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Hugo Chávez, del que deploro la parte histriónica de su personalidad, me ha sorprendido con un gesto de sensatez que creo me va a hacer cambiar el chip sobre el personaje. Acabamos de verle por televisión amenazando con expropiar la filial del BBVA en Venezuela si el banco sigue empecinado en no reactivar los préstamos a los ciudadanos. Menos mal. Por fin un presidente de gobierno se atreve a advertir a la banca internacional a dónde podría volver el poder perdido por los gobiernos y usurpado por los financieros.

Porque el traslado de los centros de poder naturales a los especuladores está suponiendo un golpe de estado silencioso y encubierto a nivel global que puede acarrear consecuencias trágicas en el siglo XXI. Tradicionalmente los bancos habían funcionado como intermediarios financieros, captando los fondos de los ahorradores y dedicándolos en forma de préstamos a financiar proyectos empresariales o a las necesidades de consumo de los ciudadanos. Bancos que dedicaban los depósitos, o sea, un dinero que no es suyo, a la economía real, que en un país como el nuestro está sostenida por pequeñas empresas que proveen el 89% de los empleos y que ahora encuentran enormes dificultades de financiación para continuar abiertas.

El actual divorcio del sistema financiero de la economía real quedó certificado cuando los gobiernos del mundo acudieron a sostener al sistema bancario que provocó la crisis con su pésima gestión y su avaricia infinita, y los bancos respondieron salvando su pellejo por el procedimiento de cortar el grifo a los que de verdad sostienen la economía real, después, eso sí, de pagar unos bonos fabulosos a sus ejecutivos, para los cuales no hay crisis que cien días dure.

En este sainete, y ya que vamos a desperdiciar, una vez más, una ocasión de oro de convertir las Cajas de Ahorro en verdadera banca pública, los dueños del 96% del dinero depositado en la banca nos preguntamos a qué esperan los gobiernos, todos los gobiernos, y no solo el de Chávez, para quitarle a los bancos, no nuestro dinero, sino ese poder inmenso, no ganado en las urnas, de distorsionar la economía real y los sistemas democráticos con su codicia sin medida ni cortapisa.

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Meditación para hoy:

Mientras discutíamos ayer sobre la Ley Sinde, el tema del día "ahí afuera" versaba sobre el principio de acuerdo entre sindicatos, patronal y gobierno sobre la reforma de las pensiones.

Está claro que, como dice Cayo Lara (una de las voces de izquierda más sensatas de este país), los sindicatos se han visto impelidos a aceptar entre el mal menor y el abismo, quizá como una estrategia para apretar las tuercas el día de mañana cuando el debate esté menos emputecido, pero víctimas hoy de una debilidad negociadora evidente. Por desgracia, uno de esos flancos débiles de nuestros sindicatos mayoritarios es que no podían seguir manteniendo el pulso de otra huelga general, vistos los resultados poco rumbosos de la anterior.

Al final, por mucho que se quieran maquillar las cifras, aunque quede abierta la posibilidad teórica de jubilarse a los 65, la jubilación será a los 67 años, sí o sí, porque tal como está el futuro del mercado laboral, conseguir 38,5 años cotizados a los 65 años podría pertenecer al capítulo de los milagros.

Y algo peor. Hay carreras largas, tanto por su naturaleza formativa como por su dificultad, incluyendo a los opositores, con las que resulta imposible cuadrar las cuentas. Ello podría tener un efecto pernicioso para la economía, pues para muchos jóvenes será más atractivo comenzar a tiempo su vida laboral, con el fin de asegurarse el necesario número de años cotizados si quieren jubilarse a los 65, que invertirlo en formación de más calidad.

Malditos roedores.