Alejandro Gómez B.  Ingeniero técnico agrícola. Colaborador en desarrollo rural

1.- La realidad del territorio rural de Castilla y León.

La distribución geográfica de las comunidades locales es el resultado histórico de cómo la gente se ha integrado en el territorio, creando su propio sistemas de organización interna y su peculiar modo de vida, fruto de todo ello es la diversidad de pueblos y paisajes que caracterizan nuestro territorio. En Castilla y León este proceso ha dado lugar a asentamientos muy atomizados y con escasa población, cada vez más decreciente, en algunos casos hasta llegar el abandono.

La mecanización del campo y la demanda de empleo de la industria y los servicios de los entornos urbanos iniciaron una dinámica de abandono y de despoblación en el mundo rural que ha llegado a que a fecha de hoy el 78% de los municipios tenga menos de 500 habitantes y esta población no llegue al 12% del total de Castilla y León. Pero lo que aquí se quiere poner de manifiesto es que existen razones, al margen de las indicadas, que han contribuido al desmantelamiento de los pueblos, no solo a su población, también a su régimen de vida y en definitiva a su patrimonio cultural. Y estas razones se centran principalmente en la pérdida de la capacidad de decisión sobre su futuro de los pueblos, justificada de forma falaz,precisamente en la pérdida de población.

2.- Proceso de pérdida de autogestión de los pueblos.

Las comunidades rurales, municipios y entidades menores, que antes regían autónomamente el orden social y la gestión de su territorio, llevan más de 50 años en un proceso de trasferencia de funciones y derechos en favor de la administración provincial (Diputación y Junta de Castilla y León. Las instituciones públicas en este periodo han estado más centradas en crear una administración clientelar que en proteger aquellas formulas de autogobierno y gestión propia, ya de por sí debilitadas por la emigración. Las distintas formulas de contribuciones vecinales para realización de obras de mantenimiento y mejora, los aprovechamientos comunes, las guarderías, las igualas y concordias, y toda la innumerable casuística de formulas que han sido el sostén del autogobierno de cada pueblo, han ido desapareciendo en favor de la uniformidad y la dependencia creada por la administración provincial quien finalmente se ha hecho acreedora de la parte más significativa de los fondos públicos que administración general del estado destina a los municipios.

Los nuevos servicios que han surgido: administración tributaria, cultura, urbanismo, dependencia, basuras, gestión de residuos,..etc. son directamente gestionados por las diputaciones dado que los municipios ni tienen posibilidad de llevarlos cabo ni nadie se ocupa de promover la unión de los municipios para su realización en común. La despoblación es siempre el argumento recurrente que justifica que estos servicios se realicen desde fuera de las comunidades rurales y por lo tanto se materialice este trasvase de poder.

3.- Clientelismo y poder municipal.

De esta forma se ha ido creado una infraestructura de poder de ámbito provincial localizado principalmente en la capital. Esta infraestructura la constituye los partidos políticos y una administración acomodada en la capital que han consolidado un régimen de funcionamiento para el beneficio mutuo. La llamada administración local radicada en la capital (Diputaciones) y la autonómica que da servicios rurales han tenido un crecimiento exponencial que afecta a la propia administración y las empresas paralelas que trabajan a su servicio. Entre tanto los servicios que habían estado radicados en el ámbito comarcal o local han ido desapareciendo: servicios de extensión agraria, veterinarios, guardia civil, guarderías de monte, educación, trasportes, etc. Cualquier funcionario que trabajase en el medio rural, no hace tantos años obligatoriamente debía trasladarse al medio rural para realizar su trabajo lo que implicaba su conocimiento. Hoy hay un desconocimiento absoluto del medio rural, la mayoría de los trabajos que se realiza en él es subcontratado o realizado por una administración paralela que no adquiere ningún compromiso de futuro con el servicio para el que está trabajando.

Las diputaciones se han convertido así en el gran barco de la administración local varado en la capital que atesorando los pocos recursos de los pueblos, los reparte con sutil discrecionalidad para asegurarse los apoyos necesarios que permitan no sólo la continuidad de su singladura sino seguir acumulando recursos para lucimiento de la nave y sus timoneles. El clientelismo que en nuestro país después de varios siglos parece que en otros ámbitos se está desenmascarando, en el entorno rural se sigue practicando con un reconocimiento institucional.

Mientras tanto en los pequeños pueblos, el 78% de los municipios con menos de 500 hab., la administración municipal queda limitada a un secretario que pasa la mitad de su tiempo cumplimentado formularios para otras administraciones y atento al catalogo de las numerosas subvenciones que es necesario pedir a la administración que se las ha usurpado, y la otra mitad en hacer horas de coche para ir y volver de la capital a los numerosos pueblos por lo que tiene que pasar. Y los miembros de la corporación, formado con los hombres buenos del pueblo (o los que puedan quedar) estarán dedicados, de la mejor forma que sepan, a solucionar los problemas puntuales de sus vecinos, se convertirán en fontaneros, barrenderos, arquitectos, ingenieros, asistentes, etc. si quieren solventar algunos de los problemas que se le plantee a su vecindario. Tratarán en las elecciones de apuntarse a caballo ganador, porque si no tienes "mano con los de arriba" no te llega ni para el secretario. De manera que en los pueblos, en nuestros pueblos pequeños, donde sería fácil entender el principio democrático "el pueblo soberano elige a sus mejores representantes, porque los conoce, para que le gobierne" ocurre que esto no ocurre, que los instrumentos de poder han migrado a otros sitios ajenos. Desde fuera, sin embargo, todos los gobiernos, todos los parlamentos, todas las instituciones utilizan al "pueblo" como sujeto de sus desvelos, ¿Cuánto de cinismo hay un sistema cuyo principio básico, lo que con reiteración toman como ejemplo, queda trasgredido de inicio?

4.- Gestión Común de Servicios Básicos y la defensa de la individualidad de los pueblos: un mismo objetivo.

La proximidad, las identidades comunes, la necesidad de compartir gastos y la economía de medios, la posibilidad de dar soluciones comunes a problemas comunes, la tradición y la cultura común determinan que para que los pueblos sean gestores de sus propios servicios, que por derecho propio tienen, deben compartir su gestión. De esa forma podrá crear una administración, propia profesionalizada, capaz, competente, proporcionada y dependiente exclusivamente del poder político local, único representante de la población y a quien compete principalmente prestar dichos servicios.

La gestión común de servicios en modo alguno afectará a las individualidades de cada comunidad rural. Es evidente que el reconocimiento de estas individualidades es más fácil desde la cercanía. Las asociaciones culturales, las organizaciones profesionales (aprovechamiento pastos, cotos de caza, etc), las organizaciones propias no susceptibles de mancomunar, ritos, tradiciones, etc. que son propios de un determinado ámbito local seguirán siendo realizados desde la individualidad y apoyados por el resto. El abandono a que ha sidosometido, por ser más débiles, las comunidades más pequeñas, especialmente las entidades menores, puede ser solventado con la representación adecuada en los órganos de gobierno de las mancomunidades y con un trato contable adecuado que garantice igualdad en la imposición y en el servicio. Hay quienes se oponen a la unión en la gestión de servicios con argumentos cicateros basados el tradicional enfrentamiento y disputa entre pueblos vecinos, enfrentamientos que en la mayor parte de los casos no son reales pero que se recurre a ellos, precisamente, para justificar la tutela superior

La gestión común permitirá además abrir nuevos frentes de trabajo en común para el desarrollo económico, cultural, social y poblacional de la zona que de otra forma no puede ser entendida: programas de desarrollo turístico, educativo, dependencia, comunicaciones, coordinación de actividades culturales, infraestructuras estratégicas comunes, representar a la zona en los foros donde se deciden cuestiones que afectan al desarrollo de la zona, etc. La gestión común y progresiva de servicios además de ser la fórmula gradual de devolver el poder usurpado a los pueblos, será la alternativa a la ordenación territorial clientelar y caciquil principal responsable del estado en que están nuestros pueblos.

5.- La Ley de Ordenación del Territorio, Servicios y Gobierno de CyL: unaherramienta de trasversalidad necesaria para el cambio.

El cambio en la ordenación territorial es una necesidad sentida hace tiempo, consecuencia de ello ha sido la promulgación en setiembre de 2013 de la Ley de Ordenación, Servicios yGobierno de CyL. A pesar de las carencias que pudiera tener esta Ley, incluso de su falta de desarrollo, tiene que ser la plataforma de cambio de la política territorial de esta comunidad autónoma. ¿Debe entenderse que esa es la voluntad política del primer acuerdo parlamentario, que sobre este punto, han firmado todos los grupos políticos de las nuevas Cortes de Castilla y León? Sea o no la respuesta afirmativa, la defensa de esta ley y sudesarrollo debe ser la bandera de quienes quieran devolver el poder a la gente de los pueblos y acabar con el sistema que tanto daño ha hecho al mundo rural. Esta es una Ley que ha hecho el PP en un largo proceso de consenso y participación, hay que reconocer el valor de su trasversalidad y , sobre todo, tener conciencia que el mundo rural no admite más esperas nimás inventos.Publicado el Decreto de las Áreas Funcionales Estables y el del Reglamento de las Mancomunidades de Interés General, el siguiente esperado paso es la publicación del mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios que serán la base de las futuras Mancomunidades de Interés General (MIG). Publicado este mapa veremos en qué se traduce la voluntad política de los partidos. Porque esta Ley realizada por el gobierno autonómico delPP con la aquiescencia del PSOE, como muchas otras leyes admite lecturas diversas y posibilita que su desarrollo pueda ser bloqueado o derivado en un sentido lejos del que aquí se sugiere. De hecho contempla la voluntariedad de los Ayuntamientos para incorporarse a las MIG, de manera que una nula promoción de ésta puede provocar el bloqueo de su constitución. El interés se centra, pues, en saber si, como siempre, la estructura de los partidos políticos y la alta administración es capaz de frenar lo que en este marco legislativo se plantea de una forma racional y sólida. Hay muchos precedentes de normas hechas para revitalizar al mundo rural que su desarrollo posterior, por la conveniencia de los partidos políticos y la dejadez de la administración pública, han terminado por pasar desapercibidas o por no aplicarse ( Ley de Agricultura de Montaña, Ley del Desarrollo Sostenible del Medio Rural).

A favor de esta Ley autonómica de Ordenación del Territorio, se puede decir que plantean explícitamente el problema de la territorialización de los Servicios y las posibilidades reales de que los pueblos puedan recuperar su capacidad de gobierno. Tenemos que recordar que el gobierno de Mariano Rajoy con su Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sólo contempla que el páramo de la España interior despoblada sólo pueda ser gobernada por las Diputaciones.

6.- La definición del ámbito comarcal y la territorialización de los servicios.

Otro gran mérito que le cabe a la Ley de Ordenación del Territorio es concretar la escala o ámbito de la comarcalización que necesariamente precisa. Han existido numerosas aproximaciones para definir cuál sería la mejor representación comarcal del territorio. Dependiendo quien y para qué se hiciesen esos trabajos, el resultado es distinto. Si el análisis es muy minucioso o temático se obtienen ámbitos comarcales de reducido tamaño y de escasa operatividad administrativa. Si lo que se pretende es buscar una estructura funcional que soporte fácilmente la aplicación generalizada y rápida de una normade la que se quiere obtener una rentabilidad política prácticamente  instantánea, lo normal es definir comarcas o zonas groseras que permiten a la clase política más margen para utilizar a su conveniencia los fondos que arrastra dicha norma, es el caso de la Ley de Agricultura de Montaña, La Ley de Desarrollo Sostenible y también puede incluir la demarcación de los GAL.

La distinta condición geográfica del territorio castellano y leones dificulta la definición del ámbito comarcal. A ello contribuye también en muchos casos la falta de cabeceras comarcales.En esta norma se sugiere, como principio, el ámbito territorial de un servicio básico que, con el tiempo, ha demostrado su funcionalidad: las Zonas Básicas de Salud. Es posible que con la incorporación del resto de Servicios Básicos, esta demarcación puedasufrir algunos cambios pero es de sospechar que estos no serán significativos y en modoalguno modifique la escala de aplicación. Ver mapa al final.

Es muy importante contar con una estructura territorial concreta que pueda ser referencia práctica no sólo para los servicios que pueden llevarse a cabo comúnmente en ella, sin vincular otras necesidades de territorialización que deben buscar la convergencia con ella. Este es el caso de los GAL, las Comarcas agrarias, Sanidad Ganadera, brigadas Forestales, Zonas de Desarrollo Sostenible, etc. Todas ellas cuestiones relacionadas con el desarrollo rural que hoy son tratadas de forma dispersa y no coordinada y que con el cambio que debe suponer lanueva ordenación territorial necesitan un tratamiento integrador en el ámbito comarcal.

7.- Cuestiones que afectan a la realidad comarcal. Servicios básicos a realizar en común.

Las Mancomunidades de Interés General que se puedan constituir tendrán una serie decompetencias obligatorias que den razón a su constitución y otras opcionales en función de los compromisos que los distintos ayuntamientos que la componen puedan alcanzar. Es posible que los servicios obligatorios vayan dirigidos a servicios administrativos generales, mantenimiento urbano, educación, basuras, etc. Mas que especular qué servicios puedan mancomunarse, el interés se centrará, como se ha dicho, si existe verdadera voluntad política para formarlas. Es evidente que para las élites provinciales de los partidos tradicionales PP- PSOE no es una idea que les entusiasme, más bien todo lo contrario, es lo que se vió en la tramitación de la ley. Pero también es cierto que en los municipios la idea de la Mancomunidad cada vez va calando más, de manera que la puesta en escena de la Ley puede suponer que el cinismo con el que muchas veces se manifiesta la clase política no encuentre elhueco deseado. Podemos parece que en este terreno tiene un discurso fácilmente incorporable a su ideario político (devolución del poder al pueblo, trasversalidad, cambio,enterrar la vieja política y el sistema clientelar) y, por lo tanto, actuar de forma beligerante.

Las MIG , representando a la administración local de forma reglada, debería intervenir el control de la calidad y condiciones en que la Junta de Castilla y León lleva sus servicios a los ciudadanos de su comarca. Hay que tener en cuenta que en la actualidad los servicios públicos que se prestan en el medio rural (sanitarios, agrarios, forestales, educativos, culturales,.. ) noson consultados, ni conveniados y escasamente participados por los representantes de los ciudadanos: corporaciones locales, asociaciones profesionales y culturales.

8.- Objetivos básicos que se deben plantear la ordenación territorial.

Después de este análisis se desprende la necesidad de la participación activa en el desarrollo de esta Ley con el objetivo de iniciar en cambio real en las políticas territoriales. Es cierto que hay otras alternativas (Ciudadanos habla de fusión de municipio por debajo de 5.000 hab.) pero es evidente que no son susceptibles de aplicación hoy. Por otra parte hay que tener en cuenta que muchos de quienes han aprobado esta Ley, tanto dentro de PP como del PSOE, lo han hecho a regañadientes, de manera que será necesario que las nuevas fuerzas políticas seempleen en forzar su desarrollo para desenmascarando a quienes, seguramente, se opondráno harán una lectura torticera de la misma. El objetivo final es dotar a los ayuntamientos de capacidad de gestión de servicios y bienes, loque llevará inevitablemente a disputar competencias y recursos (económicos y de personal) alas diputaciones. Y esta disputa pondrá sobre la mesa los intereses de cada quien. Interesante será también observar la disponibilidad del gobierno autónomo para, a través de la normativa correspondiente, hacer que la MIG puedan participar en el control los servicios que lleva a cabo en su territorio, otro de los objetivos a plantearse en el desarrollo de la ley.

Para evitar el bloqueo de la ley es necesario demandar desde el primer momento la dotación económica institucional necesaria para la promoción de la ley en el ámbito local medianteactos divulgativos, reuniones institucionales con los ayuntamientos y en la calle promover la participación ciudadana en foros, asambleas y charlas explicativa entre asociaciones culturales y agentes de desarrollo local. También debe ser obligado primar económicamente laconstitución de estas MIG. Se debe forzar a que la clase política, con franqueza, se expresarse sin ambages sobre el vaciamiento progresivo de la Diputaciones Provinciales y la potenciación de los municipios mancomunados, ambas cuestiones tienen que ir ligadas. El modelo final acordado debe ser elresultado del consenso mayoritario, reconociendo siempre la legitimidad de los ayuntamientos, legitimidad de la que carecen, en muchos casos, las Diputaciones. En este mismo proceso se debería plantear la conveniencia de la fusión de algunos servicios que prestan las diputaciones con los que paralelamente realiza la Junta remarcando el gastosuperfluo evidente que supone.

Finalmente las políticas de desarrollo deben coordinarse y tener como centralidad las comarcas , ámbito territorial de las MIG, evitando la discrecionalidad y la intermediación de los administraciones públicas para ser utilizadas, por la clase política, con fines distintos a los intereses de sus legítimos destinatarios . Las Mancomunidades deben ser el lugar de convergencia de todas las políticas de desarrollo y en su territorio deben ser focalizadas las mismas. El reconocimiento de zonas a revitalizar o áreas estratégicas rurales debe recaer sobre el marco territorial definido por las MIG. La necesidad del cambio en las políticas de ordenación territorial afecta plenamente a la supervivencia del mundo rural. Quizás en el desarrollo de esta Ley, que evidentemente no es la mejor, está la oportunidad de comenzar a realizar ese cambio. Quizá las nuevas fuerzas políticas, como Podemos, pueden erigirse en el motor de ese cambio.