Conviene atender las declaraciones de los gobernantes. No es que se pueda confiar en sus verdades. Casi todas ellas están pensadas como consignas populistas y formuladas con la intención de enmascarar la realidad. Pero una cosa es lo que se habla y otra lo que en realidad se dice. Así que merece la pena tomar las opiniones oficiales como síntomas. Basta con hacer un mínimo ejercicio de interpretación. La fiebre conduce a la pulmonía, la roncha al sarampión, el dolor de estómago a la úlcera. Las opiniones de los gobernantes son síntomas que conducen a la realidad que pretenden enmascarar.

El ministro de Justicia ha afirmado que las protestas de los jueces no se deben a criterios éticos sobre sus reformas penales, sino al deseo de mantener privilegios en los sueldos y en la disposición generosa de sus vacaciones y de sus días de asuntos propios. ¡Ahora toca ir a por los jueces!

Primera cosa que nos dice la habladuría del ministro: a los gobernantes les interesa que los ciudadanos se odien entre sí. Por eso levantan rencores. Estos días hemos llegado a oír que parece justo reformar las pensiones y bajarlas porque a los funcionarios también se les ha quitado la paga de navidad. Combate, pues, de boxeo entre funcionarios y pensionistas. El descrédito de un grupo social resulta útil para desactivarlo. El descrédito, además, impide la solidaridad, la protesta en común, la lucha colectiva. Fragmentamos a la sociedad en jueces, pensionistas, funcionarios, enfermos, profesores, y acabamos de forma individual con los derechos de cada colectivo. Uno por uno hasta el naufragio final de todos.

Segunda cosa que nos dice la habladuría del ministro: el empobrecimiento calculado de la población española va a llegar a las clases medias-altas. Queremos pagar la deuda de los bancos de España con los bancos alemanes y no nos basta con empobrecer a los trabajadores y a las clases populares. La pérdida dolorosa de poder adquisitivo llegará también a la burguesía representada por los jueces. Y eso no significa que los pobres vayan a suavizar su sacrificio. Más bien se trata de que algunos aspirantes a ricos deben empobrecerse.

La acusación de vagos y maleantes se había limitado hasta ahora a sectores como el de la educación pública. Los maestros –nos dijeron- protestan ante los recortes porque se han acostumbrado a trabajar poco y a gozar de muchas vacaciones. La educación pública supone el mejor camino para la movilidad social. Facilita el equilibrio democrático de una sociedad no dividida por castas económicas desde la infancia. Degradar a un profesor es atacar el deseo de las clases más humildes, la ilusión de que sus hijos puedan un día disfrutar de un título universitario. Atacar a los jueces no supone ya negar a los de abajo el derecho a subir. Más bien implica avisar a los de arriba de que muchos de ellos deberán bajar.

Tercera cosa que dice la habladuría del ministro: las dificultades crean conciencia. Hace meses que los jueces están apiadándose de los ciudadanos que desahucian con la aplicación ciega de la ley. Según estudian sus asociaciones, los jueces han perdido en los últimos años más del 25 % de su poder adquisitivo. Seguro que algunos de ellos se habrán hipotecado para compra la buena casa que merece quien guarda la llave de la cárcel y la decisión última sobre la libertad de los ciudadanos. Si la hipoteca se lleva el 50% de una nómina, seguro que hay jueces que lo pasan mal en el supermercado. Le están viendo las orejas al lobo. Por eso son ahora más sensibles a las inseguridades penales y a las sombras que afloran en la reforma del ministro. Y el ministro no necesita jueces que miren a los ojos de la gente, sino funcionarios que apliquen las leyes como si se tratasen de protocolos nacidos al margen de la realidad. El protocolo previsto por el ministro busca la criminalización de la pobreza, no la reflexión sobre las injusticias sociales.

La última cosa que quiero decir sobre lo que dice la habladuría del ministro tiene que ver con  la democracia. El ataque a las clases medias-altas fue una estrategia propia de los totalitarismos. Hitler, Mussolini y Primo de Rivera utilizaron la demagogia populista y humillaron a la burguesía para asaltar el corazón del Estado. El desprecio del ministro a los jueces ilumina hasta qué punto los poderes financieros están asaltando nuestra sociedad en un sentido totalitario. El secretismo del dinero representa hoy una agresión a la democracia tan grave como las versiones tradicionales del fascismo.

Conviene reaccionar y configurar nuevas mayorías que sean capaces de defender la democracia social frente al capital.