Cuatro mujeres y dos niñas han sido asesinadas en una semana. Una semana negra comentan políticos y medios de comunicación. No dicen unos años negros. Desde 2004 en que se aprueba la Ley de Violencia de Género, tan repetidamente alabada, más de 1000 mujeres han sido asesinadas, y desde 2013 cuando comienzan las estadísticas 27 niños han muerto a manos de sus propios padres.

Estos sucesos vienen a sumarse a los que llevamos relatando varios decenios. La ingenua confianza que abrigaban algunas políticas y dirigentes feministas de que la Ley de Violencia de Género iba a atajar esta masacre, se ha convertido en el más amargo  de los escepticismos.

Los llamamientos continuos que hacen los poderes públicos para que las mujeres maltratadas recurran a las instituciones solicitando protección y amparo resultan no sólo inútiles sino sobre todo una burla para las víctimas. Varias de las víctimas  habían presentado denuncia en los juzgados pertinentes de violencia. La madre que sufre impotente que el padre haya asesinado a sus dos hijas de tres y seis años vio denegada la solicitud de orden de alejamiento de su maltratador. La jueza que tomó semejante resolución no ha hecho ninguna declaración, con toda probabilidad se sentirá incómoda por los comentarios que se han atrevido a realizar algunos medios de comunicación sobre la falta de sensibilidad de la juzgadora y no se le puede pedir ninguna explicación. Incluso un representante del poder judicial ha declarado muy molesto que la magistrada no tenía ninguna responsabilidad en el asesinato de las niñas y más de uno añade que los jueces no son máquinas en el momento de adoptar decisiones. Con mucho sarcasmo comentó que si las resoluciones han de ser siempre iguales con un ordenador basta.

Pero a ninguno de estos jurisconsultos se le va a exigir que nos ofrezca una justificación de su conducta y por supuesto ni perderán su puesto de trabajo ni tendrán que indemnizar a la víctima con sus propios emolumentos. Porque la propia ley de Enjuiciamiento Criminal los exonera de cualquier responsabilidad.

Muchos son los lamentos, tanto por parte de sectores de la administración de justicia, como de los políticos y los medios de comunicación, como de ciertos ámbitos del movimiento feminista, por estas decisiones judiciales y la falta de protección que padecen las mujeres. Pero no hay manera de que los legisladores se decidan a modificar una ley que se ha demostrado suficientemente inoperante e injusta.

Hace ya muchos años, en el Colegio de Abogados de Barcelona recuerdo que ante un debate sobre el tema expuse la necesidad de que la ley fuera lo más concreta posible agotando toda la casuística que en aquel momento pudiéramos imaginar. Porque a los jueces añadí hay que obligarles a dictar las resoluciones que protejan a las mujeres.

Con la excusa de que no tienen medios económicos ni personales para atender todos los casos, el cuerpo judicial tiene la excusa perfecta para seguir actuando de la misma manera. Pero no imagino en qué medida el dinero hubiera hecho cambiar el criterio de la jueza que se negó a aceptar la orden de protección a la madre de las dos niñas asesinadas. Tampoco pienso que el dinero hubiera sido definitivo para que no se concediera el régimen de visitas de los niños de José Bretón, ni al de la hija de Ángela González, que acabaron muertos a manos de sus padres.

En este momento Susana Guerrero esta sufriendo nuevamente un calvario de juicios y declaraciones, acusada de no permitir las visitas de su hija a su padre, como también le paso a María Salmerón. Las dos madres coraje han defendido durante una década a sus hijas para, como dicen, que no les sucediera lo que a la de Ángela Carreño. Y podemos añadir 27 más.

Resulta incomprensible la falta de empatía que muestran jueces fiscales y miembros de la administración de justicia cuando se producen estos horribles hechos. Los directamente responsables no suelen hacer declaraciones, porque al hallarse más allá del bien y del mal no tienen que descender al pantano de discusiones y debates en que nos ahogamos los simples ciudadanos. Y los que representan al Poder Judicial comparecen, para muy estirados y ofendidos, defender la conducta de sus compañeros.

Pero las madres no tienen más alternativa que enterrar a sus hijas y llorarlas. Nadie las indemnizará por una pérdida que no tiene precio. ¿Cuánto vale una hija? ¿Por cuánto mataría usted a su hija? ¿Y a su nieta? ¿Y a su sobrina? Pero ni ese cuánto que es incontable va a entregarle el Estado español a sus ciudadanas, cuando el perjuicio que han sufrido es el más grave que puede padecer cualquier ser humano, a consecuencia de la dejadez de funciones y la negligencia profesional que han mostrado precisamente aquellos que tenían que defenderlas.

Porque nuestra legislación no contempla la responsabilidad del Estado en estos casos. Fue necesario que la ONU condenara al Estado español a indemnizar a Ángela González Carreño para que transcurridos más de 10 años decidiera el Tribunal Supremo español aceptar la indemnizacion que le corresponde.

Y de la misma manera, el cuerpo legislativo que es el que tiene que imponer las normas por las que se han de regir los jueces, y que deben proteger a sus ciudadanas, está mucho más preocupado discutiendo sobre los másters y los doctorados de los dirigentes políticos que por salvar la vida de las mujeres y de los niños que la pierden cada día a manos de sus verdugos, sin que ni las fuerzas de seguridad del Estado y la judicatura hagan nada por evitarlo.