Tocar lo intocable. Es lo que ha hecho el Gobierno al congelar en 2011 las pensiones, excepto las mínimas y las no contributivas. La reducción del déficit público es la razón teórica para haber tomado la medida. Pero su valor no está tanto ahí, ya que el ahorro es de sólo 1.500 millones de euros, el 10% de los 15.000 millones que querían recortar. El valor está en el mensaje que quiere dar el Gobierno a los mercados de que su voluntad por reducir el déficit público es firme, inflexible, sin marcha atrás.

De otra forma, no se entiende que no se haya respetado el consenso político del Pacto de Toledo: la revalorización automática anual de las pensiones, al margen de la voluntad coyuntural de cada Gobierno de turno.

Al final, han vuelto a ser las premisas furiosamente liberales del FMI las que marcan las políticas de los estados nacionales. Y esta vez no se trata de América Latina, donde quedó claro el fracaso de tales premisas. Europa ha sentido pánico y se ha apresurado a adoptar medidas que ponen en riesgo la principal ventaja de haber nacido en Occidente: los derechos sociales. No es una buena idea: los mercados sólo suelen contentarse durante un rato y el ajuste social puede consolidarse para siempre.

Llevar al extremo el objetivo de reducir el déficit público –el mantra preferido del FMI– ha llevado a bastantes  economías a la recesión. ¿Por qué? Porque es una trampa presupuestaria: al recortar el gasto público se estrangulan los estímulos al crecimiento, lo que lleva a perder ingresos, empleo y PIB. En consecuencia, el déficit público persiste y el país tiene menos capacidad para reducirlo. Lo que se espera del Gobierno es que busque otras vías para controlar el déficit y consolidar, a la vez, el Estado del bienestar.