Uno de los episodios más emocionantes de la manifestación del pasado 24 de abril contra la impunidad de los crímenes del franquismo fue la aparición de fotografías de Lluís Companys en Madrid. El rostro del presidente de la Generalitat de Catalunya, fusilado en octubre de 1940, recorrió la calle de Alcalá y se reunió con otras muchas imágenes en la Puerta del Sol. Detenido en su exilio francés por la Gestapo, fue entregado a las autoridades franquistas. No quiso taparse los ojos con la venda que le ofrecieron los verdugos. Gritó "Asesináis a un hombre honrado. ¡Por Catalunya!". Pudo también gritar "asesináis a un hombre compasivo", porque en los inicios de la Guerra Civil su autoridad permitió que salieran de Barcelona, en barcos extranjeros, más de 5.000 hombres y mujeres, poco seguros en la ciudad después del fracaso del golpe de Estado. Como una parte numerosa de las fuerzas del orden se había declarado en rebeldía, costaba trabajo mantener el cumplimiento de las leyes en una situación bélica. Por mucho que lo repitan algunas voces disfrazadas de ecuanimidad, la historia demuestra una y otra vez que los dos bandos no fueron iguales.

Lluís Companys era una víctima más en la Puerta del Sol, pero con una significación muy especial, que me invita a pensar en España. Los comentarios despectivos que surgen a veces entre representantes de las distintas comunidades, la historia compleja y humillante del Estatut catalán y la impotencia de un Tribunal Constitucional desacreditado a la hora de tomar decisiones, no sólo indican que los espacios institucionales son hoy más un rincón de manejos políticos que un ámbito de seguridad cívica, sino que evidencian las debilidades de una sociedad que no ha querido asumir de manera abierta las características de su realidad y las exigencias de su constitución en Estado. ¿Por qué cuesta tanto trabajo asumir la normalidad federal de España?

El enredo absurdo del Estatut no es el único signo de los desarreglos provocados por esta falta de claridad democrática. No me resigno a que las sílabas de Madrid, tantas veces identificadas con la libertad y la energía cultural en las épocas más brillantes de la historia de España, designen ahora un ámbito cortesano de inmovilismo, pensamiento reaccionario y paralización nacional. La derecha española, experta en crear señas de identidad unidas sentimentalmente a sus siglas, intenta convencer a los madrileños de que todos los movimientos realizados en cualquier comunidad autónoma esconden una ofensa a Madrid.

Es la paradoja que define la política de Esperanza Aguirre. Mientras desmonta minuciosamente los amparos sociales de los suyos, mientras liquida la sanidad pública y la educación pública, mientras trabaja al servicio de unos intereses económicos sin patria, trata de convencer a los madrileños de que están siendo ofendidos por catalanes, vascos y andaluces. No es poca broma un nacionalismo madrileñista que trabaja contra Madrid, pero ese es el terreno que cultiva la presidenta. Y esta paradoja ha permitido incluso que surja algo así como un PNV madrileño, o sea, una especie de PNM. Si se piensa bien y hablamos de política real, el partido de Rosa Díez no es hoy más que un PNM, quiero decir, una convocatoria madrileñista frente al nacionalismo vasco y catalán. Por eso no se responsabiliza del debate político y se limita a remover indignaciones
populares.

El PSOE le está poniendo las cosas fáciles a la derecha, porque no toma conciencia de que Madrid es la capital del Estado y se limita a competir en el terreno que marcan sus adversarios locales. Será muy difícil combatir la demagogia de la derecha si la izquierda no asume que Madrid debe ser la capital de un Estado Federal. Y eso no significa sólo buscar candidatos de talla nacional, sino atreverse a liderar sin miedos una política coherente, alejada de tentaciones centralistas y decidida a resolver las demandas de la realidad española. La mejor forma de defender los intereses de los madrileños es romper con el marco nacionalista de discusión planteado por la derecha y asumir el desarrollo de una España federal, en la que la autonomía plena de las comunidades no sea entendida como una ofensa. Así dejaremos de hablar sobre lo que nos separa y empezaremos a reconocer lo que nos une. Nos puede unir, por ejemplo, el modo de respetar nuestras diferencias.