Opinion · Mundo Rural s.XXI

Por qué es necesaria la aplicación de la ley 45/07 de desarrollo sostenible del medio rural

Hemos oído muchas veces que el territorio rural abarca  el 80% del territorio del estado en el que tan solo vive el 20% de la población. Es un espacio social, ecológico y económico rico y diverso, portador de inmensos valores culturales que constituyen la esencia de la diversidad de pueblos y nacionalidades que constituyen el estado. Sin embargo, las sucesivas políticas implementadas;  tanto económicas, ambientales, territoriales, como agrarias o pesqueras, lo han ido desvertebrando y relegando a una realidad de segunda. La población que vive en el medio rural tiene un enorme sentimiento de abandono por parte de los poderes públicos. Es una sensación, mezcla de frustración e indignación, que abarca todos los ámbitos en los que debería actuar la política,  y que se hace más profunda cuando más nos adentramos en la realidad rural de zonas de montaña o en las mesetas interiores. Las personas que viven en el medio rural están hartas de que se les ignore por parte de los partidos políticos tradicionales, tienen necesidades y demandas, y lo más importante, tienen claro cuáles son los reclamos fundamentales. Nuestro Medio Rural debe formar parte fundamental del proceso de cambio democrático y construcción de un nuevo modelo productivo que se abre paso en este país.

La Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural vino a cubrir un gran vacío en la política nacional. Es una propuesta legislativa que trata de incorporar a los pactos políticos del estado, la necesidad de una Política Rural Nacional, integral e integradora, respetuosa con la realidad local y con las competencias de cada ámbito de poder, construida sobre una metodología y acción política participativa,  al servicio del desarrollo sostenible rural. Esto es necesario porque desde que España se incorporó a la Unión Europea y comenzamos a recibir fondos estructurales y de la PAC, nuestra política rural, quedó reducida a gestionar y ejecutar lo que recibíamos sin que existiera una visión desde el estado y desde las Comunidades Autónomas de lo que se quería para el medio rural. La Ley tiene ya 10 años de vigencia, se impulsó en el Gobierno de Zapatero y  fue diseñada  por personas ampliamente conocedoras de la realidad rural y de las políticas europeas. Además gozó de un amplísimo respaldo de la mayoría de las organizaciones agrarias y sociales con presencia en el medio rural

La ley parte de un reconocimiento que es fundamental para entenderla, y es el hecho de que existe desequilibrio y desigualdad territorial,  y ello  afecta a todo nuestro proyecto de país, pero afecta sobremanera al futuro del medio rural. Esta desigualdad territorial se manifiesta de tres formas; por una parte y el más evidente, el desequilibrio demográfico existente en muchas comarcas rurales y que se evidencia; con la baja densidad de población, con la alta tasa de envejecimiento, con la baja tasa de población infantil y juvenil, y con el hecho de que incluso a determinados territorios apenas llegue población foránea, evidentemente porque no hay trabajo. Además, la  desigualdad se perpetúa por la debilidad de la estructura económica existente en muchas zonas y que se constata cuando vemos; la escasa diversificación económica,  la baja tasa de actividad, las dificultades para encontrar empleo por cuenta ajena y la elevada cantidad de personas cuya fuente principal de renta es una pensión.  Por último, la desigualdad se hace más aguda cuando además existen dificultades para el acceso a los servicios públicos de calidad y cercanos, y cuando el ejercicio de derechos sociales es más difícil, que en otros entornos; el acceso a un hospital, a estudios de bachillerato o formación profesional, la existencia de escuelas de educación infantil que permitan conciliar la vida laboral, o por ejemplo la altísima tasa de dependencia que existe en el medio rural que está siendo cubierta por una generación de mujeres sostén de toda la cadena del cuidado y sin apenas recursos.

Esta desigualdad se traduce finalmente en vulnerabilidad y riesgo de exclusión.  Por arrojar un dato ejemplificador, la renta media de una familia que reside  en el medio rural en España es uno 400 euros inferior a la de una familia en el medio urbano, la renta agraria, que aunque no es la única, es importante en el medio rural, se ha reducido en los últimos 10 años un 37,2%, y los recientes informes  de EUROSTAT arrojan datos relacionados con el paro, la pobreza y la privación que muestran el deterioro de la calidad de vida en las zonas rurales frente a las urbanas en los últimos 10 años. Estos datos desmontan ciertas ideas que en ocasiones existen respecto a los estándares de calidad de vida en los pueblos. Así por ejemplo, en España la población en riesgo de exclusión en el medio rural es del 33,3%, mientras que en las ciudades es del 25,5%, y la población en riesgo de privación material es del 27,7%, mientras que en el medio urbano es del 17,9%[1].

Sobre la base de esta justificación,  Ley tiene sentido en la medida que se priorizan las actuaciones sobre aquellas comarcas y zonas más desfavorecidas. No estamos hablando de una Ley agrarista, estamos hablando de una ley que tiene un enfoque de desarrollo que integra dimensiones económicas – sociales y ambientales, y aborda la  diversidad de sectores económicos. No podemos olvidar que la ley añade un adjetivo sustancial al desarrollo rural, y es el adjetivo de sostenible, lo que nos obliga a pensar más allá de lo realizado hasta la fecha, y situarnos muy claramente en un contexto en el cual el reto del cambio climático es hoy más evidente para la sociedad y la clase política que hace 10 años.  La actualización en la aplicación de la ley nos obliga a pensar en el modelo de desarrollo y el cambio del modelo productivo que preconizamos como necesario.

Los Planes de Zona, son el instrumento definido en la Ley para desarrollar las estrategias de desarrollo sostenible rural.  Cada plan de zona definirá objetivos y actuaciones concretas enmarcadas en cinco ejes: Primer eje, fomento de la actividad y diversificación económica y empleo. Segundo eje, infraestructuras y equipamientos básicos. Tercer Eje, Servicios y bienestar social. Cuarto eje, Medio Ambiente y Biodiversidad y Quinto eje, formación y dinamización social.

Los debates en torno a la aplicación de la ley se han sucedido a lo largo de todos estos años y no siempre son acertados. Es preciso entender que estamos ante una Ley que promueve una Política de Estado para el Desarrollo Rural y que además, refleja un consenso adecuado y suficiente como pocas leyes tienen del conjunto de la sociedad civil organizada. Es necesario también entender que estamos hablando de una Ley Marco de promoción, fomento y articulación.  Es una Ley que plantea un modelo de coordinación entre las administraciones competentes (Comunidades Autónomas – Estado – Entidades Locales), pero que además se coordinan sobre las prioridades definidas en cada una de las comarcas o zonas rurales que son las que elaboran sus propios Planes de Zona respondiendo a una dinámica participativa amplia.  En este sentido, nadie tiene que entender que la ley invade competencias, sino que trata de mejorar la coordinación de recursos con un fin, que es en todo caso, el desarrollo sostenible del medio rural. Es cierto que es una Ley de Planificación y por lo tanto responde a una determinada concepción de la política económica y que además requiere de un grado de gobernanza exigente, lo que resulta ser una oportunidad desde nuestra visión de país, para una reactivación del municipalismo, para construir un modelo más participado de gestión pública –local y para poder abordar el debate de la comarcalización como respuesta a los retos de la administración territorial.

Mañana en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados,  tenemos la primera oportunidad para abrir el debate sobre esta propuesta que consideramos esencial para abordar la Defensa de un Mundo Rural vivo que planteamos como formación y en confluencia con el resto de organizaciones políticas aliadas.

 

Ariel Jerez. Consejo Ciudadano Estatal de Podemos

Fernando Fernández. Experto en Políticas Agrarias y Rurales.

 

[1] Fuente EU –SILC (EUROSTAT. 2016)