El derecho y el deber de injerencia

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Gadafi sigue ametrallando desde el aire a su pueblo. Y el empeoramiento progresivo de sus facultades mentales vaticina que el líder libio está hecho de la pasta de los dictadores que prefieren morir matando, como ya anunció ayer, como todo psicópata con un arsenal de armas en su poder.

El derecho internacional ha delimitado sin titubeos la naturaleza de los crímenes de lesa humanidad y genocidio. No hay que hacer un curso acelerado de jurisprudencia para comprender que reprimir manifestaciones pacíficas, de un pueblo desarmado, con fuego real, de mortero, ametralladoras, tanques y aviones debería ser un delito perseguible “de oficio” sin dilación, como lo fue el caso de la antigua Yugoslavia.

Es lo que se conoce por muchos teóricos del derecho como Derecho de Injerencia Humanitaria, a poder ser bajo el amparo de Naciones Unidas para evitar abusos como los cometidos por el trío calavera de Bush, Blair y el hombrecillo insufrible en Irak.

La doctrina de Naciones Unidas aconseja un primer paso, conocido como Injerencia Inmaterial, antes de la utilización de la fuerza invasora. Esa injerencia inmaterial consiste en el bloqueo económico y demás medidas de fuerza no militares, que en unos casos, como me temo que va a ser éste de Libia, sirve para que los países clientes de su petróleo, como España, puedan limitarse a regañar al sátrapa genocida, mientras dejan que la situación se pudra; o bien, como en el caso de EE.UU. con Cuba, para asfixiar, sin pegar un tiro, a regímenes que aborrecen.

¿Cuántos muertos hacen falta para que Naciones Unidas considere que hay que intervenir contra ese bufón genocida, y dejar las “injerencias inmateriales” para otro momento?