Marco Rizzardini
Coordinador de las áreas de Mundo Rural y de Medio Ambiente del C.C.A. de Podemos Castilla y León

La Política Agrícola Común (PAC), tal y como se ha evidenciado en diferentes análisis en estos mismas semanas, cuenta con notables deficiencias y consecuencias negativas, tanto sobre el mundo productivo como sobre la ciudadanía.  Se trata de un instrumento que, sobre todo en España, perpetúa una grave desigualdad a través del pago directo sin objetivos, lo que consolida la histórica e injusta estructura española de propiedad de la tierra, desvinculándola de la producción real. Además, el dominio desproporcionado de los colosos agroindustriales globalizados favorece un modelo de consumo profundamente desequilibrado, en el que, de 500 millones de europeos, 250 tienen sobrepeso y 50 viven en condiciones severas de privaciones. De ellos, 13,5 millones de personas están subalimentadas -viven con inseguridad alimentaria según Lancet (vol.385. May, 23, 2015), mientras que anualmente se derrochan 90 millones de toneladas de alimentos.

Se subraya a menudo como en nuestras sociedades la comida haya perdido su propio valor intrínseco y el precio, junto con la publicidad, sea el único parámetro útil para orientar opciones alimentarias. Bajo las reglas nacionales e internacionales vigentes - políticas agrícolas y ambientales, términos de intercambio y tratados internacionales-, ni la agricultura convencional, ni las promesas de las grandes transnacionales de insumos entre los que se encuentran los fertilizantes, pesticidas y transgénicos, ni la lógica de la intensificación van a acabar con la pobreza y el hambre.

De forma paralela, se destruye empleo y se envilece la importancia del trabajo en el sector agroalimentario, con el desmantelamiento en Europa de tres millones de explotaciones agrarias y 4,8 millones de puestos de trabajo a jornada completa, entre 2006 y 2014. La insostenibilidad de los precios y, por ende, la renta insuficiente de los agricultores es una de las causas de la desaparición de muchas producciones agrícolas. Según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, se constata una caída de la renta agraria del 7,1% en moneda corriente en 2014 -18,6% en Castilla y León-, que excepto en campañas específicas,  es una tendencia que se mantiene durante las últimas dos décadas.

Las diversas reformas de la PAC no han hecho más que avanzar hacia la "liberalización" olvidándose del objetivo fundacional de la UE (entonces CEE): "orientar la producción agrícola y estabilizar los mercados". El resultado ha sido la desregulación de la producción y la desestabilización de los mercados agrícola-alimentarios dejándolos expuestos a los vaivenes del mercado especulativo mundial. La situación sin duda alguna empeoraría de forma notable, en los próximos años, si se llegara a la aprobación de la propuesta de Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Europa (TTIP).  Sería oportuno que desde Podemos se asumiera que ha fracasado el modelo agrícola alimentario agro industrial y globalizado, y que hay que poner en marcha ya políticas agrarias que defiendan intereses estratégicos de país y basadas en otro paradigma.

El actual, generador de una terrible concentración y monopolización de los alimentos que esquilma a productores, agua y tierra, conlleva a una perdida acelerada de la biodiversidad por un lado (en un siglo hemos perdido más de 300.000 variedades vegetales, según datos FAO el 75% de ellas se han perdido) y a la estandarización y banalización de la comida y del gusto por otro. A lo largo de la historia de la humanidad se calcula que nos hemos alimentado con más de 8.000 especies y variedades. Hoy, en el siglo XXI nos nutrimos con sólo 150 especies y el  60% de las calorías básicas de la alimentación humana provienen en la actualidad de sólo tres cereales: trigo, arroz y maíz. Frente a las miles de variedades de manzanas seleccionadas por los campesinos, por ejemplo, hoy apenas cuatro variedades comerciales (Golden, Fuji, Gala y Pink Lady) representan el 90% del mercado mundial.

Nos recuerda Carlo Petrini, el conocido fundador del movimiento Slow Food, que Biodiversidad es una palabra reciente –usada por vez primera en 1986, en Washington, por el entomólogo Edward O. Wilson–, un término un tanto complejo que, desafortunadamente, solo suele despertar el interés de unos pocos y que son generalmente los mismos que se ocupan del tema (ambientalistas, biólogos, agrónomos...). En realidad debería ser un asunto sencillo de abordar porque no es más que la diversidad de la vida a muchos niveles, desde el más simple (genes y bacterias) hasta, ascendiendo gradualmente, las especies animales y vegetales, o los niveles más complejos (los ecosistemas).

La biodiversidad es nuestro seguro de futuro ya que permite a las plantas y a los animales adaptarse a los cambios climáticos, a los ataques de parásitos y enfermedades, a dificultades imprevistas. Un sistema basado en un número restringido de variedades, por el contrario, resulta mucho más frágil y vulnerable. Proteger la biodiversidad, detener su deterioro y trabajar para promoverla es un imperativo que la ciudadanía, los "consumidores y consumidoras" convertidos en coproductores, debemos perseguir sin tregua. La auténtica biodiversidad es la "domestica": la agro diversidad garantizada por los pequeños productores y la agricultura familiar...¡no por la tecnocracia de los bancos de germoplasma!

Así, la Política Agrícola de España y la Política Común, tienen pues que cambiar de registro. Creemos firmemente que las Instituciones, gestoras de lo público y de lo común, tienen que asumir el reto de regular los mercados de verdad: interviniendo en los precios; reconstruyendo una cadena alimentaria más corta, justa y equilibrada; garantizando el acceso a la tierra; favoreciendo la venta directa; apoyando a las producciones artesanas, llevando a cabo las oportunas medidas de flexibilización higiénico sanitaria para favorecerlas; financiando adecuadamente a la agricultura y ganadería polifuncional y de buenas prácticas; renovando y facilitando el cooperativismo; fomentando el consumo y la comercialización de productos ecológicos, de proximidad y de temporada;  formando y capacitando adecuadamente a los jóvenes y empoderando también a las mujeres para superar los roles tradicionales en el campo. Todo esto, evidentemente, no se va a poder hacer unilateralmente por decreto desde un Ministerio de Agricultura, sino a través de un ingente trabajo de concienciación y prácticas interinstitucionales, así como de una inaplazable labor de coherencia y convergencia de políticas.

Uno de los aspectos clave es, sin duda, la mejora de la comida social y colectiva de nuestras comunidades autónomas y de nuestro país, comida caracterizada por la poca calidad, la poca inversión y escasas empresas (oligopolios). Por ejemplo, la compra pública tiene una gran capacidad para orientar los mercados hacia un modelo económico más justo y sostenible, debido al gran poder de compra de las administraciones públicas, aproximadamente un 17 % del PIB en el ámbito europeo, un 13% en el Estado español. Las administraciones y los poderes públicos pueden y deben tener un rol determinante como consumidores o "compradores" de alimentos, para impulsar estos mercados alimentarios locales y no únicamente mediante políticas legislativas y presupuestaria.

La experiencia de otros países europeos, con la puesta en marcha por parte de las administraciones públicas de medidas a diferentes niveles, nos proporciona las pistas de una batalla en la que está en juego, además de la salud pública, la soberanía alimentaria y la salvaguarda de nuestros agricultores y ganaderos. España y Castilla y León están, una vez más, por detrás. En Francia se han puesto en marcha iniciativas de ámbito estatal con un Plan Estratégico que pretende incrementar el porcentaje de comida ecológica en los comedores colectivos, del 20% al 50%. En Alemania, el enfoque es más municipalista y disperso. En Gran Bretaña y Dinamarca se apuesta por dar protagonismo a la sociedad civil apoyada por la financiación pública.

En fin, los comedores colectivos -escolares, universitarios, hospitalarios y de residencias, centros penitenciarios y cuarteles-, son una pieza clave en la construcción de los sistemas alimentarios anclados en el ámbito local y que la FAO, el relator sobre Alimentación de NN.UU., los expertos y el mismo papa Francisco, recomiendan y que pretendemos basar en criterios de sostenibilidad, calidad y salubridad.

Es indispensable defender la Soberanía Alimentaria. Es decir, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones, se apunta en la Declaración de Nyéléni 2007, Selingué- Mali. Frente a un poder de decisión cada vez más concentrado y centralizado, a las transnacionales de la agroquímica y de la distribución,  es necesario relocalizar una parte de la economía y, sin duda, la producción de alimentos. Es uno de los prerrequisitos de la justicia social y de la democracia: implica que son las personas y las comunidades y no las multinacionales a decidir. Por otra parte, debemos relocalizar nuestra propia forma de vida. Es necesario volver a echar raíces en el lugar, volver a conocer el propio entorno, volver a establecer relaciones sociales reales. Producir alimentos es reproducir comunidad tesis del reciente libro de Daniel López García. Un ingrediente indispensable para esa contra tendencia de "ruralización audaz y decidida" que preconiza Fran Llobera en este mismo blog.  Esto es viable sólo con una transición agroecológica, con una producción más limpia, basada en la supervivencia de explotaciones agrarias y ganaderas pequeñas y medianas, en la distribución en circuitos cortos y, más en general,  en la dignificación de la vida en el campo.

La agricultura y la comida NO son unas meras mercancías, y por ello deben estar tendencialmente fuera de los acuerdos internacionales sobre comercio. Las filtraciones hechas públicas por Greenpeace a principios del mes de mayo demuestran de forma definitiva como iniciativas como el TTIP, además de un enésimo ataque a la pequeña y mediana producción agro ganadera y la completa desregulación de la seguridad alimentaria, significan una inaudito ataque a la soberanía nacional y europea y una vuelta de tuerca más en la negación de la democracia sustancial.

Es indispensable crear alianzas sociales. Para un modelo agro-ganadero sostenible, controlado por los propios productores y apegado al territorio, es necesario e indispensable ser todos "co-productores". La crisis nos urge aún más que desde Podemos revitalicemos la olvidada Ley 45/07 de Desarrollo Rural y que hilvanemos dinámicas y alianzas virtuosas en cada territorio entre productores, pequeños empresarios de turismo rural sostenible, restauradores, escuelas y universidades, familias, grupos de consumidores, veterinarios, ingenieros agrícolas, asociaciones de vecinos/as, AMPA y personas e instituciones designadas al desarrollo local. En nuestros pueblos, en nuestros valles y en nuestras costas hace falta cooperación. No se trata sólo de un marketing más inteligente, hablamos de la necesidad de nuevas complicidades, de un nuevo "calor comunitario", de una renovada autoestima compartida, de un sano orgullo de pertenencia.

Reivindicamos el derecho a la  vida buena, a la sabiduría, a la cultura. La comida es cultura, identidad y riqueza. Siendo más explícitos: defender a las ballenas, al oso pardo, al lobo y al lince ibérico está muy bien, pero también y, sobre todo, ¡hay que defender a las abejas, a la gallina castellana, a la vaca de Aliste, a los higos del valle del Tiétar, a las variedades de trigo tradicionales como  barbillas, y candeales, a los garbanzos auténticos de Fuentesauco, al frejón de manteca de La Alberca, a las cabra verata y de Guadarrama, a las cepas de Rufete o de Albillo de Cebreros, a los puerros de Sahagún, al tomate de Peromingo, a la pera Muslo de Dama, a la alubia Palmeña Jaspeada, al potro Hispano-Bretón de Merindades y del Valle de Losa...! Es decir, a los agricultores/as, ganaderos/as y productores/as que los siembran, cuidan, crían y transforman.

¡Sí se puede! En todo el Estado y en Europa cientos de militantes y representantes institucionales de Podemos estamos trabajando de forma coordinada en esta dirección.