Opinion · La verdad es siempre revolucionaria

Valores republicanos (Carta abierta a Pedro Sánchez)

Sr. Pedro Sánchez, Presidente del gobierno de España, me dirijo a usted para pedirle que no utilice falsedades, mentiras y medias verdades para hacer su campaña electoral. Porque no está bien. Cuando se es presidente del gobierno y se pertenece al Partido Socialista Obrero Español se tiene la obligación de decir la verdad. Deje las mentiras y las falsedades para la derecha, que es ducha en esos menesteres.

Usted no puede ir a Colliure a honrar la memoria de Antonio Machado y de Manuel Azaña  con la bandera monárquica que nos impusieron en la Transición y afirmar además que la Constitución de 1978 recuperaba los valores republicanos.

Usted debe informarse de cuáles son los principios republicanos antes de afirmar semejante aserción. No tiene derecho, como primer gobernante que es del país, a ser ignorante.

El primero y fundamental principio republicano es que el Presidente de la República se elige por las Cortes constituidas después de unas elecciones populares, libres y democráticas, lo que naturalmente no sucede con la monarquía que impone un rey o una reina que tienen tal consideración simplemente por su filiación, y a cuya elección el pueblo no tiene ningún derecho.

Y le ruego que se instruya de lo que realmente decía la Constitución de la II República de 1931, que comenzaba en su artículo 1º afirmando que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia.”, constatando con ello su voluntad de caminar hacia una sociedad socialista.

Así mismo en su artículo 3º afirma  que “España no tiene religión oficial”. Y una de las declaraciones más transcendentales: “renuncia a la guerra como instrumento de política nacional” en su artículo 6º.

El 25 dice: “Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1ª. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependientes del Ministerio de Justicia.
3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4ª. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5ª. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6ª. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.

Siguiendo con su propósito de socializar la riqueza del país, el artículo 36 establecía que “las actividades  industriales y comerciales estarían sujetas a los intereses sociales de interés general”. El 44 dispone que “toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes”.  En el mismo sentido, el artículo 46 establece que la propiedad puede ser expropiada en interés del bien público y con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. Y añadía que “el Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional”.

Como ve, principios y valores muy distintos de los que consagra la Constitución de 1978 que nos rige en la actualidad.

La II República se caracterizó por enfrentarse clara y explícitamente al Capital, a la Iglesia y a las fuerzas militaristas. Es una de las Constituciones más adelantadas no solo de su época sino de los tiempos modernos. Con tal Carta Magna, se crearon los Comités paritarios sectoriales y Comisiones mixtas interclasistas, para resolver los conflictos laborales, tras eliminar el sistema corporativo anterior.  Y se detuvieron al banquero Juan March y al cardenal Segura, primado de España en Sevilla, por conspirar contra la República. Se disolvió la Compañía de Jesús, se le quitaron a la Iglesia la competencia en educación  y se dispuso un programa educativo, el más avanzado del mundo en su tiempo.

Es preciso que usted se entere y con usted el 95% de los y las ciudadanas españolas, que de ninguna manera la Constitución de 1981 recoge los valores republicanos, comenzando, como ya he dicho antes, que no se puede escoger al jefe del Estado.

Con la  Constitución de 1931, el Estado no subvencionaría los gastos de la Iglesia Católica con el famoso 0,7% del presupuesto y no sería posible que  mantuviese la enseñanza que hoy detenta en más del 30% de las plazas escolares, ni que en el programa escolar se impartieran clases de religión. De ninguna manera esa institución hubiese podido inmatricularse, es decir apropiarse, de 40.000 inmuebles en toda España mediante el truco de inscribirlos en el Registro de la Propiedad, gracias a una ley que aprobó el gobierno de  José María Aznar. Ni los innumerables monumentos de toda clase que constituyen los tesoros de nuestro país: catedrales, iglesias, ermitas, abadías, conventos, seos, serían propiedad de la Iglesia, sino del Estado.  Por supuesto esa Iglesia  pagaría sus impuestos, y cuando hubiera organizado manifestaciones contra el aborto y el matrimonio homosexual hubiesen sido disueltas las órdenes religiosas que las patrocinaran. Ni por supuesto ningún alcalde, ni de izquierdas ni de derechas, podría entregarle medallas de la ciudad a las vírgenes ni presidir las procesiones.

Y el programa educativo, tantas veces cambiado desde que tenemos democracia, no escondería ni falsificaría a los alumnos la verdadera historia de España, que el PSOE y otros partidos de izquierdas pactaron con la derecha en la Transición, para que la ignorancia y las mentiras del franquismo siguieran difundiéndose en las nuevas generaciones.

Tampoco sería posible que el gobierno de José María Aznar y el PP hubiesen involucrado a España en la guerra contra Irak, infamia que siguen sufriendo varios países de Oriente Medio y cuyos sufrimientos vemos cotidianamente en los refugiados que huyen de los bombardeos y de la miseria y vienen a morir a nuestro Mediterráneo.

Si la Constitución de 1931 estuviese vigente usted y su gobierno no hubieran podido aceptar fabricar misiles de alta precisión en la empresa Navantia de Cádiz para venderlos a Arabia Saudí, con el peregrino argumento de que son tan inteligentes que solo matan a quien tienen que matar. Y no habría habido un alcalde de esa ciudad como Kichi, que se auto sitúa en la izquierda, que lo justificase.

Y por supuesto, no hubiésemos entregado miles de millones de euros a la banca privada para salvarla de la bancarrota, mientras se quitaban recursos a la sanidad, la educación y los servicios sociales, ni morirían los dependientes sin haber recibido las ayudas estatales a que tienen derecho, ni las mujeres maltratadas ni los niños huérfanos se encontrarían desasistidos sin recursos.

Así mismo la II República creó los Comités paritarios sectoriales, Comisiones mixtas interclasistas, para resolver los conflictos laborales, tras eliminar el sistema corporativo anterior.

Y sobre todo, aprobó la Ley de Reforma agraria que quitaba el omnímodo poder de los Grandes de España, la aristocracia más reaccionaria y cruel con los campesinos, y que selló definitivamente el destino de la República.

Como ve, principios y valores muy distintos de los que consagra la Constitución de 1978 que nos rige en la actualidad. De tal modo, le pido que no engañe a la ciudadanía con falsedades semejantes.