La ministra de Defensa Dolores de Cospedal ha pedido perdón en nombre del Estado a las víctimas, y a sus familiares, del siniestro del avión Yak42 que se estrelló en Turquía, en el monte Pilav cerca del aeropuerto de Trebisonda el 26 de mayo de 2003 con 75 personas a bordo. El pasaje lo formaban 62 militares españoles, que regresaban a España tras cuatro meses y medio de misión en Afganistán y Kirguistán; todos ellos fallecieron junto a doce tripulantes ucranianos y un ciudadano bielorruso.

Pidió perdón en nombre del Estado, institución impersonal y que no tiene alma y honor, en vez del gobierno, cuyos integrantes sí son seres humanos, que en aquel momento administraba las acciones del Ejército y que era el verdadero responsable de la tragedia. Cospedal reconocía que se había contratado un avión cuyas condiciones no eran adecuadas para el vuelo y se había procedido a ordenar las identificaciones de las víctimas con tanta precipitación, y sin precisión alguna, que 30 de las 62 cadáveres fueron falsamente atribuidos a hombres que no eran las víctimas, con certificados de ADN  que no correspondían, y metiendo revueltos en los ataúdes restos de unos y de otros.

No pidió perdón Federico Trillo que era el ministro Defensa en aquel episodio y que fue el que organizó el vuelo y las identificaciones. No ha pedido perdón José María Aznar que era el Presidente del Gobierno en aquella época. No ha pedido perdón Mariano Rajoy que es el Presidente del Gobierno hoy.

Dolores de Cospedal, que ya se ve que hace carrera asumiendo explicaciones, responsabilidades y perdones bastante incómodos, como sucedió con Bárcenas y ahora Trillo, nos ha leído el informe del Consejo de Estado, que, 13 años y medio más tarde, descubre que la contratación del avión que debía repatriar a nuestros militares desde Afganistán fue muy inadecuada. Se contrató un Tupolev soviético, viejo, destartalado y sin mantenimiento, porque era más barato.

José Bono, ministro de Defensa que sustituyó a Trillo cuando cambió el gobierno, explicó que el Ministerio de Defensa pagó 135.000 euros por ese trasto pero que a la empresa contratada únicamente llegaron 35.000, y asegura que nadie sabe a donde fueron a parar los otros 100.000. Como tampoco nunca se ha encontrado el contrato que debió firmar el ministro, o algún alto mando, con la empresa que administraba el avión. Nadie tampoco ha intentado averiguarlo.

Antes de la tragedia varios de los militares destinados en aquellas zonas escribieron al Ministerio denunciando que los traslados de las tropas se hacían en condiciones deplorables. Viejos aviones desahuciados que ningún gobierno de otro país alquilaba. Sin espacio siquiera para sentarse –he visto alguna foto con los hombres en el suelo- y que a la vez transportaban carga, que, apenas sin sujeción, se volcaba sobre los pasajeros.

Los procesos que se iniciaron a denuncia de los familiares han concluido, uno tras otro, absolviendo de responsabilidades al ministro –la complicidad del Poder Judicial con el Ejecutivo es evidente-  y condenando –levemente- a algunos militares que participaron en el desaguisado de las identificaciones de los cadáveres, y que fueron inmediatamente indultados por el gobierno de Mariano Rajoy.

Este retrato de uno que parece incidente aislado, es sin embargo una fotografía exacta de un Ejército y de un gobierno. Porque ni el ministro Trillo ni el Presidente del Gobierno han pedido perdón, pero tampoco los altos mandos militares que conocieron la operación, los médicos forenses que no hicieron las autopsias y que aceptaron firmar los certificados falsos, los mecánicos que supervisarían la operativa y dieron por bueno el vuelo, los inspectores que investigaron y aseguraron que el accidente se debía a un fallo humano, los oficiales que no se arredraron de declarar en público que el avión reunía las condiciones adecuadas.

En las televisiones hemos visto a un teniente coronel, con todo el empaque, afirmar que las identificaciones de los cadáveres estaban bien realizadas porque todos llevaban la placa con su nombre, para, unos diez años después, declarar en el juicio que únicamente unos cuatro o cinco las portaban. Este fue condenado y rápidamente indultado. No he podido averiguar si ha regresado a su puesto en el ejército.

Lo cierto es que este Ejército tan bendecido por la Monarquía y exaltado por los medios de comunicación serviles y pagados para mantener el engaño de la bondad y el prestigio que no se merece, no se ha pronunciado en ningún momento para aceptar los errores que se produjeron al escoger el avión. No considera que debe explicar la verdad de los negocios que alguien estaba haciendo con las contrataciones de los vuelos. Y ni pensar en pedir perdón a los familiares de las víctimas y a toda la ciudadanía española que no solo les pagamos, sino que permitimos que luzcan un uniforme que nos representa y se exhiban orgullosamente en los desfiles, que también pagamos, mientras reciben diariamente los elogios de políticos y  medios de comunicación por "su extraordinaria labor" "a favor de la paz y de la solidaridad internacional".

Ni los altos mandos militares ni los medianos. Ni los que conocían las circunstancias que se daban en esos vuelos de retorno de las tropas ni los que estuvieron directamente implicados en la contratación, la puesta a punto de la aeronave, el control de vuelo, la búsqueda de las víctimas, las autopsias de los cadáveres, las informaciones que se publicaron, las ruedas de prensa que nos ofrecieron y sus declaraciones en la televisión. Ni más tarde en los juicios ni por fin, ahora, cuando el informe del Consejo de Estado ha denunciado alguna de las infamias que cometieron.

Se pide perdón para consolar a las víctimas pero sobre todo para restaurar en alguna medida el propio honor mancillado por los crímenes cometidos. Que no hayan pedido perdón los gobiernos del PP que provocaron la tragedia y después han intentado ocultarla, maquillarla y falsificarla, no nos resulta demasiado sorprendente porque ya sabemos que esos gobiernos no tienen honor.

Pero que el Ejército, que presume de arriesgar la vida por proteger al pueblo, que es el garante de las más altas esencias de nuestro país, no lo haga, resultaría más indignante, si no fuera porque desde hace 80 años sabemos que el Ejército español no tiene ninguna estima por su propio honor.