas operadoras se encuentra nuestro Gobierno, el mismo que ha sido incapaz de resolver que todavía haya pueblos de España a los que ni siquiera llega la telefonía móvil.

Según denuncia la plataforma Xnet, la eurodiputada popular Pilar del Castillo, estaría defendiendo desde la Comisión de Industria, Investigación y Energía, los intereses de las operadoras en lugar de los de los ciudadanos. Algo contra lo que cualquier ciudadano pude protestar porque, de nuevo, la sociedad civil no ha tardado en organizarse más y mejor que las instituciones y a través de diferentes organizaciones se ha lanzado la campaña Save the Internet. A través de esta campaña se anima a los ciudadanos a escribir a sus representantes políticos en el Parlamento Europeo para que defiendan a toda costa la neutralidad en la Red que, en esencia, vendría a ser la igualdad en el acceso a la información en la red.

 

Miopía capitalista

Lo triste de planteamientos como los mantenidos por el Gobierno popular o por directivos como Alierta es que su propio capitalismo les ciega, dejándoles a expensas de una miopía cortoplacista con la que, sin saberlo, se pegan un tiro en el pie. Y es que acabar con la neutralidad de Internet, como pretenden las operadoras, tendría efectos muy negativos en materia de innovación, frenándola dramáticamente.

Dicho de otro modo, la incapacidad de respuesta por parte de las grandes compañías de telecomunicaciones ante la innovación que han supuesto, por ejemplo, los servicios de VoIP (telefonía por Internet) o el fin de la estafa del roaming (al menos en Europa), pretende ser compensada acabando con la innovación de terceros. Craso error, como lo ponen de manifiesto informes que, utilizando el mismo lenguaje neoliberal que tanto les gusta a las operadoras, destacan cómo la neutralidad genera un círculo virtuoso de más competencia, menores precios, mayor conectividad e innovación, beneficiando tanto a los ciudadanos como a las compañías de Internet, ya sean grandes o pequeñas.

En resumen, acabar con la neutralidad de Internet supone bajar las revoluciones del motor de crecimiento e innovación que es en realidad la Red. El torpe intervencionismo de los reguladores en este sentido, favoreciendo los intereses de grupos comerciales en lugar de a los ciudadanos, tiene efectos negativos, como hemos vivido ya en España con la infame tasa Google. No repitamos el error.