El pasado lunes, tras los datos de las elecciones generales, el abogado Federico Duran López, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba, publicó un artículo en el periódico El País en el que proponía "una sustancial desregulación de la normativa laboral". En él, habla de prescindir de una regulación legal "que vaya más allá del establecimiento de unos estándares mínimos (salario mínimo, jornada máxima, duración mínima de descansos y vacaciones)", para dar mucho más peso a la negociación colectiva (ya sea sindical, por sector o únicamente en empresas). ¿Qué quiere decir esto exactamente? Básicamente propone dejar bajo mínimos la regulación en materia laboral, con la desprotección que eso supone para el trabajador, y que sean las propias empresas y sindicatos quienes pacten las condiciones para los trabajadores. Según el abogado, esto serviría para intentar acabar con la temporalidad que existe en nuestro país.

El artículo presenta varios conflictos amparados en el modelo neoliberal. Modelo que apuesta por que los mercados sean los que dicten las normas mediante las que se relacionan oferentes y demandantes.

Si nos trasladamos al libro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, podemos ver que el náufrago inglés, al encontrarse sólo en una isla desierta, no necesita normas, pero cuando conoce a "Viernes", un hombre al que rescata, comienzan a existir conflictos y, por lo tanto, deben establecer unas normas de convivencia. Esto mismo ocurre en el mundo real. Al vivir en sociedad es necesario que se establezcan unas normas y unas leyes que regulen la relación empresa/empleado para que, en caso de conflicto, se pueda acudir a la justicia.

Si eliminamos, en su mayoría, la regulación en materia laboral, estamos dejando mucho más indefensos a los trabajadores que, en este caso, son la parte débil de dicha relación.

Las vacaciones, el salario mínimo, la jornada y los descansos no son los únicos factores que se regulan en materia laboral. Hay mucho más, ya que esos puntos no garantizan los mínimos derechos de los trabajadores. El tipo de contrato, la duración de los contratos temporales, la indemnización por despido, la conciliación laboral, la subcontratación, los ascensos y las excedencias son algunos de los muchos puntos que están recogidos en la regulación vigente y en el Estatuto de los Trabajadores. Puntos que, de aplicarse una regulación mínima, únicamente se podrían recoger en la negociación colectiva que no será igual para todos los trabajadores.

"Hay que tener en cuenta que el trabajador viene siendo considerado como la parte débil de la relación. Es por eso por lo que el orden laboral, a diferencia de otros órdenes, se da voz y representación a ambas partes de la relación, especialmente a través de la negociación colectiva. Si desregularizamos la normativa y dejamos al libre arbitrio de las partes las relaciones laborales entre empresario y empleado, nos encontraremos con dos consecuencias negativas clarísimas; la primera es que puede haber determinados derechos básicos que se vean mermados. En segundo lugar, si dejamos la regulación en manos de la negociación colectiva, se pueden generar grandes diferencias entre trabajadores que desempeñen el mismo trabajo pero que por ejemplo pertenezcan a diferentes sectores. Además, que haya un marco normativo básico es esencial para la seguridad jurídica tanto de empresa como de empleado, pues se asegura así los derechos y obligaciones de ambas partes", explica Marta del Campo, abogada laboralista de ECIJA.

Por su parte, el abogado Víctor Llanos explica que "los convenios mejoran las condiciones mínimas que recoge el Estatuto de los Trabajadores".

"Lo que está claro es que las partes (trabajador/empresa) no son iguales y quienes salvaguardan los derechos de los trabajadores son las negociaciones colectivas, pero siempre con la legislación laboral incluida, ya que la legislación laboral es parte de la negociación colectiva", añade.

"Si se desregula la normativa en materia laboral se está eliminando todo el trabajo de los agentes sociales y todos los derechos conseguidos por los trabajadores".

Para que nos hagamos una idea, un problema social candente es la no regulación del precio de la vivienda, que ahoga a los ciudadanos con alquileres impagables. Al no estar regulado, los precios de alquiler en las grandes ciudades oscilan entre los 769 euros (Barcelona) y los 819 euros (Madrid) de media.  Si aplicamos la ley de 1/3 (cada trabajador debe destinar una tercera parte a pagar el precio de la vivienda para poder vivir cubriendo todas las necesidades) es imposible, teniendo en cuenta que el salario moda en España es de 1.248 euros brutos al mes.

Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo, añade que "el derecho al trabajo es un derecho mínimo necesario que puede ser mejorado por convenio colectivo, pero que existen derechos que no pueden ser objeto de negociación, como el alta en la Seguridad Social".

Lo que es claro es que, en un país en el que los derechos de los trabajadores fallan en muchas ocasiones y la temporalidad y la inestabilidad es tónica diaria, lo que menos se necesita son políticas neoliberales que den más poder al fuerte (la empresa) para tener más atado al débil (el trabajador).