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En el debate del que hablábamos ayer, sobre la utilización de supuestas cortinas de humo por parte de los gobiernos para distraer a la ciudadanía de otros problemas más acuciantes, subyace una cuestión de mayor calado: si es cierto que el poder ejecutivo puede mangonear con tanta facilidad al llamado poder judicial, el mismo que debería funcionar como escudo contra todo abuso por parte de los otros poderes del Estado.

El Partido Popular, que nos gobernó durante ocho años, cada vez que siente en el cogote el aliento de la justicia, saca a pasear el fantasma de la persecución gubernamental en connivencia con jueces, fiscales y policías, sin presentar pruebas, escudándose en que los diputados disfrutan de una bula para injuriar impunemente, parapetados tras sus escaños.

Soportamos que un periodismo golpista al servicio de la extrema derecha saque a pasear tramas policiales y judiciales intoxicadas de ácido bórico al ritmo de la Orquesta Mondragón, pero lo alarmante es que un partido que ya gobernó este país insinúe con tanta insistencia que tanto jueces como policías pueden ser obligados a cometer prevaricación y otros delitos de falseamiento de pruebas.

Alarmante, porque deberían contestar a estas preguntas: ¿De verdad han comprobado en sus años de gobierno que es tan fácil corromper a jueces, fiscales y policías? ¿Cuántas veces han utilizado ellos ese mecanismo corruptor? Si es así, ¿por qué, ahora en la oposición, no proponen leyes para tapar un agujero institucional de tal calibre al servicio del enemigo?

El PP, con su presidente Manuel Fraga al frente, conserva en sus genes políticos la utilización criminal del poder judicial por parte del franquismo. Aquel Tribunal de Orden Público, absolutamente politizado, es la prueba más vergonzosa. Quizá por ello suponen que el sistema judicial sigue babeando ante los gobiernos de turno.