Creen muchos de los candidatos del PSOE convocados al examen de las urnas el 22 de mayo que José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en un lastre. Dominados por el vértigo de verse desposeídos de sus ínsulas y virreinatos, han concluido que si el presidente del Gobierno anticipara ahora que no optará a un nuevo mandato en 2012 se verían liberados de la rémora de unos comicios, municipales y autonómicos, planteados en clave de plebiscito sobre su figura. Olvidan que tal actitud constituye una confesión pública de sus propias debilidades políticas y de su escasa confianza en la capacidad ciudadana de discriminar el objeto de cada convocatoria electoral.

Un anuncio de esa naturaleza con antelación a las elecciones del 22-M, para el que prosiguen las presiones, evitaría que la campaña se vea ahogada en los ríos de tinta de las conjeturas sobre si Zapatero se va o se queda. La presión informativa se desplazaría hacia la cuestión de a quién prefiere como sucesor cada uno que tenga algo que decir, al interrogante de cuántos y quiénes estarían dispuestos a dar un paso al frente, y al asunto no menor de los procedimientos para resolver tal dilema, que en los últimos 37 años sólo se ha planteado en cuatro ocasiones –cuando Felipe González reemplazó en 1974 a Rodolfo Llopis, cuando Joaquín Almunia heredó en 1997 a González, cuando José Borrell doblegó en 1998 al aparato que encarnaba Almunia y cuando Zapatero fue elegido en 2000 para reflotar la nave socialista–.

El enredo, pues, aún sería mayor porque el cabo de la madeja, que ahora es uno, se multiplicaría por esporas.

Encuestas y procedimientos

Los muñidores de la operación Rubalcaba sostienen que tales riesgos se verían neutralizados con una rápida coronación del vicepresidente primero por "los órganos del partido". Cualquier cosa con tal de soslayar el voto directo de los militantes, que Alfredo Pérez Rubalcaba es de los que aprenden en barbas ajenas y no en vano fue él quien convenció a Almunia para que convocase el proceso en el que las bases del PSOE auparon a Borrell haciendo caso omiso al diktat de la nomenclatura, con González y toda la pléyade de virreyes humillados por el estrépito de las sillas vacías.

Frente al contrasentido histórico-biológico de convertir al padre en heredero del hijo, los defensores de esa operación sucesoria esgrimen los sondeos como argumento con valor de ley. Subrayan así que, como ratificó en enero el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Rubalcaba es el único ministro que aprueba en la valoración ciudadana. Se pasa por alto que el ministro del Interior ha sido en todos los gobiernos uno de los mejor valorados, entre otras razones porque, a causa del terrorismo, su cometido traspasa las fronteras ideológicas, si bien estas vuelven a ser determinantes cuando llegan las confrontaciones electorales.

Al frente de otro Ministerio en el que casi siempre se obtiene buena valoración, aunque con mucha menor presencia pública y atención mediática, le sigue –con sólo 83 décimas de diferencia– Carme Chacón. Con ocasión del 30º aniversario del 23-F, la ministra de Defensa, que en las últimas semanas ha hecho algunas notables incursiones políticas, recibirá este martes de María Teresa Fernández de la Vega el relevo público como emblema de las mujeres del PSOE, que durante siete años ostentó la primera vicepresidenta de un Gobierno de España.

Esto por hablar de los que aparecen en las encuestas. En 2000, cuando llegó, vio y venció, a Zapatero ni se le esperaba ni estaba.

Democracia antes que verdad

Pero, por encima de estas cuitas de familia, un anuncio de retirada hecho a destiempo convertiría a Zapatero no en un pato cojo, como se dice en EEUU de los presidentes cuando encaran su segundo mandato, el tope establecido por ley. Haría de él un pato mutilado, sin piernas ni brazos. Y este no sería el secretario general del PSOE, sino el presidente del Gobierno.

Tanto se han excedido en la presión pública los virreyes y presuntos herederos que, si Zapatero anunciara ahora o en los próximos meses su retirada –en el supuesto de que esa sea su decisión final–, no cabría otra interpretación que la de que se va porque lo echan los suyos. Y si no lo quieren los suyos, debiéndole en su mayoría los cargos que ocupan, ¿con qué autoridad –no confundir con legitimidad– podría seguir gobernando a todos los españoles?

Ni existe hoy una crisis política que justifique una sustitución parlamentaria como la de Adolfo Suárez por Leopoldo Calvo-Sotelo en 1981 ni la retirada sería la consecuencia de un compromiso previamente adquirido como en el caso de José María Aznar. La crisis económica ha situado a Zapatero al borde del abismo electoral, pero aún resiste erguido al borde del precipicio. Mariano Rajoy, a pesar de que no se ha despeinado ni arrugado el traje, aún no ha obtenido del CIS el certificado de aventajar al presidente en valoración ciudadana, prevalencia que ya le conceden otros estudios demoscópicos, como el Publiscopio.

Quizás sea tiempo de invocar a Rorty, como hizo Zapatero en 2002, cuando casi nadie creía que pudiera ganar las elecciones de 2004 y Felipe González cuestionaba en público que tuviera un proyecto: "Democracia antes que verdad". O, explicado con las palabras del entonces líder de la oposición: "Ese es el reto de los proyectos políticos que tienen ambición de futuro, que quieren cambiar las cosas, que no sólo están dispuestos a un relevo, sino que están dispuestos a una transformación de las cosas con acompañamiento histórico de lo que representan". Democracia antes que verdad.