Opinion · La verdad es siempre revolucionaria

II Congreso del Partido Feminista de España

Este sábado 25 y el domingo 26 de julio se celebra el II Congreso del PARTIDO  FEMINISTA DE ESPAÑA. Quiero recordar que el partido fue constituido en Barcelona en mayo de 1979, aunque no fue  legalizado hasta el 8 de marzo de 1981. El I Congreso se celebró los días 2 y 3 de julio de 1983 donde se aprobaron las Tesis ideológicas y el programa que se publicaron en el libro «PARTIDO FEMINISTA. TESIS», de 224 páginas, fruto del trabajo teórico realizado por la «Organización Feminista Revolucionaria» (Organización para la constitución del PFE).

Antes incluso de esa fecha trascendental, el Partido había participado en las elecciones catalanas de 1980 en coalición con otras fuerzas políticas. Fue en las elecciones europeas de 1999 cuando con el Partido Feminista de Euskadi, el Partit Feminista de Cataluña y el Partit Feminista de Valencia, volvimos a comparecer en la arena electoral. Aquellas experiencias nos afirmaron en la necesidad de que el feminismo tuviese una proyección política que desde el Movimiento Feminista no alcanza.

Creemos que en las actuales circunstancias, convulsas y que quizá anuncian un cambio político de largo alcance, es imprescindible que la voz de las mujeres y los programas y proyectos del feminismo estén presentes, cosa que no ha sucedido en las últimas elecciones. Es evidente que en el amplio listado de derechos y avances económicos y sociales que la ciudadanía está reivindicando, aquellos que afectan especialmente a las mujeres tienen mucha menos difusión y publicidad.

Las protestas de las diversas ramas de la producción, así como del sector educativo, el sanitario y el cultural, ocupan cotidianamente las portadas de los medios de comunicación y provocan la alarma social derivada de tal estado de cosas. Pero a la vez que las mujeres somos víctimas de la situación económica general, padecemos una violencia específica. Sin embargo no se le otorgan a estas condiciones dramáticas el protagonismo que se merecen. Y no han sido  tampoco objeto de denuncia y preocupación por parte de las formaciones políticas que se han presentado a la última contienda electoral.

Si la sempiterna crisis –el capitalismo siempre está inmerso en alguna crisis– ha permitido eliminar derechos sociales, hundir en la pobreza a los trabajadores, alcanzar la cota de paro del 22,5% –según la última Encuesta de Población Activa– con 5.149.000 personas sin empleo, y permitir a la patronal contratar trabajadores y trabajadoras con las condiciones de un contrato de cuasi esclavitud, lo que no cabe duda es que las más perjudicadas por este estado de cosas somos las mujeres.

El reparto de la riqueza en España es del 82% para los hombres y el 18% para las mujeres.

El paro femenino asciende a un millón más de mujeres que de hombres. Con solo el 52% de la población activa femenina –aquellas que buscan empleo– España tiene 20 puntos menos que Francia y 30 que Suecia. Es la herencia del franquismo. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres para el mismo puesto de trabajo siguen perpetuamente en el 30%, aumentando cuando se trata de empleo a tiempo parcial y de contratos eventuales.

Cinco millones de amas de casa que están inscritas en el censo como de profesión “sus labores”  no tienen salario, ni seguridad social ni vacaciones ni jubilación, con jornadas de van de 30 a 60 horas semanales de trabajo, según el número de dependientes que atiendan.

Tres millones de viudas cobran el 51% del salario asegurado del marido, con pensiones de 400 euros de media.

Un millón setecientas familias llamadas monoparentales son en realidad monomarentales, porque el 80% está regido por una mujer.

La nueva legislación sobre matrimonio y divorcio ha empobrecido a las mujeres y sobre todo a las madres de niños pequeños, y está causando verdaderos dramas con la aplicación sesgada y machista de la custodia compartida.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sigue en la indefinición, puesto que se mantiene como delito en el Código Penal. Se obliga a las menores de 18 años a conseguir el permiso paterno para abortar, sin tener en cuenta el riesgo de que hayan podido ser víctimas de violación o violencia en el seno de la familia, y solo se atienden el 3% de los abortos en la Sanidad Pública. El 97% se practica en la medicina privada, siendo una fuente de beneficio económico para las clínicas dedicadas a esa operación.

Se sigue contabilizando en nuestro país la espantosa cifra de 500.000 mujeres obligadas a prostituirse y entre las que existe una cantidad cada vez mayor de menores, sometidas a toda clase de violencias que no se computan, con la complacencia de las instituciones que debieran protegerlas y proceder a la abolición de la prostitución.

Este es un breve resumen del largo capítulo de desigualdades, injusticias y explotaciones que sufren las mujeres, del que el más trágico es el de la violencia.

Con 150.000 denuncias por maltrato machista cada año, y 110 asesinadas en 2014, España posee un triste ránking entre los países europeos avanzados sobre la violencia contra la mujer.

Por ello, es imprescindible dotarse de los instrumentos políticos que defiendan los intereses de las mujeres, tan relegados a la segunda fila por los partidos que conocemos. De la misma forma que no se pueden aceptar las reglas del capitalismo que hunden en la miseria a las clases desposeídas, no vamos a aceptar las reglas del patriarcado que violentan y humillan a las mujeres. No se trata de refundar el capitalismo sino de construir el socialismo feminista en el Siglo XXI.

Es imprescindible implantar en nuestro país un plan económico de izquierdas a la vez que un programa feminista, que se plantee la renegociación de la deuda pública, una auténtica redistribución de la renta y la reforma agraria,  a la par que la cancelación de los acuerdos con la Iglesia católica, la salida de la OTAN y de las bases estadounidenses en nuestro país.

Pero somos conscientes de que ninguna de estas decisiones y cambios serán posibles sin que nuestro país esté regido por una República.