Escogido el gobierno de la nación, después de aprobada la moción de censura con la elección de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, las necesidades de reforma y renovación, tanto legislativas como estructurales, se acumulan en los próximos meses para este nuevo Consejo de Ministras y Ministros. Este gobierno del PSOE se encuentra con que ha de resolver las reclamas de una buena parte de la sociedad que ha visto recortarse sus derechos en los últimos años y que está sufriendo las consecuencias de la austeridad impuesta por las condiciones exigidas por la Unión Europea.  Ahí está la necesidad de anular la Ley Mordaza, que tanto sufrimiento y vergüenza nos ocasiona;  ha llegado el momento de cumplir con la demanda de los pensionistas de aumentar la pensión a tenor del IPC; con la urgencia de atender las necesidades de la sanidad y la educación, los transportes y las comunicaciones; el contencioso con Cataluña y nuestras relaciones con la Unión Europea.

Así lo expresan los periodistas y los expertos de todos los medios, pero me sumo nuevamente en la perplejidad cuando veo que El País hace un largo despiece sobre los ministerios y sus ministras e, igual que en tiempos pasados, no le merecen ni una mención los temas que afectan a las mujeres. Esa es la tónica general de los periódicos. En todo caso, alguno se digna a recordar que queda por cumplir el presupuesto de 200 millones de euros prometidos al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Nada más. Como siempre, las mujeres en todo caso seremos merecedoras de unas ayudas sociales para consolar nuestras desgracias.

Repasando las tareas que tienen asignadas las diferentes carteras, veamos en qué medida conciernen al futuro de las mujeres.

Al Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se le exige como departamento inversor por excelencia  que ponga en marcha el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Es evidente que a las mujeres les concernirá como usuarias y contribuyentes, pero en estos sectores de producción las mujeres son minoritarias, por tanto apenas influirá en aumentar el empleo femenino. Nunca se oye que se ponga en marcha un Plan Extraordinario de Inversión en los sectores de producción donde la fuerza de trabajo femenina es dominante: textil, confección, química, pequeña metalurgia, farmacia, cuidados. Para el Ministerio, eso no debe de ser fomentar la producción y el empleo.

Dice la información publicada que la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, debe resolver la precaria situación de la Seguridad Social, la revalorización de las pensiones, el empleo, el estatuto de los trabajadores. Pero el femenino no se utiliza ni una sola vez en esta relación de problemas a resolver, a pesar de que la llamada brecha salarial –eufemismo elegante para no decir que las mujeres están peor pagadas que los hombres- alcanza ya el 30% de diferencia con el masculino, que las pensiones que perciben aquellas son el 38% menos que los varones, que el paro femenino excede en un millón al masculino, que el trabajo a tiempo parcial, eventual e inseguro  es mayoritariamente para las mujeres. Que mientras en España la población activa femenina es del 54%, en Francia es el 70% y en Suecia el 80%. Que existe un colectivo de 5.000.000 de amas de casa que no pueden incorporarse al mercado laboral por falta de formación y de demanda, que están catalogadas como población inactiva y que no perciben salario, ni disfrutan de jornadas regladas, vacaciones, bajas por enfermedad o accidente laboral, ni cobrarán pensión alguna, después de haber dedicado 30, 40 o 50 años a reproducirse y cuidar la familia.

La conciliación de la vida personal –en la que entra la maternidad- con la laboral es prácticamente imposible para las madres de niños pequeños. El abandono del puesto de trabajo para las mujeres a partir del momento en que tienen hijos es del 30%, y son ellas las que solicitan reducción de jornada, excedencias no pagadas y trabajos parciales cuando han de cuidarlos. Con la consiguiente reducción de ingresos, de expectativas de obtener puestos de mayor responsabilidad y de cotización a la seguridad social, que lleva aneja la percepción de una jubilación miserable. Es imprescindible el reforzamiento –cuando no la creación- de una red de servicios públicos de cuidados, tanto de menores como de mayores y discapacitados que liberen a las mujeres de la permanente responsabilidad de atender a la familia, debiendo desatender su trabajo asalariado.

Y estos son solo algunos de los graves problemas que padecen las mujeres en el mundo laboral. Habrá que hablar de las Kellys, de las olivareras de Sevilla, de las plataneras de Canarias, del acoso sexual en el trabajo, de la marginación de los puestos de decisión, de la ausencia de mujeres en los consejos de la administración pública y privada. Todo un programa.

Mientras Carmen Montón, como titular de Sanidad, ponía el acento en la atención universal y la dependencia, olvidó que la sanidad es la rama de producción más feminizada en todos sus aspectos: desde la atención a los enfermos al mantenimiento y limpieza de clínicas y hospitales, con jornadas extenuantes y salarios misérrimos. También las especialidades de ginecología, obstetricia, cáncer de mama, de útero y ovarios, enfermedades específicamente de la mujer, están desatendidas y mal financiadas. Como también es preciso aumentar la atención pediátrica, ya que los problemas de la infancia nos afectan a todos y especialmente a las madres que se hacen responsables siempre de su control. Una rama de la medicina desatendida a pesar de que se trata del mantenimiento fundamental de la salud y la reproducción social. De la misma manera que el cuidado de ancianos, enfermos crónicos y adolescentes asociales recae siempre sobre las mujeres de la familia. Y el consumo familiar, que va unido a ese ministerio, es responsabilidad mayoritaria de las mujeres.

Luis Planas, en Agricultura, habrá de enfrentarse a la demanda de titularidad de la propiedad que por fin las mujeres que trabajan en la agricultura –gratuitamente muchas veces– exigen con contundencia. Además de los salarios discriminatorios, los abusos a las jornaleras por parte de capataces y cortijeros, y la necesidad de que las famosas subvenciones europeas beneficien también a las campesinas.

En Educación espero que Isabel Celaá ponga fin a esas instituciones que segregan por sexo en el aula e imponga un plan educativo que, además de enseñar mejor que hasta ahora, no adoctrine ni religiosa ni moralmente a las alumnas, explicándoles que el aborto es un crimen, entre otras lindezas.

En Ciencia, innovación y universidades, hay que exigir a Pedro Duque que recuerde que también hay mujeres científicas e investigadoras que no reciben ni apoyo ni subvenciones, con una ratio vergonzosa de decanas y rectoras de universidad.

En Cultura y Deporte espero que el flamante ministro Máxim Huerta cumpla la promesa de promocionar, alentar y subvencionar a las mujeres en todas las ramas de la cultura y especialmente del deporte, en el que están marginadas, olvidadas y ninguneadas a pesar de que nos han aportado espléndidos trofeos en los campeonatos europeos e internacionales en los últimos años.

Reyes Maroto tendrá que dedicar buena parte de su tiempo a eliminar la discriminaciones, falta de estímulos y bajos salarios de las mujeres que trabajan en la industria, el comercio y el turismo, sobre todo en estos dos últimos sectores donde son fundamentales.

No sé si esperar que Fernando Grande-Marlasca sea capaz de renovar muy profundamente los cuerpos de seguridad del Estado que deben proteger y amparar a las mujeres maltratadas, violadas y asesinadas, cuyas cifras son la vergüenza de nuestro país. Y crear una Escuela de policía, guardias civiles, policías autonómicas que los enseñe a discernir claramente lo que es violencia machista y dotarles de medios para que puedan llevar a cabo la labor de protección de las víctimas que se les ha encomendado.

Y en Justicia, Dolores Delgado tiene que inmediatamente ponerse a la tarea de modificar la Ley de Violencia de Género, completamente inoperante en su objetivo de prevenir y evitar el delito de la violencia machista, que deja al margen a muchos sectores de mujeres no consideradas género y que no obliga a la judicatura a dictar las órdenes de alejamiento y de protección que se precisan, con el resultado de que un 25% de las víctimas de feminicidio habían presentado varias denuncias por maltrato, amenazas y acoso antes del asesinato. Así como formar un verdadero cuerpo de jueces, magistrados, fiscales, forenses y cuerpo de funcionarios y auxiliares de la Administración de Justicia para que sean capaces de dictar una verdadera justicia imparcial en todos los casos en los que son víctimas  las mujeres y  los menores.

Como se ve, la agenda feminista que tienen que cumplir las 17 ministras y ministros es más nutrida y completa de lo que dan a entender los expertos y los medios de comunicación. Y ocultarla desde el principio es una mala señal.

Abrigo, sin embargo, la esperanza de que, aunque sea en secreto como hasta ahora, todos y todas las ministras la tienen grabada en su mente y en sus ordenadores y que mantienen la convicción de que hay que llevarla a cabo. Ahora lo que tienen que hacer es mostrarla públicamente para que aumentemos nuestra confianza en ellas.