La verdad es siempre revolucionaria

Divorcio a la catalana

 

Los ideólogos y propagandistas de la independencia de Catalunya suelen utilizar la metáfora del divorcio para explicar el deseo que tienen todos los catalanes –según ellos– de separarse del cónyuge opresor. Para quien es especialista en divorcios desde hace cincuenta años resulta enormemente reveladora esta comparación. Cierto es que el divorcio fue la demanda más cara –tanto en una interpretación económica como sentimental– para los españoles, en cuanto a romper dependencias y vínculos indeseados durante más de un siglo de monarquías y dictaduras. Y que todavía alcanzada la democracia hubo de seguirse porfiando para lograr que no se torturase a los cónyuges con plazos y demandas de separación que únicamente tenían como objetivo obstaculizar el ejercicio del derecho.

Pero sería bueno para la democracia, para la convivencia de los que viven en Catalunya y para el sentido común, que se explicase a los fascinados ciudadanos que aprueban acríticamente los apasionados discursos independentistas de sus dirigentes políticos, las consecuencias irremediables que tiene todo divorcio. Es evidente, y así lo he defendido desde la adolescencia, que nadie debe ser obligado a vivir con quien no quiera, pero a la vez debe exigirse que quien rompa la relación debe ser responsable de sus consecuencias. Esta simple norma que rige en todos los ordenamientos jurídicos del mundo civilizado, se cumple a rajatabla en el nuestro y en la práctica social cotidiana.

En el momento de dictar la ruptura del vínculo matrimonial hay que establecer, como medidas inevitables derivadas de tal decisión, cuál de los cónyuges tendrá la custodia de los hijos, qué cantidades se señalarán para la manutención de éstos y quién deberá hacerse cargo de ellas, dónde vivirán los menores y de qué modo se adjudicará la vivienda, e inevitablemente se deberá proceder a la separación de los bienes comunes. Cierto es que una buena proporción de maridos, cuando quieren dejar de vivir con la esposa, no guardar la fidelidad que se merece y no volver a ocuparse de los hijos, y no mantener a la familia, opta por irse tranquilamente del hogar conyugal y no cumple obligación alguna de las relatadas.

Un chiste de un reputado humorista catalán, publicada a media página en un no menos importante y conocido periódico de Barcelona, relataba cómo el hijo mayor de la familia les comunicaba a los demás miembros que quería irse de casa, y la abuela y el abuelo, el padre y la madre y una pléyade de hermanos, le gritaban que no podía hacerlo sin su consentimiento. Clarísima metáfora de lo que el dibujante supone que le está pasando al oprimido pueblo catalán. Yo supongo que el tal artista es mayor de edad y por tanto conoce las diferencias evidentes que existen entre ser un muchacho, hijo de familia, que desea emanciparse, y toda una comunidad de siete millones de habitantes que lleva compartiendo economía, leyes, política interior y exterior y cultura durante quinientos años. Pero para el consumo de los moldeables lectores es bueno que se les engañe con semejante comparación.

Las repetidas promesas que los dirigentes catalanes que pilotan este tránsito a la ruptura con España les hacen a sus embelesados ciudadanos, acerca de que la independencia les supondrá beneficios sin cuento (puesto que no tendrán que pagar el canon al odiado Estado español por los gastos comunes: Ejército, Jefatura del Estado, Seguridad Social, aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, etc., y además obtendrán beneficios por quedarse con todos los impuestos recaudados en el territorio de Catalunya), les están engañando –cuestión esta de la que creo que son absolutamente conscientes–, y alguien debería demostrarles lo imposible de que se cumplan semejantes vaticinios, si han de cumplir las normas jurídicas más elementales que rigen en los supuestos de separación de los estados.

En el momento del divorcio, Catalunya deberá hacerse cargo de la parte de la deuda pública española que le corresponde y que, dado su PIB, el cuarto en riqueza de España –después del País Vasco, Navarra y Madrid–, alcanzaría en este momento la friolera de 50.000 millones de euros. El pago de esta deuda, ni aún a plazos, sumiría al pueblo catalán en la más terrorífica miseria. Pero con ello no habría hecho más que comenzar su andadura, y a la enorme mochila de la deuda hay que añadir que debe hacerse cargo de los gastos de su territorio correspondientes a todos los servicios e infraestructuras que compartían con el Estado español: Ejército, Jefatura del Estado, Seguridad Social, carreteras, aeropuertos, trenes, etc., si no quiere hundirse en el medievo. Es decir, las consecuencias económicas del divorcio han de conocerse, mesurarse y responsabilizarse de ellas, como en cualquier otra ruptura, a menos que se pretenda seguir el ejemplo del marido que abandona a la familia.

Pero es evidente que este ejemplo no sirve para todo un país, que no puede huir al extranjero dejando de pagar las deudas y los alimentos de la familia. Hasta ahora, Catalunya ha compartido, como las demás comunidades españolas, las aportaciones europeas desde 1986 en que entramos a formar parte del Mercado Común primero, y de la Unión Europea más tarde, y que no han sido precisamente modestas, y ha podido solicitar que le entregara el Estado español parte de los préstamos internacionales que, sobre todo en el momento actual, nos son fundamentales para sobrevivir. Ninguno de los voceros de la independencia explica a sus seguidores que estas ventajas se acabarán súbitamente si logran su propósito de instalar las fronteras en el Ebro. Que ni las ayudas europeas ni la posibilidad de obtener créditos internacionales se mantendrán en un Estado catalán que ha decidido, por su sola voluntad, sin contar con el Gobierno de España y aún menos con el resto de los ciudadanos españoles, abandonar las responsabilidades económicas que asumía desde hacía medio milenio.

Los dirigentes de CDC y los de ERC se muestran indignados si se plantea que en esta trascendental cuestión no solamente tienen que opinar los catalanes sino todos los españoles, porque, como el humorista que he citado, consideran que esto de abandonar el hogar familiar como pretende el muchacho que se quiere emancipar, es una cuestión que únicamente les afecta a ellos. Pero ni siquiera en esta desafortunada comparación podemos asegurar que la salida del chico no afecte a los padres y a los hermanos si han de seguir manteniéndole cuando esté fuera de casa. Y aunque ya oigo las protestas enfurecidas de mis opositores –que no hacen gala, por cierto, de elegancia ni ecuanimidad cuando discuten conmigo– asegurando que no son los españoles los que los mantienen sino al revés, creo que sería de justicia que tuvieran en cuenta lo que significaría para los demás contribuyentes asumir la deuda catalana porque ellos no podrían pagarla.

No son menos importantes las consecuencias que devendrían de la separación de Catalunya en cuanto a comercio, industria, agricultura, puertos, intercambios culturales, etc, con el resto de España, no sólo para los catalanes, principales víctimas, sino también para el resto de los ciudadanos del país. Y si tales consecuencias han de ser sufridas por todos los españoles, justo es simplemente que los demás afectados tengan la misma posibilidad de decidir que los catalanes. Resulta extremadamente cínico que los que exigen con cada vez mayor chulería su derecho a decidir se lo nieguen a los demás, con el mismo énfasis.

Como es igualmente descarado que los dirigentes políticos catalanes que se han dedicado durante dos años –en la práctica cotidiana bastantes más– a minusvalorar las cualidades de los demás españoles, su capacidad para el trabajo, su formalidad, esfuerzo y honradez, y aún más los han acusado de delincuentes diciendo que les roban, estén haciendo ahora discursos de amistad y colaboración para cuando ellos hayan dado un portazo a la convivencia, con malos modos.

Tengo la sospecha de que a pesar de los delirantes discursos de Mas y Junqueras, asegurando que la independencia ha de ser la solución de todos los problemas que viven los catalanes –y de los que al parecer ellos no son responsables en absoluto–, en su fuero interno se están diciendo los mismos argumentos que he expuesto anteriormente, y muchos más obtenidos de los expertos un poco ecuánimes que puedan aconsejarles. Y que después de endilgarnos encendidos discursos, vibrantes mítines y promesas mesiánicas, los dos socios deben ponerse a echar cuentas y comprobar que no les salen. Recuerda vívidamente la peripecia de Cambó, cuando después de años de manifestar su desagrado y molestia con España por la contribución que debía aportar Catalunya al mantenimiento del Estado, se encontró con que sus quejas y demandas eran acogidas con gran disgusto por el resto de los españoles, que comenzaron a rechazar los productos catalanes. Su libro Per la Concordia es enormemente iluminador de cómo la burguesía abandona pronto los ideales cuando se resienten sus negocios. Mientras tanto, con la codicia que la caracteriza, ésta intenta que de la obsesiva campaña se siga algún beneficio del que apropiarse, en tanto no se dicte sentencia de divorcio.