Mariano Rajoy ha declarado ante la Audiencia Nacional sobre su conocimiento o participación en el desvío y apropiación indebida de fondos de que está acusado su partido, como tal entidad política.

Mariano Rajoy es el primer presidente del gobierno, en la historia de España, que tiene que declarar sobre la corrupción en que está asentado su partido. Pero no ha sentido vergüenza alguna. Con desenvoltura y hasta chulería, ha permanecido impertérrito durante los interrogatorios que han durado dos horas, afirmando que no sabía nada de nada.

Para mantener gallardamente esta postura le ha resultado imprescindible que los magistrados, en un ejercicio de servilismo y adulación únicos, le sentaran a su vera. Le han situado en una silla y frente a una mesa en el mismo estrado que los jueces, demostrándonos visiblemente que el poder judicial está sometido, sumiso y reverenciado al ejecutivo. Y durante el trámite del interrogatorio han declarado ¡catorce veces! impertinentes las preguntas de los abogados. Con malos modos, el presidente de sala ha interrumpido numerosas veces a los letrados, regañándolos repetidamente, mientras le permitía al presidente comentarios jocosos y ofensivos contra ellos. El fiscal, ¡pobrecito!, se ha inclinado ante la majestad del testigo.

Ciertamente para representar semejante papel mejor les hubiera ido a los magistrados de la Audiencia rechazar la declaración de Rajoy.

En 1975 Costa Gravas filmó una espléndida película titulada Sección Especial donde relata la infamia con que actuaron los jueces de Vichy durante el gobierno de Petain, en lo que llamaron, con los eufemismos que siempre sirven a poder, la Francia liberada. A raíz de un atentado de la resistencia contra un oficial de la marina alemana los colaboracionistas franceses deciden compensar al invasor. Con un infame servilismo deciden que tienen que morir 6 personas para vengarse del atentado. Y lo harán legalmente. O lo que el gobierno de Petain entendía por legal.

El gobierno de Petain creó una Sección Especial, un tribunal encargado de realizar juicios sumarísimos, rápidos y mortales contra los resistentes, y así iba a actuar para contentar a los mandamases alemanes.  El juicio contra unos miembros de la resistencia, incluyendo a algunos delincuentes comunes, que no pueden creer lo que están viviendo, es un símbolo de la sumisión de la judicatura al gobierno.     

Ya sabemos que durante la dictadura franquista la judicatura estuvo sometida al régimen, exceptuando unos heroicos jueces, alguno de los cuales fue duramente represaliado. Pero creíamos  que aquella etapa estaba ampliamente superada, o por lo menos así nos lo transmiten políticos, periodistas, educadores y medios de comunicación, a fin de que como en 1984, la distopía de Orwell, creamos que vivimos en un Estado democrático que garantiza la separación de poderes. Y engañados, a la vez que contentos, sigamos amando al Gran Hermano, que en España ahora tiene el rostro de Mariano Rajoy.

Ciertamente la mayoría de nuestra población nada sabe de lo que sea esa separación, ya se ocupa la escuela de que no lo aprenda, pero les aseguro que tampoco confían en el poder judicial, desconfianza bien justificada en su experiencia cotidiana. De tal modo, poco debe haber influido en el ánimo de la ciudadanía la farsa representada el otro día en la Audiencia Nacional.

Ciertamente ninguno de los que estamos implicados en la política confiábamos en que el espectáculo de la declaración del presidente del gobierno tuviese ningún resultado ni positivo ni eficaz. O por lo menos, eso creo, dado que es de esperar que los dirigentes de la oposición conozcan el percal del PP y del presidente. Sólo algún periódico moderado ha sido tan necio como para confesar que confiaban nada menos que  conocer la verdad de los labios de Rajoy, lo que indica el nivel de estupidez y de desinformación que padece. Porque era evidente que toda esa pantomima estaba organizada para mostrar la inocencia y la ignorancia de nuestro ínclito gobernante, del mismo modo que la infanta Cristina se prestó a aparecer como una estúpida en la inaudita sesión de su declaración. Pero ahora, tratándose del presidente del gobierno y no de una tonta e ignorante mujercita, por más princesa que sea, podían haberlo preparado con un poco más de dignidad. Me refiero a los jueces.

Bajo la dictadura conocimos la infame tarea de los tribunales de represión política, y cómo los magistrados que los dirigían eran capaces de dictar sentencias condenatorias sin pruebas, a tenor de las imposiciones del régimen. Durante más de 40 años –a mí me procesaron por varios artículos en Vindicación Feminista e Interviú a finales de los años 70, y conmigo a decenas de periodistas- la judicatura estuvo al servicio del poder político. Y no lo disimulaba, puesto que para eso habían ganado la Guerra Civil.  

Pero hoy, los que constituyen el poder más 'justo' de todos puesto que son los que administran justicia y deben oponerse a las tropelías, maldades y fechorías de los demás poderes: ejecutivo y legislativo, siguen siendo los mandados del gobierno de turno. Ya hemos sufrido la conducta inaceptable de diversos fiscales: el del Estado, el anticorrupción, corrupto él a su vez, y no digamos, porque excede del tema de este artículo, los que cada día persiguen a las mujeres y a los niños y niñas para defender el sistema patriarcal, tan saludable todavía.

Pero que sean los propios jueces, y nada menos que los de la Audiencia Nacional –el tribunal especial que todavía mantenemos como fue el de Orden Público, digan lo que digan- los que se humillen públicamente ante el presidente del gobierno, resulta excesivo.

Ciertamente no sé si nos encontramos ya de lleno en el mundo de 1984, pero sí es cierto que nuestros jueces son muy parecidos a los de la Sección Especial francesa.

Las Palmas, 31 de julio 2017.