Ya que el principal partido de la oposición ha decidido convertir estas elecciones locales en un plebiscito de unas generales (¡cuánto hemos avanzado desde que la derecha española solo espera para tomar el poder la llegada de las generales, y no de los generales!), el gobierno está decidido a responder en la misma clave, como si el tiempo de la legislatura se agotase, y hubiese que acelerar el testamento político.

Porque el argumento único de la derecha en campaña, el de los cinco millones de parados, lo impregna todo y deja pequeña cualquier oferta del contrincante. Al gobierno, pues, solo le queda la opción del contraataque completando su política de ampliación de derechos sociales, tras el matrimonio homosexual y la reforma de la ley del aborto, para introducirlo en el debate antes del voto del día 22. (Meditación para hoy: ¿el del 22 será un voto de pobreza o de obediencia?).

Eso sí. Como las ofertas electorales han de ser de "amplio espectro", como los antibióticos, lo que iba a ser una Ley de Muerte Digna ha cambiado de nombre, para que su enunciado no espante ya de entrada a los elementos más rancios y conservadores de la sociedad. Por ello, eso de la muerte digna que tanto asusta a los católicos que celebran sin problemas la muerte de su dios clavado en una cruz, chorreando sangre, tras una buena sesión de azotes, se va a cambiar por una "Ley Reguladora de los Derechos de la Persona en el Proceso Final de la Muerte".

Suena a nombre de plato de alta cocina, pero desde el linchamiento al doctor Montes el gobierno no quiere dar facilidades a que la derecha le condecore con el sambenito de asesino de viejecitos. Que en campaña cualquier cosa vale.

Por eso, de la eutanasia, ni hablamos.